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Muy temprano el domingo 19 de febrero de 2017 Juana* fue a votar en las elecciones presidenciales del Ecuador. Al regresar a su casa, que queda en una ladera de uno de los cerros frente al mar en el pequeño pueblo pesquero de San Mateo, en las afueras de Manta, principal puerto del Ecuador, encontró a su mamá, su hermana y sus sobrinos llorando. “Los muchachos cayeron”, repetían. Mientras Juana votaba, su hermano Javier había llamado por teléfono: alcanzó a decir que no  había logrado completar La vuelta y estaba recluido en una cárcel de Estados Unidos.

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La vuelta es una de las maneras de transportar clorhidrato de cocaína desde Ecuador. Se ha popularizado en los últimos años entre los pescadores de las provincias costeras del norte del país, agobiadas por la pobreza, especialmente desde el terremoto que en 2016 devastó pueblos enteros. La vuelta consiste en salir al mar en una lancha de menos de 10 metros de largo y 2 metros de ancho —en los mejores casos, una lancha rápida de 3 motores llamada Go-Fast, que lleva varios kilos (llamados “ladrillos” en el argot del oficio) de cocaína pura. El destino de la embarcación es algún punto del océano que, muchas veces, el pescador desconoce y al que llega utilizando un posicionador geosatelital (GPS). La vuelta paga más que cualquier pesca artesanal, susurran los pescadores: empieza en 25.000 dólares, si se cumple con la entrega en altamar.

En los últimos 5 años, al igual que Javier, 900 ecuatorianos han sido recluidos en cárceles de Estados Unidos, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Al menos 500 son pescadores de las provincias de Manabí y Santa Elena detenidos en altamar cuando hacían La vuelta, según bases de datos recopiladas para este reportaje. Más de otros 100 están privados de libertad en Centroamérica. Lideresas de las comunidades de donde son los detenidos, estiman que el número es mayor, pero sus familias tienen miedo a reportar que no volvieron o, simplemente, desconocen su paradero durante meses, antes de que los pescadores presos logran contactarse con ellas.

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Como muchas de las esposas, madres y hermanas de quienes hacen este viaje, ni Juana ni su madre sabían que Javier pensaba hacer La vuelta. Por los riesgos que implica, no suelen comentar su decisión con su familia.

pescadores desaparecidos

Javier es uno de los pescadores detenidos en Estados Unidos. Fotografía de Carolina Loza para GK.

Se contactan en secreto con un enganchador, que no es otra cosa que un reclutador de pescadores dispuestos a hacer el peligroso viaje. En las comunidades como San Mateo, de donde zarpó Javier, todos saben quiénes son los enganchadores —están en Jaramijó, Manta, Esmeraldas, Santa Elena. Nadie se atreve a señalarlos ni a impedir que sigan reclutando pescadores porque saben que, en ciertas cosas y con cierta gente, es mejor no meterse. Aunque se dice que en muchos casos se ofrece un adelanto, algunos de los familiares de los pescadores que hablaron para esta investigación sostienen que no han recibido un centavo del enganchador.

El enganchador facilita los viajes. Por lo general, la ruta tiene un destino con coordenadas dictadas en el GPS. Ahí debe el pescador “plantar” la droga —esto es, arrojarla atada a una especie de boya o entregarla a otra embarcación, que hace el relevo de la carga que va a Centroamérica. El pescador suele desconocer la cantidad de droga que va a transportar, el tipo de embarcación en que lo hará o el cártel que financia La vuelta. El enganchador le da poca información, pero se asegura de saber dónde viven sus familiares.

Pocos pescadores obvian los riesgos que implica La vuelta. El primero es que sean detenidos por las autoridades marítimas ecuatorianas en su zarpe. Si no los alcanza una patrulla local, pueden ser emboscados por algún cartel rival del que ordenó el viaje. Muchas veces, las lanchas que usan los pescadores no son las adecuadas para hacer una travesía que los lleva a una zona del océano en la que nunca antes estuvieron. Por último, se arriesgan a ser atrapados por la Guardia Costera de los Estados Unidos, policía de facto en el Pacífico. Cuando eso sucede, son llevados a prisiones estadounidenses y centroamericanas donde suelen perder todo contacto con sus familias. Si logran tener alguno, es mínimo, como esa llamada de Javier a su familia, aquel domingo de febrero de 2017.

