Siete minutos después de que la Secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, empezara su intervención diaria para dar el número de personas contagiadas, fallecidas o sospechosas de tener covid-19, el periodista de los medios públicos le leyó la primera pregunta de los reporteros que siguen remotamente las intervenciones digitales de los funcionarios. 

— ¿Cuántas camas o cuántos respiradores tienen las unidades de cuidados intensivos?, preguntó.

 — 9805 camas a nivel nacional y 259 unidades cuidados intensivos, dijo Ocles. 

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Ni una palabra sobre los respiradores. Como esa, en al menos 3o otras veces los funcionarios del gobierno —o sus adláteres de comunicación— han obviado los cuestionamientos incómodos o dado respuestas a medias.

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Es un juego de teléfono roto. En estas ruedas de prensa virtuales (instauradas el 16 de marzo de 2020) en las que, por la fuerza de las circunstancias, no se puede estar presencialmente, las preguntas pasan de mano en mano: reporteros y editores las envían a través de un grupo de Whatsapp de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), luego son enviadas a un periodista de los medios públicos —un adjetivo que desde su nacimiento, hace más de una década, debió cambiar por gobiernistas—, quien es el que termina haciéndoselas a la autoridad de turno. 

No está claro quién las elige  entre tantas enviadas por los periodistas, cuál es el orden en que se hacen, cuáles se permiten y cuáles se desechan. Las pocas pautas que se han marcado para quienes quieren preguntar se han irrespetado constantemente. Una de ellas era que se recibía una por medio pero ha habido ocasiones en que se leen hasta tres de distintos periodistas del mismo medio.

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Ese ha sido el común denominador en las ruedas de prensa virtuales. Por supuesto, tienen un fin loable: disminuir el riesgo de contagio al evitar acumular en espacios estrechos a reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Pero ese fin benigno podría estar diluyendo y metamorfoseando en una selectividad ventajista que evita que los funcionarios públicos sean sometidos al democrático escrutinio de la prensa.

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Un día antes de su renuncia, la aún Ministra de Salud Catalina Andramuño evitó responder por lo menos tres preguntas: una de Ecuavisa, otra de GK y otra de Primicias. Se fue por las ramas. 

La que yo le hice era sobre la posibilidad de realizar pruebas masivas y si es que había presupuesto para hacerlas. Su respuesta fue que se están acreditando los laboratorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros y que esa es la “manera de garantizar a que lleguemos a la ciudadanía”. La de Ecuavisa fue sobre la posible saturación de la línea 171, habilitada para atender posibles casos de contagio de coronavirus, pues había reportes ciudadanos de que les daban citas para un mes después. La respuesta de Andramuño fue que se capacitarían a 60 profesionales más para que atiendan las llamadas. La de Primicias fue sobre los criterios para llevar a estudiantes de medicina a los hospitales para que atiendan casos de covid-19. La respuesta de la ahora exministra fue que la decisión la tomó el Comité de Operaciones y Emergencias (COE) y que se estaban garantizando las medidas de protección al personal. 

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Nada claro, nada concreto, nada específico. Eso fue apenas una rueda de prensa con una autoridad. Las preguntas sin respuestas o con respuestas al apuro, imprecisas o inconexas continúan. 

Las autoridades las siguen ignorando o esquivándolas con vacíos retóricos. Hasta ahora no está claro, por ejemplo, si el sistema de salud cuenta con el presupuesto necesario para operar adecuadamente en el contexto de una crisis sanitaria. 

La exministra Andramuño dijo en su carta de renuncia que le habían impuesto funcionarios ignorantes en salud pública y que no había recibido fondos para manejar la emergencia. 

Sobre esos dos últimos temas fue consultada la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, el 25 de marzo, por el periodista Fernando del Rincón de CNN. “La situación compleja que atraviesa el Ecuador no tiene que ver con las declaraciones de los ministros o exministros”, dijo. “La salida de la exministra se produce por las dificultades que tuvo por el manejo de esta situación”, dijo Romo. El momento de ser evaluados como ministros o exministros —sostuvo— vendrá pero  “hay que estar unidos para enfrentar la pandemia.” Aunque del Rincón le insistió con vehemencia, Romo no pudo responder con precisión sobre las acusaciones de Andramuño.

Tampoco lo ha hecho autoridad alguna a pesar de que la duda fue planteada en el grupo de Whatsapp de la Secom —para hacérsela a Andramuño— la misma tarde en que se supo que la Ministra había renunciado. 

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El mismo día que Andramuño no respondió, se difundió la noticia de que Andrés Madero, Ministro de Trabajo —que había anunciado su renuncia eso mismo día— tenía covid-19. 

Varios periodistas de Quito y Guayaquil lo preguntaron en el chat de la Secom, pues estaban preocupados porque muchos habían tenido contacto con él el 12 de marzo de 2020 en el Palacio de Carondelet y otros, en una rueda de prensa en Guayaquil, el 17 de marzo. 

El último mensaje de esa noche enviado por un funcionario de la Secom fue a las once de la noche, casi dos horas después de la primera consulta sobre el posible contagio de Madero. El mensaje era sobre las noticias falsas y la importancia de informarse por medios oficiales. Ningún funcionario jamás respondió a las dudas de los periodistas, a pesar de su insistencia. 

Un día después, lo que se anunciaba como rueda de prensa virtual pasó a ser una declaración. Y lo mismo ocurrió al día siguiente. Un periodista preguntó en el grupo de Whatsapp por qué. La respuesta fue el silencio. Lo más confuso es que, posteriormente, en algunas intervenciones sí se permitieron, a pesar de estar anunciadas únicamente como declaraciones. 

Pedí en el chat de la Secom que nos explicaran con claridad cuál era el procedimiento para preguntar. Su respuesta fue el silencio. Esa misma tarde —el 23 de marzo— un mensaje en el chat decía: 

“Estimados colegas, les solicitamos estar pendientes el día de mañana, martes 24 de marzo a las 10h00 se realizará la actualización de cifras del COVID-19 por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias”.

Varios periodistas pidieron con insistencia saber cuál era la razón para cancelar la rueda de prensa de la  Secretaria Alexandra Ocles, apenas veinte minutos antes de la intervención prevista. La respuesta fue, nuevamente, el silencio. 

Algunos periodistas se quejaron abiertamente de la situación: “Sería bueno que den respuesta y se sirvan a contestar nuestros mensajes. Gracias”, dijo alguien. Durante una hora y media nadie dijo nada. La siguiente intervención de un funcionario de la Secom fue, no para dar respuestas sino para anunciar la intervención del Ministro de Economía. 

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En medio de una pandemia que provoca una crisis sanitaria, las preguntas importan porque de ellas se desprende la información necesaria para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, prevenir y cuidarse. 

Saber si tendremos acceso a pruebas masivas o si la línea 171 está saturada es fundamental. Es necesario también saber cuál es el presupuesto para enfrentar la crisis o qué funcionarios son los que desconocen la gestión de salud pública. 

Todas aquellas que no han tenido respuestas son la base de la información que merecen tener todos los ciudadanos. Insistir, repreguntar a una autoridad, pedir respuestas al gobierno, no es un derecho, es una obligación periodística. 

Si, en medio de la crisis, esa tarea se ve limitada por una política de comunicación poco clara, el trabajo de la prensa se entorpece, y con él, se dificulta el derecho que tienen todos los ciudadanos a estar informados. 

El trabajo de los periodistas es seguir preguntando. El de las autoridades, es responder. De eso depende que la información llegue a quienes las autoridades les deben esas respuestas: los ciudadanos.

*Melissa Carranza colaboró para la realización de este texto.