La mañana de hoy, 6 de enero de 2021, se reinstaló la audiencia de acción de protección contra el Estado ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador. 

La audiencia sobre este caso comenzó el 29 de diciembre de 2020. Se trata sobre “servidumbre de la gleba que han sido sometidas varias familias por dicha empresa”, dice un comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. De acuerdo a una definición de la ONU, la servidumbre de la gleba es la condición de una persona que está obligada por ley o por costumbre a vivir y trabajar en una tierra (gleba) que le pertenece a otra persona. En algunos de los casos el trabajo lo hacen de forma gratuita. 

Las 123 personas accionantes trabajaban en la empresa Furukawa, productora de abacá —una fibra muy resistente que se usa para hacer papel o reemplazar la fibra vidrio, principalmente en la industria automotriz. Al ser como una fibra de vidrio, existe un riesgo al trabajar con esa planta. Muchos trabajadores sufrieron accidentes como pérdida de extremidades y dedos. 

En la parte de la audiencia que se hizo el 29 de diciembre pasado, se presentaron ante un juez de la Unidad Judicial de Santo Domingo, varios testigos, peritos y amicus curiae, un documento en el que cualquier persona que tenga interés en la causa puede exponer por escrito u oralmente argumento para ser considerados por el juez de la causa. La traducción de la frase latina es “amigo de la corte”. Entre quienes intervinieron en la audiencia estaban  en la que rindieron su testimonio los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y José Chalá, miembros de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea.

Sin embargo, muchos de quienes debían participar en la audiencia no pudieron llegar a Santo Domingo porque en ese momento regía un nuevo estado de excepción con toque de queda por la pandemia del  covid-19, que restringía la libre movilidad en vehículos particulares.  Los que sí llegaron, algunos trabajadores, sus abogados y otros acompañantes no pudieron ingresar con facilidad porque la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y guardias de la empresa privada de la compañía lo impedían. 

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Según el comunicado de la Alianza, la audiencia duró casi ocho horas pero en la Unidad Judicial no se cumplieron las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de covid-19. Las personas que asistieron “tuvieron que permanecer hacinadas durante el proceso en varias salas habilitadas para el efecto”.  La audiencia se suspendió a las 4 de la tarde del 29 de diciembre.

En la continuación de la audiencia, hoy 6 de enero, intervino Catalina Campo, antropóloga, etnobiologa e investigadora, quien ha sido designada perito judicial para este proceso. Campo dijo que los sistemas de opresión en los que están los trabajadores no les permite cambiar de actividad. La experta argumentó que hombres, mujeres y niños nacieron y crecieron en las plantaciones de abacá, sin agua ni luz. Dijo que hay una letrina por cada campamento. Además, dijo que los trabajadores debían pagar 40 dólares por el uso de una cama que no tiene tablas ni colchón. 

Alejandra Zambrano, abogada de los extrabajadores, dijo que una de las reparaciones que deben recibir sus representados es económica. Dijo que se podría incluir a estas personas en los planes de entrega de viviendas que tiene el gobierno nacional. También habló sobre la reparación del derecho a la educación “ellos quieren estudiar, que concluyan con su educación, para que salgan de su situación de pobreza”. 

En la tarde, la empresa pidió que se declare la nulidad del proceso porque no habían asistido a la audiencia todos los trabajadores accionantes. El argumento de la empresa es porque “no ha sido declarada ninguna relación laboral con los accionantes”. Sin embargo la audiencia continuó con la intervención de María Alejandra Aguirre, jefa de recursos humanos de la empresa, quien dijo que la empresa no se encarga de la educación de los niños. 

A las tres y media de la tarde, la audiencia continuaba.