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Pese a que existe un incremento de ecuatorianos detenidos y las requisas de droga son noticia común en puertos pesqueros como Manta, una vez que son detenidos por la Guardia Costera estadounidense, los pescadores y sus familias se enfrentan solos a un complejo proceso legal. El estigma y el miedo a los carteles contribuye a su silencio. “Quien hable, sale amenazado aquí”, dice Mateo*, otro pescador. A él no le parece coincidencia el monto que ofrecen por una vuelta.  “Una fibra  está en 8.000 dólares y el motor fuera de borda que le permite a uno ir más lejos y pescar, en 12.000. Saque números. Para muchos, la vuelta es menos riesgosa que sacar un préstamo y que le roben el motor en altamar”, dice José*, otro pescador de San Mateo. “La pesca está complicada: no nos pagan lo que vale. Si uno tiene embarcación fuera de borda, es una inversión y una deuda con el banco” dice, señalando al motor fuera de borda guardado en su casa.José* paga 400 dólares mensuales al banco por la deuda que adquirió al invertir en su embarcación, pero la pesca no le da lo suficiente para cubrir puntualmente las cuotas. Entre la lancha de fibra que compró y el motor fuera de borda, debe 26.000 dólares.

José repite constantemente sus dos temores: ser asaltado en altamar y la deuda con el banco si llega a perder sus equipos. Pese a este temor, los pescadores no han encontrado una manera de hacer frente a los robos en altamar. Las diferentes ramas de pesca dentro de la pesca artesanal han dificultado que logren organizarse como un sindicato o asociación central.  Los pescadores sostienen, además, que las autoridades marítimas del Ecuador no los protegen. Dicen que no tienen respuestas de la Capitanía de Manta, que es la entidad naval encargada de, según el Código de Policía Marítima,“vigilar la correcta y segura navegación de todas las embarcaciones”. Cuatro veces pedí una entrevista a la Capitanía, nunca contestaron.

Cuando las familias van a pedir ayuda al Estado ecuatoriano, reciben muy poca información. En muchos casos, la conversación se enfoca en culpabilizar a los pescadores. Cuando le pregunté a un ex funcionario del Ministerio de Justicia (hoy fusionado con el de Gobierno) que estuvo a cargo de repatriar a los detenidos por qué no se investigó el trato que los pecadores recibieron en altamar, simplemente respondió que no se podía hacer nada:  “Para qué se meten en esas cosas”, dice.

Para esta investigación hablé con miembros de veinte familias y más de media docena de pescadores detenidos. Ninguno conoce el proceso legal al que sus parientes fueron sometidos. El Ecuador, además, ha relegado el patrullaje del mar a los Estados Unidos a través de varios acuerdos con la Guardia Costera.

Esto ha causado que muchos pescadores pobres, empujados a la delincuencia organizada por la falta de trabajo en sus comunidades, no solo terminen en cárceles estadounidenses sino a que sean sometidos a tratos degradantes como ser amarrados durante semanas a la cubierta  de los barcos de la Guardia Costera estadounidense.

Sus familiares no recibieron llamadas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador para informarles de su detención, como manda la legislación ecuatoriana. Pese a ciertas visitas del extinto Ministerio de Justicia y campañas de comunicación, cinco años después, los familiares de pescadores en Jaramijó, San Mateo y otros puertos dicen que no saben nada de los procesos legales de sus familiares. Tampoco saben qué pasos seguir.

Sus comunidades continúan sumidas en la pobreza y el abandono, y la pesca —sea legal o ilegal— es su única forma de subsistir. Revisé bases de datos levantadas por miembros de las comunidades de Manabí y Santa Elena. También revisé los récords legales de los ecuatorianos detenidos en las cárceles de Estados Unidos.  En ninguna había evidencia de la intervención de las autoridades ecuatorianas en el proceso penal de los detenidos. Tampoco ha dicho nada el Estado ecuatoriano sobre el trato de sus ciudadanos privados de libertad en Estados Unidos, ni sobre por qué más de 900 ciudadanos acabaron sentenciados en cárceles de Oklahoma, Florida y Minnesota. Nadie sabe si estas personas recibieron un trato justo, o si podían leer, escribir y defenderse de las acusaciones en su contra.

