El 19 de junio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. La nueva norma legal regresó del Ejecutivo con una serie de objeciones. En una sesión sesión virtual, los asambleístas debatieron las 32 modificaciones realizadas por el presidente Lenin Moreno en su veto parcial a la ley que pretende resolver los problemas económicos derivados de la crisis sanitaria por el covid-19. 

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Los asambleístas se allanaron —es decir, aceptaron— 22 de estas objeciones, y se ratificaron en 10 —o sea, rechazaron los cambios propuestos por Moreno. El Legislativo podía allanarse, aceptar las objeciones del Presidente o ratificarse, reafirmando el texto original que se aprobó el pasado 15 de mayo de 2020. Estaban presentes 133 de los 137 asambleístas electos. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que “hubo un debate con seriedad, responsabilidad y sin cálculos políticos”, en un comunicado emitido por la Asamblea.

Entre los artículos ratificados, está la Disposición Única Interpretativa sobre los despidos por fuerza mayor. La Asamblea decidió que los despidos por fuerza mayor sólo sean posibles si es que el empleador suspende toda su actividad económica. El veto presidencial proponía que el despido por fuerza mayor no implicase el cese total de actividades económicas, sino que se podía realizar si el empleador consideraba que el contrato con el trabajador era “imposible de mantener”. Entre las formas de terminar un contrato de trabajo en el Ecuador, se encuentra la causa de fuerza mayor, que permite que el patrono lo finalice sin que el trabajador reciba las indemnizaciones por despido intempestivo que contempla la legislación ecuatoriana. 

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La Asamblea aprobó el artículo 5 que prohíbe el incremento de precios de servicios básicos como agua, luz e internet hasta marzo del 2021. Los servicios no se podrán suspender por falta de pago hasta dos meses después de que termine el estado de excepción, vigente a nivel nacional hasta al menos el 15 de agosto de 2020. Se incluyó, también, la fijación de precios de bebidas y alimentos de la canasta familiar. Los precios se fijarán en un Decreto Ejecutivo y serán válidos hasta finales del 2020.

La Asamblea aprobó rebajas “hasta del 25%” del Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior para  los alumnos cuyos representantes legales perdieron el trabajo o ingresos durante la pandemia. Las aseguradoras no podrán terminar las pólizas de seguros de salud aunque haya retrasos en los pagos. Los asegurados tendrán hasta 60 días más desde el límite establecido en el contrato con la aseguradora para ponerse al día con sus obligaciones contractuales. 

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La primera versión de la ley fue aprobada con 74 votos a favor el 15 de mayo de 2020. Moreno presentó el veto parcial el 9 de junio. La Asamblea tenía 30 días para responder a las observaciones presidenciales. Con lo aprobado en la Asamblea, el texto final será enviado al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.