La mañana de hoy, 25 de diciembre de 2020, varias organizaciones sociales denunciaron en redes el presunto intento de desalojo “violento” de una huelga de trabajadores en las instalaciones de la empresa de explosivos Explocen en la ciudad de Latacunga. Videos que circulan en redes sociales muestran el uso de gas lacrimógenos y algunos trabajadores heridos. 

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Según un tuit, alrededor de 150 oficiales de la Policía Nacional llegaron alrededor de las 10 de la mañana de hoy a las instalaciones de Explocen en la provincia de Cotopaxi para desalojar a los trabajadores que se encontraban en huelga desde hace 165 días. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó además sobre un supuesto “uso desproporcionado de la fuerza” contra los trabajadores. Se denunció que para desalojarlos, el personal policial no mostró ninguna orden judicial. Además, el colectivo Acción Jurídica Popular dijo en su cuenta de Twitter, que producto de la intervención de la Policía, Willian Guanoluisa , un dirigente de los trabajadores, fue detenido.

Según un comunicado oficial de la Policía Nacional, “no se ha producido ningún desalojo” en las afueras de Explocen. El comunicado dice que el personal policial solo estaba acompañando a varios trabajadores y autoridades de la empresa para que pudieran ingresar a las instalaciones, pero no detalla el por qué. El mismo comunicado dice también que un grupo de personas “protagonizó incidentes de alteración del orden público” —no se especificó cuáles— y que por eso la Policía tuvo que intervenir. No hay ninguna declaración sobre el presunto dirigente detenido. 

Explocen, es una empresa que fabrica, importa, y comercializa explosivos para las industrias minera y cementera y para la realización de obras civiles y exploración sísmica. Sus dos accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) —que tiene un 60% de las acciones— y AUSTIN POWDER CO. —una empresa estadounidense que tiene el 40% de las acciones.  

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Los trabajadores de Explocen se encuentran en huelga desde el lunes 13 de julio de 2020. Reclaman que alrededor de 50 compañeros fueron despedidos bajo la figura de fuerza mayor del artículo 169, del Código de Trabajo durante la pandemia. Además, a 72 trabajadores se les redujo la jornada laboral y por ende también sus salarios. 

De acuerdo a un boletín del ISSFA del 27 de agosto de 2020, un tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo, resolvió que la declaratoria de huelga quedaba sin efecto. Por lo que obligaba a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo. Sin embargo, la huelga continuó porque, según el Comité de Trabajadores de la Empresa Explocen, dicha información era falsa. 

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De acuerdo a un análisis de Diario La Hora publicado ayer, 24 de diciembre, la empresa enfrenta varios problemas productivos y laborales porque es la única en el país que produce insumos explosivos y la producción está afectada por la huelga. Según la publicación, la huelga ha dificultado la provisión de explosivos para la “creciente industria minera”, en particular en dos megaproyectos: Fruta del Norte y Mirador. El proyecto Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, tiene previsto explotar una zona que, según el gobierno, es uno de los mayores yacimientos de oro en el mundo. Mirador, también en Zamora Chinchipe, es un megaproyecto que, incluso antes de la etapa de explotación, hasta 2017 había deforestado 1.307 hectáreas de bosque de la Amazonía ecuatoriana. 

Esta no es la primera vez que se produce un supuesto intento de desalojo de la huelga de trabajadores en este lugar. Pocos días después de iniciada la huelga, el 18 de julio de 2020, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores alertaron sobre un intento de desalojo. Esta vez, por parte de personal de las Fuerzas Armadas. 

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A pesar de los incidentes en las afueras de EXPLOCEN hoy, nadie fue desalojado y los trabajadores continuarán con la paralización de sus actividades hasta que “se hagan cumplir sus derechos”. Según dijo la Policía Nacional, todavía hay algunos oficiales en el lugar, guardando el orden público.