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Algunos de los pocos pescadores que completan una vuelta, se enfrentan a su retorno a un enganchador que no les paga la tarifa acordada. A veces, es un tercio de lo acordado; otras, nada. Entre los que logran cobrar, algunos son extorsionados. Ha sucedido que algún familiar suyo es secuestrado: los miles de dólares que el pescador esconde en su casa —pues no tiene cómo depositarlos en un banco, pues no podría justificar su procedencia— tientan a los enganchadores, quienes ya han recibido una comisión por cada reclutado. En Jaramijó y en San Mateo es común escuchar a personas comentando que el nuevo carro o fibra es “de vueltita”: pagada con el dinero ilícito de los pocos que pudieron cobrarlo. Pocas veces un pescador conoce los detalles de la operación y los involucrados que hacen las vueltas posibles.

Como el número de detenidos crecía, algunas mujeres empezaron a reunirse para hacer pedidos a las autoridades  y tener noticias de sus familiares. Entre el 2015 y 2017 se estableció una asociación en Jaramijó y una organización en Manta. Ambas tienen como objetivo que sus hermanos, esposos e hijos detenidos sean repatriados para terminar su sentencia en Ecuador. Sus lideresas brindan asistencia, guían a las personas en sus pedidos de repatriación y son un enlace entre las autoridades y sus comunidades. A estas asociaciones llegan mujeres como Juana para pedir una guía para navegar ese otro océano, burocrático y legal, que significa tener un familiar detenido en una cárcel del extranjero.

El 6 de agosto de 2020, al menos ocho de las lideresas de las asociaciones fueron a la rendición de cuentas de la Zonal 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de sus funcionarios les preguntó por qué las comunidades no hacían algo para que los pescadores dejaran de hacer La vuelta. “Son mulas y no hay solución”, le respondió Solanda Bermello, de la Asociación de Esposas de Pescadores Detenidos en el Extranjero de Jaramijó,  mientras su voz se quebraba y su tono subía. “Si no hablan es porque tienen miedo”, dice Solanda Bermello, quien inició la primera asociación en 2016.

pescadores ecuatorianos

Solanda Bermello, de la Asociación de Esposas de Pescadores Detenidos en el Extranjero de Jaramijó. Fotografía de Carolina Loza para GK.

A Juana,  la hermana de Javier, el terror la paralizó. “No me gustaba mencionar el tema, peor hablar de eso”, dice bajando la voz en la sala de la casa de uno de sus tíos, también pescador. “Me tomó un año. Fue por una amiga con un caso similar que fui a uno de los grupos, para ver qué hacer”, reconoce. La mayoría de personas que habló para este reportaje pide que no se les tomen fotos, ni que se utilice su nombre; otras simplemente dejan de contestar el teléfono. Si alguien dice que conoce algún pescador que regresó tras cumplir su condena, se abstiene de dar el nombre o dice que está pescando y no puede hay cómo contactarlo.

La pobreza influye directamente en el florecimiento de La vuelta. La pesca es un oficio duro, con condiciones laborales precarias: no sólo está el peligro de que piratas y narcotraficantes los asalten en altamar, tampoco están afiliados a ninguna forma de seguridad social. Las condiciones de la pesca artesanal no permiten predecir el precio del pescado. Una jornada de pesca puede durar entre 3 y 4 días. Si es buena, los pescadores pueden ganarse, cada uno, por sobre los 100 dólares. Si es mala, pueden no hacer ni un centavo. Un pescador artesanal considera en un mes muy bueno, gana unos 600 dólares. A esto hay que sumarle que los precios del pescado están, hace mucho, muy bajos.“Siempre que hay un shock económico, las vueltas aumentan”, me dijo Elena Véliz,  lideresa que formó la Organización de mujeres de pescadores en el Extranjero (OMPE) de Manta.

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En 2016, un potente terremoto dejó a miles de personas con deudas repentinas, sin lugar dónde vivir y con abultadas cuentas hospitalarias. La desesperación creada por las consecuencias económicas de la catástrofe disparó el reclutamiento de pescadores artesanales. El narcotráfico llenó el vacío de la falta de oportunidades. Una vez que el narcotráfico llega a una zona así, volver a la normalidad después es muy difícil”, dice James Bargent, investigador de InSight Crime, una organización que investiga y estudia la seguridad en América Latina y el Caribe. Según Bargent, a la oferta nacida de la necesidad se le suma la demanda ilícita: las redes del narcotráfico y la tercerización desde Ecuador para los carteles mexicanos ha creado una mayor demanda en rutas marítimas.

