Aparte de los nombres, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sentenció este caso dispuso la colocación del texto: “Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector”, en español y quichua.
Además, de la placa, el tribunal ordenó que los procesados paguen más de 14 millones de dólares como reparación integral. Según un comunicado de la Procuraduría, con parte del dinero pagado por los sentenciados, se elaboró la placa. El caso Sobornos 2012-2016 comenzó como el caso “Receta de Arroz Verde 502”, una investigación publicada el 30 de abril de 2019 por el portal Mil Hojas. Según la investigación, el portal reveló un correo electrónico recibido por Pamela Martínez, supuesta asesora del expresidente Rafael Correa.
El correo mostraba presuntos aportes entregados por empresas multinacionales como Odebrecht, al movimiento Alianza País desde noviembre de 2013 a febrero de 2014. Enseguida, Pamela Martínez y Laura Terán fueron detenidas por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. En agosto de 2019, la Fiscalía vinculó a 22 personas en este caso.
En abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia sentenció a ocho años de prisión para los procesados entre ellos: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia, los exministros de Estado María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, y a Viviana Bonilla, y el exasambleísta Christian Viteri, además, de algunos empresarios. En septiembre pasado, el tribunal de la Corte ratificó la sentencia al negar el recurso de casación en el caso Sobornos 2012-2016.
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Parte de la reparación integral al Estado es que los condenados publiquen la sentencia en tres diarios de circulación nacional por 3 días consecutivos, también en las páginas web de todas las instituciones públicas de la función Ejecutiva. El fallo ordena, además, que pidan disculpas públicas en la Plaza Independencia en Quito. La Corte Nacional de Justicia también ordenó el embargo de los bienes inmuebles. El Procurador General del Estado, Iñigo Salvador dijo que en las próximas semanas se realizará el embargo de los bienes.
