“Cada generación de (niñas y) niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir al mundo de su ruina”, dijo Eglantyne Jebb, profesora de primaria y apasionada defensora de los derechos de las infancias en 1920. Lo dijo luego del fin de la Primera Guerra Mundial, en una atmósfera de dolor y muerte. La frase fue clave para demostrar la indiferencia de los adultos ante las terribles secuelas que, a su paso, había dejado la guerra en la vida de millones de niñas y de niños, que urgentemente debían ser atendidas por los países para reimaginar la esperanza.
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La atención en este tema llevó a una movilización social por la defensa de las vidas de las infancias y sus familias, que daría luz a la que sería la Primera Declaración de los Derechos del Niño, reconocida en 1924 por la Liga de Naciones. Siete décadas más tarde el documento se convertiría en la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
Un siglo después de la frase de Jebb, el Ecuador y el mundo se enfrentan a un panorama parecido, de dolor y muerte. Esta vez por la pandemia del covid-19. A pesar de los valiosos avances normativos, sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos en todos estos años, el virus ha develado que la continua y acelerada reproducción de las inequitativas e injustas relaciones de poder —que refuerzan la idea de que existen vidas que importan menos que otras y generan enormes distancias— son las responsables de esta crisis que vivimos.
Para las niñas, niños, adolescentes y sus familias, esta crisis se profundizará porque sus vidas no necesariamente tienen la misma importancia en el mundo de los adultos. A las puertas de las elecciones presidenciales y en medio de una pandemia, es urgente reflexionar sobre cuáles serán las historias que queremos contar a éstas y las futuras generaciones.
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Los datos disponibles en el Ecuador son preocupantes. Como resultado de la crisis del covid-19, hasta finales del 2020, se estima que 3 millones 148 mil de las niñas, niños y adolescentes —el 53% de los que viven en Ecuador— experimentará pobreza multidimensional. Es decir, convivirán con serias privaciones del derecho a la educación, al trabajo y seguridad social, a la salud y alimentación y la vivienda. De ellos, seis de cada 10 estarán en extrema pobreza multidimensional, lo que significa que tendrán mayor número de privaciones en esos derechos.
Esta pobreza se da sobre todo por la caída de los ingresos de estas familias, la pérdida o el desmejoramiento del empleo y desempleo y la interrupción de sus estudios por dejar la escuela. El incremento de la pobreza de ingresos se explica en más del 60% por el efecto de la crisis en la distribución del ingreso. En otras palabras, esta crisis golpeará a las familias más pobres no solo por la disminución sustancial de sus ingresos, sino que también hará que sea más grande la distancia entre ricos y pobres.
A nivel global, el número de niños con privaciones básicas —educación, salud y nutrición, vivienda, agua y saneamiento— incrementaría en 150 millones. Y al igual que Ecuador, más de la mitad de las personas menores de 18 años vivirán en situación de pobreza multidimensional.
El cierre de servicios de primera infancia y escuelas han puesto en jaque los avances en la garantía del derecho a la educación. Al menos 40 millones de niños y niñas, en todo el mundo, han dejado de recibir educación en la primera infancia y 463 millones de escolares no accedieron a los estudios a distancia durante el confinamiento por las difíciles situaciones en las que viven. Probablemente muchos —en particular, niñas, adolescentes, migrantes y refugiados— no retornarán a las aulas cuando se abran, pues estarán vinculados al trabajo infantil, al trabajo no remunerado o en uniones tempranas.
Concretamente en el Ecuador, el cierre presencial de los servicios de primera infancia y educación han afectado a cerca de 300 mil niños menores de 3 años de hogares pobres y a 4.6 millones de edad escolar. De los cuales siete de cada 10, asiste al sistema público y estarían enfrentando grandes desafíos para continuar sus estudios, por no contar con la conectividad, los implementos para la educación virtual o por dedicarse a las tareas de cuidado como ayudar en las tareas domésticas del casa o el campo, sobre todo si están en lugares rurales, si son indígenas, afroecuatorianos, migrantes, de hogares pobres y niñas.
Si revisamos la salud, en el mundo, la interrupción y discontinuidad de los servicios esenciales de salud haría que al menos 6 mil niños adicionales menores de 5 años, mueran diariamente. La mortalidad materna también incrementaría, así como el número de niñas y adolescentes embarazadas y los embarazos no deseados por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En Ecuador, las dificultades en los servicios materno-infantiles harían que la mortalidad infantil aumente en un 50% y se dupliquen las muertes maternas, sin olvidar que los indicadores de desnutrición crónica —cuyas secuelas afectan su desarrollo físico e intelectual dejando secuelas para siempre— y el embarazo adolescente —con sus impactos socioeconómicos para las niñas, mujeres— se mantienen altos en comparación con otros países de la región.
La crisis de cuidado también ha golpeado a los hogares con el cierre de escuelas y servicios de primera infancia y la falta de políticas parentales amigables: las familias, mujeres y niñas, principalmente, estarían asumiendo el incremento de las tareas del cuidado en el hogar, reforzando las desigualdad de género en la distribución de estas tarea, sin que las políticas laborales procuren la protección de los escasos empleos adecuados, el acceso igualitario de las mujeres al mercado laboral y promuevan nuevos acuerdos para que los cuidadores puedan dedicar tiempo a los niños.
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Otro de los asuntos urgentes a abordar para la niñez es la violencia a la que se enfrentan, que se ha intensificado en este tiempo. Con el cierre de escuelas y confinamiento, muchas niñas y niños corren riesgo al interior de los hogares, no solo por el entorno maltratador que pueda existir, sino también por su exposición a los entornos virtuales en donde, por ejemplo, el ciberacoso constituye una formas de violencia que los afecta mental, emocional y físicamente.