En tiempos de covid-19, la precariedad se ha profundizado. “Cuando los pescadores salen a pescar, lo que cogen en este momento, por la pandemia, son 80, 120 dólares, por salir a pescar arriesgándose a que regresen sin un centavo”, dice Véliz. Su nieto, por ejemplo, se fue un mes a altamar y por ese tiempo recibirá 120 dólares. “La necesidad obliga”, lamenta Elena Véliz. En esas condiciones, los pescadores se entregan al desesperado recurso de hacer una vuelta. En esos intentos, caen en redadas de la Guardia Costera.

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Para Leonardo A. el hacinamiento y la incapacidad de cubrir gastos básicos de su familia, fueron  los detonantes para arriesgarse a una vuelta. Salió de la playa manabita de Jaramijó el 14 de agosto de 2016. En ese entonces, vivía en una casa de caña con su esposa Alexandra y sus tres niños. “Mire, esta es la casita que teníamos, pero se nos cayó”, dice Alexandra estirando una hoja A4 en la que está impresa la foto de la casa sencilla, erigida directamente sobre la tierra, que sucumbió al terremoto de abril de 2016.

Después del desastre, Alexandra, Leonardo y sus hijos se instalaron en una de las carpas donadas por el gobierno de China en una de las colinas de Jaramijó, donde cientos de personas damnificadas se refugiaron. “Se enfermó el niño más grande. Era gripe. Había mosquitos y hartos grillos. No le bajaba la fiebre”, dice. Su madre les ofreció posada. “Mis familiares me decían que así sea estrechito, igual en algo nos refundíamos”, recuerda Alexandra sentada en una silla de plástico, buscando en una carpeta fotos, cartas y papeles.

Leonardo y Alexandra aceptaron la oferta y se mudaron hasta ver qué hacer. Ya en casa de su suegra, Leonardo empezó a desesperarse por el hacinamiento: ahí vivían también su cuñada con su familia en una cabaña sin divisiones de apenas unos 30 metros cuadrados.“Fue la desesperación que lo hizo tomar esa decisión. Él me decía ‘necesito trabajo, quiero dinero, como hacemos para comida con los niños’”, dice Alexandra, recordando que muy pocas veces Leonardo ganaba lo suficiente. “Yo le decía no sé, no sé, y él no más se quedaba pensando, pensando, pero nunca me dijo que estaba decidido a irse”, dice Alexandra.

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Cuando un bote es detenido en aguas internacionales bajo sospecha de tráfico de ilícitos, la entidad que hace la detención debe contactar a la marina del país de la bandera y registro de la embarcación, según normas de Derecho Internacional Público en particular, las de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).  Si no tiene bandera, como altamar es un espacio internacional, debe comunicarse con el país de donde provienen los tripulantes.

Pero en el mar, la ley vigente suele ser la del más fuerte. Desde 2006, la Ley para el Combate al Narcotráfico Marino (Maritime Drug Law Enforcement Act) de Estados Unidos dice que un crimen cometido en aguas internacionales puede ser tratado como un crimen contra ese país. Esta parece ser la pieza de legislación en la cual se basa la Guardia Costera estadounidense cuando patrulla el mar. A través de memorándums de cooperación y entendimiento con entidades como el Ministerio de Defensa del Ecuador, Estados Unidos puede requisar barcos sospechosos sin objeción del Ecuador.  Es decir que, aunque tenga bandera, registro y tripulantes del Ecuador, un barco en altamar está sujeto a la ley estadounidense.

Uno de los ejemplos de trabajo conjunto para patrullaje del mar que permite estas dinámicas es la Operación Martillo, liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Está enfocada en detener el tráfico ilícito en aguas centroamericanas. La operación —que arrancó en enero de 2012 y se mantiene en la actualidad— está dedicada a intercepciones en altamar. Es ejecutada por la Fuerza de Tarea interagencial del Comando Sur, parte del Departamento de Defensa (JIAFT-S por sus siglas en inglés). Tiene cooperación logística con el Ecuador, pero el acto físico de abordar, requisar y arrestar es liderado por la Guardia Costera.

