El alcalde de Quito es investigado por el presunto delito de peculado en la compra de de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. Ese mismo día, el juez Vladimir Jhayya Flor dictó medidas cautelares contra Jorge Yunda. Entre las medidas dictadas, el alcalde tiene prohibición de salida del país, deberá presentarse periódicamente ante el juez y tendrá que usar un grillete electrónico.
En su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito publicó un video donde se observa cómo le colocan el grillete. En el video se escucha la voz de Yunda diciendo «En mi vida he recibido muchos galardones, premios, medallas, preseas. Pero esta es especial”. Además dijo que el grillete era la mejor presea por salvar más de 50.000 vidas. Yunda también, agradeció a Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, y Ximena Abarca, Secretaria de Salud del Municipio, – ambas investigadas por peculado. “Saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto”, dijo Yunda.
Un día después de que se dictaran medidas cautelares contra Yunda, el concejal Bernardo Abad pidió al alcalde de Quito sacar una licencia sin sueldo mientras es investigado. Frente al pedido del concejal, Yunda lo acusó de no tener moral. “Un tipo que le tuvieron que meter preso para que pague las pensiones de sus hijos no tiene moral para recomendar nada, si quieres ser alcalde gana las elecciones!!”, dijo Yunda.
Además de Jorge Yunda, otras seis personas son investigadas por el mismo delito. Entre ellas está las científicas Ximena Abarca y Linda Guamán; Daisy Hidalgo, administradora del contrato, Erik Andrade, excoordinador jurídico, Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico. Según la Fiscalía, la compra de las pruebas representa un perjuicio de 4, 2 millones de dólares.
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El artículo 278 Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de peculado es cuando servidores públicos y otras personas, en virtud de una potestad estatal, actúan en beneficio propio o de terceros y se apropian o dispongan “arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados”. La sanción para el delito es prisión de entre diez a trece años.