Las normas sociales —como el uso de violencia para educar a los niños y niñas, la división de las tareas del cuidado al interior del hogar con mayor peso para las mujeres y niñas, el cuestionamiento a plena autonomía de las mujeres, el silencio y la impunidad frente a las situaciones violencia que viven mujeres, niñas y niños o el no reconocimiento de la participación social de los y las adolescentes por aducirse su falta de capacidad para discernir, su madurez social o su vulnerabilidad a la manipulación política— marcan los roles niños-adultos y mujeres-hombres. Estos factores han naturalizado la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y las mujeres.
En Ecuador el 33% de los niños reportan que sufren maltrato en sus hogares y seis de cada 10 mujeres declaran haber vivido situaciones de violencia alguna vez en su vida. Esta crisis por el covid-19 ha desnudado esa realidad, no solo a través de los números, sino ante la constante negativa del Estado y la sociedad a reconocer que las mujeres, niñas, niños y adolescentes deben tener iguales derechos y oportunidades. Son estas miradas que se construyen desde el mundo de los adultos, las que hacen que las vidas de las niñas, niños y adolescentes y sus familias importan menos por no ser reconocidos como miembros de la comunidad política —ciudadanos con iguales derechos y oportunidades— de un país.
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Estas realidades enlazan con una fuerte contracción económica, donde para el país se estima un decrecimiento de la economía: el PIB caerá entre -9% y -10,9%. Si bien la reestructuración de la deuda externa ha dado un alivio de liquidez a la caja fiscal y reduciría la brecha de financiamiento de este año para el Gobierno Central, se sostiene que existe escaso espacio fiscal para aplicar políticas contracíclicas, es decir, medidas económicas que minimicen y ayuden a superar la crisis.
La brecha fiscal —los recursos que faltan para financiar la totalidad del presupuesto requerido del Estado— en este año se estima en al menos 6% del PIB. El presupuesto del sector social —compuesto por los ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Trabajo, y Vivienda—son el pilar fundamental para sostener los principales servicios públicos (salud, desarrollo infantil, educación, bienestar social y vivienda) al que acceden las familias con niñas y niños. Éste ha continuado disminuyendo comparado con el presupuesto inicial, aprobado por la Asamblea Nacional y con relación al mismo periodo del 2019. Hasta el 31 de agosto 2020, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud experimentan los mayores recortes y la ejecución presupuestaria de las entidades sociales se ha mantenido baja, bordeando el 57,7% en promedio, siendo el más bajo el de salud, según estadísticas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si estas cifras nos describen un panorama gris, que anularía décadas de avances y anticipa historias de despojo e injusticias para las generaciones jóvenes y las que están por nacer, ¿esas serán las historias que el nuevo gobierno y la sociedad ecuatoriana querrán contarles? ¿Qué futuro podría tener Ecuador cuando más de la mitad de sus infancias crecerán sumergidas en la pobreza y violencia, sin oportunidades de educación y cuidado? ¿Qué futuro existirá si no se modifican las relaciones de poder inequitativas e injustas que profundizan las distancias y hacen que las vidas de las niñas, niños y adolescentes tengan menos importancia porque en la práctica no se les reconocen los mismos derechos y oportunidades?
Si las historias por contar, en este instante decisivo, deberían servir para demostrar que sus vidas no importan menos y reconocemos su igualdad de derechos y oportunidades, ¿por qué la indiferencia del mundo adulto desplazó del debate público la importancia de contar con un sistema de protección social sensible a la niñez?
En otras palabras, ¿por qué ya no es posible tener un conjunto políticas y acciones articuladas que promueven y potencian las capacidades e ingresos de las familias, protegen los empleos adecuados de las familias con seguridad social, que garantiza el derecho al cuidado durante sus primeros meses de vida sin importar la condición laboral de sus cuidadores, se garantizan el acceso y la calidad de la educación pública, la salud pública y los servicios de cuidado para la primera infancia? ¿Por qué ya no es más prioridad del presupuesto público construir un sistema de protección social con estas características, que ataca los patrones de pobreza, vulnerabilidad y las estructuras que los afectan reconociendo los beneficios multiplicadores que en largo plazo tiene que invertir en la niñez? ¿Por qué no es posible establecer un nuevo acuerdo entre la sociedad, el sector empresarial y el Estado para asegurar que los recursos disponibles vayan destinados a colocar en el centro a la protección de las familias y la atención de los niños, niñas, adolescentes? Es decir, necesitamos con urgencia un pacto social y fiscal redistributivo que modifique las relaciones estatales y sociales y los reconozcan como miembros de la comunidad política con iguales derechos y oportunidades
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Para las niñas, niños, adolescentes y sus familias, el Estado, el sector empresarial y la sociedad ecuatoriana, en esta crisis, no solo tendrán que aplanar la curva de la pandemia. Deberán aplacar, a la par, las curvas de pobreza, mortalidad, malnutrición y violencia e incrementar las curvas de educación y cuidado. Si no transformamos el presente con estas apuestas vitales, entonces mañana, esas generaciones jóvenes terminarán siendo adultos excluidos y violentados, reproductores de la violencia como trasfondo de las relaciones sociales e interpersonales.
Por eso, invertir en las niñas, niños, adolescentes y sus familias, aquí y ahora posibilitará, precisando la reflexión de Englatyne Jebb, sacar a este país y al mundo de su ruina para re-imaginarlo.