El capitán Blake Novak, quien comanda uno de los buques de la Guardia Costera estadounidense en el Pacífico, dice que los patrullajes que realizan siempre tienen en cuenta la nacionalidad de la embarcación. Solo la abordan si el país de registro de la embarcación lo permite. Si los ocupantes dicen que su nacionalidad es Ecuador, “y Ecuador valida ese reclamo y permite subirnos, lo hacemos y en ese caso regresan a su país”, afirma Novak. Solo si el barco no tiene registro de nacionalidad, “los tratamos bajo la ley de los Estados Unidos y los llevamos para ser procesados bajo esa legislación”, dice Novak. Las lanchas Go Fast en la que la mayoría de los pescadores hacen la vuelta no están registradas en ningún país pues han sido adquiridas con propósitos ilícitos. En ese caso, dice el Derecho Internacional, el Estado que debe ejercer jurisdicción es el de la nacionalidad de la tripulación. Si la gente en la lancha es ecuatoriana, aunque no tenga un registro formal, debería quedar en manos de las leyes y autoridades del Ecuador.

Pero eso no pasa. Los pescadores detenidos pasan semanas y hasta meses atados a la superficie de embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos con una cadena o soga a su pie, durmiendo en una colchoneta tan fina como una las que se usan para practicar yoga, con raciones de comida que consisten en arroz y frijoles: una porción del tamaño de una tapa de conservas. Sus inodoros no son más que tachos donde los detenidos tienen que defecar bajo la mirada del guardacostas que lo escolta.

Casa de caña manabí

La casa de Javier, uno de los pescadores que cayó preso y está en Estados Unidos. Fotografía de Carolina Loza para GK.

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Roberto*, un pescador ecuatoriano que fue detenido en 2015 en aguas internacionales, recuerda con amargura sus días en el buque de la Guardia Costera. Estaba en altamar cuando un helicóptero sobrevoló su barca. Después, cinco guardacostas la abordaron. “Me detuvieron en mi propia embarcación”, me dijo en una entrevista en 2017.

Después de detenerlo, la Guardia Costera pasó horas destruyendo su embarcación. Luego fue detenido  en la nave guardacostas. “Perdí 14 libras, solo me daban una tapita de arroz y frijoles. Creo que perdí una libra por día”, me dijo. Para olvidar el dolor de espalda y la cuerda que laceraba su pie, solía imaginar que jugaba con sus hijos en el patio o a su mamá. A veces lo lograba, pero el jalón de la cuerda lo regresaba a su realidad: estaba inmovilizado sobre la colchoneta, en fila india con una docena de otros detenidos, salpicado por el agua salada y fría, y apenas cubierto por un traje de fibra desechable.

No recibió medicación pese a expresar repetidas veces que vive con VIH y necesitaba antirretrovirales. Me dijo que nunca tuvo asistencia consular ecuatoriana. Siempre sostuvo su inocencia pues los guardacostas no encontraron drogas ilícitas en su embarcación. Nunca fue sentenciado. A los dos años, fue liberado sin explicaciones.

Nunca recibió reparación alguna por haber sido injustamente detenido y procesado. Dejó la pesca. Desde 2017 ha sido imposible volver a ubicarlo.

Leonardo, según extractos del  récord legal traducido que tiene Alexandra, fue detenido el 19 de agosto de 2016, a 140 millas náuticas  al sur del puerto de Champerico, Guatemala. El documento menciona que al momento de la detención “La tripulación reclamó ecuatorianos por sí mismos y declaró un puerto base de Manta, Ecuador. El Gobierno del Ecuador no pudo confirmar ni negar la nacionalidad del bote Go- Fast”. Esta falta de respuesta fue suficiente para llevarlo hasta los Estados Unidos. “El acusado entró a los Estados Unidos en el Distrito Medio de la Florida el 8 de Septiembre de 2016”, dice el documento en inglés. Después de mencionar que llegó a puerto 21 días después de su detención, los detalles cesan. Existe un vacío en su expediente desde que embarcó el buque guardacostas como detenido y su llegada a los Estados Unidos.

La carta de un ecuatoriano detenido

Una de las cartas que le escribió Leonardo desde Estados Unidos a Alexandra. Fotografía de Carolina Loza para GK.

