Fue sentenciado el exdirector de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Reyna. El exdirector es procesado como autor del delito de concusión. Reyna deberá cumplir con 20 meses de prisión.
El exdirector de la Penitenciaría es acusado de haber recibido 5 mil dólares de los israelitas Oren Shaima y Shy Dahan —asesinado el pasado 8 de agosto de 2020— a cambio de permitirles acceder a servicios como teléfonos celulares, colchones y seguridad. Ambos ciudadanos fueron acusados de falsificación de documentos por hacerse pasar como agentes de la DEA y por el delito de enriquecimiento privado no justificado, relacionado con la venta de insumos médicos en la emergencia sanitaria causada por el covid-19.
Hector Reyna decidió acogerse al procedimiento abreviado — un mecanismo a través del cual se pueden beneficiar personas procesadas para reducir la pena privativa de libertad a cambio de aceptar su responsabilidad en el delito cometido—. El exdirector de la Penitenciaría también deberá pagar una multa de cinco salarios básicos unificados — 2.000 dólares—. Además, la jueza de jueza de Garantías Penales Ángela Bustillos ordenó a Reyna ofrecer disculpas públicas en uno de los diarios de mayor circulación. También dispuso que se coloque una placa en la Penitenciaría del Litoral, en la que se escriba la definición de la ética en el servicio público.
DEBES SABER:
El exdirector de la Penitenciaría del Litoral fue detenido el pasado 1 de octubre de 2020, luego de dar su versión en la Fiscalía dentro de una investigación. Ese mismo día, se hizo viral un video donde se veía a Reyna hablando con Shy Dahan. En video Reyna y Dahan hablan de cantidades de dinero recibidas por personal de la Penitenciaría del Litoral solicitadas por el entonces funcionario.
Este no es el único proceso en el que ha sido involucrado Reyna. La Fiscalía pidió vincularlo también a la investigación por delincuencia organizada, por otorgarle la prelibertad a Jorge Luis Zambrano, Alias Rasquiña, líder de la banda delictiva Los Choneros, asesinado el pasado 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de la ciudad portuaria de Manta.
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Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de concusión es cuando los servidores públicos y las personas actuan en virtud de una potestad estal en alguna de las institucuones del Estado para ordenar o exigir “la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. La sanción para las personas que cometan este delito es de tres a cinco años.