Casi un mes después de que Leonardo zarpó desde Jaramijó, de sufrir ataques de pánico y de darlo por desaparecido, Alexandra recuerda las breves conversaciones telefónicas que tuvo con su esposo.  “Los cogen así”, dice mientras intenta con una mano agarrarse la piel de su pecho y con la otra la nuca, simulando como se toma a los cachorros desde el cuello. “Así me contó que lo llevaban, a sol y agua”, recuerda Alexa, refiriéndose a los guardacostas. “No sé por qué reaccionan así, porque a la larga todos somos seres humanos. Pero ellos reaccionan así, los cogen y ahí lo tienen todo encadenado, todo encadenado. Pies y manos, como todo un delincuente, lo encadenan. Y dice que es ahí cuando era de tenerlo en el sol. Ahí lo tienen. Día y noche, ahí afuera.”, dice.

Leonardo pasó 21 días en esas condiciones, sin cobertura contra el sol ni el frío de la noche oceánica. En la Florida fue sentenciado a 10 años, por “conspiración para poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos”, dice parte de la traducción del expediente del caso de Leonardo que Alexandra conserva entre los documentos de sentencia y transferencia a la cárcel de Citrus County, en Florida. El Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador dice que su deber era únicamente informar a los familiares de los detenidos. El consulado del país en Miami jamás contestó mis pedidos de entrevista.

Para Juan Pablo Albán, abogado defensor de Derechos Humanos, la dinámica de los pescadores detenidos evidencia una violación clara al Derecho Internacional Público —al no acogerse a las reglas de detención estipuladas en la Convemar y aplicar leyes estadounidenses en aguas internacionales, se produce una contravención contra el Estado ecuatoriano y su soberanía.

“En cada detención del pescador se viola el debido proceso, además de obligaciones extraterritoriales de los Estados y falta reconocimiento a la personalidad jurídica”, dice Albán.  “Además se viola el derecho a la integridad personal por la angustia a la que se encuentran sometidos. Así no los torturen, esta incertidumbre sobre qué les va a pasar, esta mala alimentación, esta falta de atención médica viola su derecho a la integridad personal.” Jorge Paladines, abogado e investigador establece en el libro A La Deriva: Repercusiones del narcotráfico en el Pacifico Ecuatoriano, dice que la duración de las detenciones “no se sujeta a ningún principio que asegure alguna certidumbre en el tiempo. Con ello, no sólo las reglas del debido proceso de los Estados Unidos o del Ecuador son vulneradas, también los principios internacionales que exigen la entrega o disposición inmediata de los detenidos”, aludiendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A pesar de contar con varios tratados de Derecho Internacional con los que podría presentar un caso en defensa de los ecuatorianos detenidos en Estados Unidosel Estado ecuatoriano solo se ha acogido en el proceso de repatriación del Tratado de Estrasburgo. “Sin duda hay unas violaciones brutales de garantías del debido proceso”, dice Albán. Según él, el Ecuador podría presentar una demanda en contra de Estados Unidos por esas violaciones, especialmente por no notificar a los cónsules que un ciudadano de su país está siendo detenido, y por no notificar  a los cónsules para así comunicarse con esa persona para ofrecerle ayuda legal, dice Albán. Existe un precedente: en 2003 México presentó una demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por violar la obligación internacional de notificar a detenidos mexicanos en Estados Unidos su derecho de recibir protección consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, por su parte, dice que sí vela por el debido proceso. “La aplicación del procedimiento para la atención a privados de libertad inicia una vez que el compatriota solicita, de manera expresa, contactar al consulado ecuatoriano.” Es decir, a menos de que esta persona, pobre, muchas veces violentada y aturdida por estar en un país desconocido, donde se le está hablando un idioma extraño, conozca su derecho de asistencia consular, el Ecuador no va a hacer nada.

Alexandra empieza a hablar más rápido, recordando lo que Leonardo le decía. “Nos trataron feo, pero igual lo bueno era que ya estaba él allá”, dice refiriéndose a la cárcel en Florida. “Más que todo en un techo donde lo tratan mejor que en el barco”, dice. La dramática pérdida de peso de Leonardo son evidentes cuando se comparan sus fotos tomadas en Jaramijó y la foto de perfil cuando llegó a la cárcel de Pinellas, primer centro de detención donde llegan los pescadores si la Guardia Costera atraca en puertos del estado de Florida.

Desde Pinellas, Leonardo le dijo varias veces a su esposa que necesitaba dinero para comida. En ningún momento dijo que no tenía ningún apoyo de parte de autoridades ecuatorianas consulares, a pesar de que La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que las oficinas consulares del Ecuador en el exterior tendrán, entre otras, la obligación de “brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior”. A través de sus cónsules, el Estado debe “realizar visitas periódicas a los centros de privación de libertad, en particular, a aquellos destinados para personas migrantes en situación irregular y elaborar informes para las autoridades competentes, respecto a las condiciones de detención, las condiciones físicas y psicológicas y velar que se aplique el debido proceso”, dice la Ley. Todo esto se queda en las líricas y altruistas declaraciones normativas.

Juana, su hermana y su madre recuerdan claramente la imagen de Javier en la cárcel de Pinellas al ver las cuatro únicas fotos que recibieron de él en una carta que envió desde la cárcel de Great Plains, en el estado de Oklahoma. “Estaba todo chupadito, la cara demacrada porque los tenían a sol y agua”, dice Juana. “Tenía la cara peladita, toda roja de todo el sol”, dice Juana. Ella recuerda que en sus primeras llamadas, Javier les contó que lo golpearon y que en el operativo de detención hubo disparos. Juana empezó a preguntarle qué más pasó en esos días antes de llegar a los Estados Unidos, pero Javier no quiso darle más detalles.

Sobre estos testimonios, el capitán Novak dice que la Guardia Costera es una organización de carácter humanitario y las tareas de rescate son prioridad. “El cuidado de los detenidos es de importancia crítica”, dice. Sostiene que los testimonios suelen ser de hace cinco años, y no reflejan las mejoras que se han hecho constantemente. “Cuando llegan a bordo, les realizamos un chequeo médico, nos aseguramos de que coman tres veces al día y cuenten con la higiene apropiada, les proveemos cepillos de dientes”, dice Novak. “Hacemos eso porque el cuidado humanitario es lo que hacemos en la Guardia Costera. Lo primero es salvar vidas”, sostiene. En un correo electrónico, la Guardia Costera dijo que “los patrullajes son un reto operacional y logístico. Las zonas de tránsito de tráfico de drogas son una área vasta de océano que cubrir, lejos de casa. El foco del área de patrullaje es comparada a tener solo manojo de patrulleros policiales para toda la zona continental de los Estados Unidos”, Novak calcula que el área de patrullaje es 750 veces el tamaño de Ecuador.

Aún así, las detenciones han dejado al menos 900 ecuatorianos detenidos en cárceles de Estados Unidos y Centroamérica. Para Rosana Alvarado, Ministra de Justicia de mayo de 2017 hasta agosto 2018, el rol del Estado ha sido deficiente en estos casos. El Ministerio de Justicia lideró el proceso de repatriaciones de pescadores que solicitaron terminar su sentencia en Ecuador. “Se hizo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior”, dice Alvarado.  Bajo la dirección de Alvarado, se formalizaron 4 repatriaciones  masivas, entre mayo de 2017 y noviembre 2018 con un promedio de 30 ecuatorianos repatriados en cada viaje.

Actualmente, las repatriaciones se han detenido, meses antes de la pandemia. En octubre de 2020 , el el  Servicio Nacional de Atención Integral a  Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) les dijo a los familiares de los pescadores detenidos que el Estado no cuenta con los recursos para realizar más repatriaciones. Alvarado  quien conoció las comunidades y familiares de detenidos dice que el problema es que no se ha documentado formalmente los tratos que los detenidos reciben en altamar. “En más de una ocasión, los familiares de los pescadores, con mucho miedo, con mucho recelo, con pánico, decían que se cometía arbitrariedades, tratos crueles y torturas. Siempre verbalmente, nada está por escrito”, dice la ex Ministra.

En 5 años, el número de las detenciones aumentó. También las vueltas se mantienen y las operaciones de los enganchadores se apropian de comunidades pesqueras en el litoral ecuatoriano

¿Es el patrullaje y detención  la manera más fácil de atacar el tráfico de drogas en altamar? Para Bargent, de Insight Crime, organización que investiga y estudia la seguridad en América Latina y el Caribe, el enfoque enteramente represivo de patrullar y detener pescadores ecuatorianos, colombianos y otras nacionalidades “es un corto plazo perpetuo. Es una forma de atacar el problema de corto plazo, pero sigue sigue, sin planes a mediano, largo plazo para combatir el problema de raíz”, dice el experto.

El narcotráfico con sus recursos, puede crear un modelo de negocio donde explota y reemplaza a los pescadores, por lo cual no va a acabar.  “Puedes detener a todos los pescadores de Manabí, a los narcos no les importa, van a buscar otra provincia.” Bargent dice que la respuesta debe ser integral; el componente militar debería ir ligado a inversión en educación, en las comunidades y sobretodo en investigar y dar con la raíz del problema.

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Algunos de los pescadores detenidos eran jóvenes que no sabían leer y escribir. Otros habían aprendido a firmar documentos durante el proceso judicial en Estados Unidos, según sus familiares. Ninguno de los detenidos hablaba inglés ni reportaron haber recibido una visita consular. Cuando pregunté a diplomático de carrera ecuatoriana sobre esta falta,  no dieron una respuesta concreta. “En caso de anomalías y que el funcionario conozca de esto, puede presentar una queja”, me dijo un funcionario. Al preguntar sobre el estado actual de los pescadores detenidos en el extranjero por la vuelta, la respuesta “necesitamos peticiones y seguimientos del tema por parte de los familiares”. El Consulado de Miami no contestó numerosos pedidos de entrevista sobre el seguimiento sobre estos casos.

De todas las familias con privados de libertad en Estados Unidos con las que hablé, ninguno mencionó haber recibido algún tipo de asistencia consular. Tatiana*, de Ancón, en la provincia de Santa Elena, supo de su pareja un mes después de que salió de su casa, cuando un abogado asignado por el condado de Telfair, estado de Georgia, la contactó para decirle que su marido estaba preso.

madre ecuatoriana de detenido

La madre de Javier, uno de los pescadores detenidos por hacer ‘La vuelta’. Fotografía de Carolina Loza para GK.

Tatiana, como muchas mujeres de la zona, habla por WhatsApp con una mujer llamada Carmen, que vive en Estados Unidos a quienes apodan “La madrina de los presos”. La madrina envía, desde su casa en la Florida, cartas del evangelio a cientos de ecuatorianos detenidos en cárceles estadounidenses. Lo hace desde hace años, cuando su hijo compartía celda con un ecuatoriano que le pidió a Carmen que avisara a su familia que estaba detenido. Años después, Carmen sigue enviando, junto a salmos religiosos, los mensajes de los familiares de Ecuador a estos cientos de presos.

Ni el Ministerio de Defensa ni el SNAI respondieron a los pedidos de información ni a la solicitud de poder reunirnos con las personas detenidas que fueron repatriadas desde Estados Unidos que están en el Centro de Rehabilitación El Rodeo de Manabí.

Leonardo debía salir en libertad en marzo de 2020, después de una reducción de su sentencia por buena conducta. Pero Alexandra perdió el contacto con él semanas antes de que eso sucediera. Alexandra imagina que está detenido en algún establecimiento del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés). “No tengo idea dónde está ahorita. No sé a quién preguntarle algo,  no sé nada”, dice. Leonardo se enfermó en la cárcel y Alexandra no sabe cómo costeó gastos para su recuperación, ni los detalles.

Javier fue diagnosticado con diabetes. Juana y la familia saben que padece de sangrado por los oídos y vomita sangre, resultado de una posible lesión por presión después de años como pescador buzo, como llaman en San Mateo a quienes pescan pulpo, conchas a 5 y hasta 10 metros de profundidad sin tanque de oxígeno.

En una de las hojas con detalles de la detención se establece bajo el renglón de condiciones de salud “condición de salud mental”, pero Juana no sabe qué condición es: ella no habla inglés y recuerda ir con papeles para pedir la repatriación de su hermano al Ministerio de Relaciones Exteriores en Manta pero nadie le dio una respuesta. Lo poco que saben de Javier es lo que él les comenta en sus llamadas. Elena Véliz toma aire cuando piensa en una solución a La vuelta: “Es una cadena que no va a quedar ahí, sino que va a seguir a lo largo y ancho. Las autoridades siempre van a ir por el pez pequeño, no por el grande”.

*Los nombres marcados con este asterisco (*) son protegidos. 

Carolina Loza León
(Ecuador, 1988). Periodista freelance. Ha contribuido para medios como France 24, el New York Times, NPR, entre otros. Escribe sobre posconflicto y derechos humanos. Trabaja entre Ecuador y Colombia.