Otra vez Ecuador resuena en el mundo por un caso de presuntos sobornos a funcionarios del Estado. La fiscalía del distrito este de Nueva York en Estados Unidos formuló cargos a Javier Aguilar, exgerente de una empresa de comercio petrolero, por pagar 870 mil dólares en coimas a funcionarios de la estatal petrolera Petroecuador. Con el dinero, según los fiscales, Aguilar aseguró un contrato petrolero de 300 millones de dólares para su empleador, cuyo nombre no ha sido divulgado. Las repercusiones de las acusaciones en Ecuador todavía están por verse.
El esquema de sobornos comenzó, presuntamente, a mediados de 2015 y se extendió hasta 2020. La formulación de cargos, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice que Aguilar —ciudadano mexicano con residencia estadounidense— trabajó como gerente y comerciante de petróleo en Houston para la subsidiaria estadounidense de una compañía europea de comercio de energía. Los fiscales presumen que Aguilar aprovechó su cargo para promover el esquema de soborno y ocultar sus ganancias.
Durante cinco años, Aguilar y otros involucrados hicieron que se pague 870 mil dólares en coimas a oficiales de Petroecuador, usando cuentas offshore. Según la fiscalía neoyorquina, el dinero se entregó a cambio de la asistencia de los ecuatorianos para “obtener y mantener negocios” con la compañía para la que trabajaba Javier Aguilar. La empresa consiguió un contrato para comprar aproximadamente 300 millones de dólares de combustible de Petroecuador.
No es el único delito por el que Aguilar será investigado. La fiscalía también le formuló cargos por supuesto lavado de dinero. El documento dice que para ocultar las ganancias del esquema de sobornos, se hicieron acuerdos de consultoría “falsos y fraudulentos” con supuestos consultores estadounidenses. En realidad, los involucrados habrían sido intermediarios de los actos de corrupción que tenían cuentas en las que la compañía habría pagado fondos sabiendo que serían usados para sobornar a los funcionarios del gobierno ecuatoriano, según la fiscalía.
La mayoría de los detalles del proceso son reservados. En los documentos oficiales publicados hasta el momento, solo Aguilar y Petroecuador fueron identificados. La acusación se refiere a la compañía para la que Aguilar trabajaba como “la empresa comercial”. Una fuente cercana al caso —que prefirió mantener el anonimato— confirmó al portal financiero Bloomberg que Aguilar trabajaba para Vitol, el mayor comerciante de petróleo independiente del mundo. De ser así, esta denuncia se sumaría a las que salieron a la luz el año pasado contra la compañía.
Vitol también fue acusada de participar en el escándalo brasileño Lava Jato u Operación de Lavado de Autos, en español, con el que se destapó la trama regional de sobornos de Odebrecht. Los fiscales encargados del caso aseguraron que la empresa —que está registrada en los Países Bajos, pero sus ejecutivos principales trabajan desde Inglaterra— sobornaron a intermediarios y empleados de la compañía petrolera estatal Petrobras. Con el dinero pagado lograron obtener contratos de combustible en términos favorables. Un modus operandi similar al que se investiga en el caso de Aguilar y los funcionarios ecuatorianos.
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Aguilar fue detenido en Houston, Texas, la ciudad en la que presuntamente cometió los delitos. En los próximos días será trasladado a Nueva York donde se hará el juicio. La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de la ciudad presentará los cargos con las evidencias recolectadas en la investigación del el escuadrón internacional de corrupción del FBI en Miami.
La culpabilidad de Javier Aguilar no ha sido aún determinada. El Departamento de Justicia estadounidense aclaró que las autoridades presumen que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Si lo sentencian, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
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La formulación de cargos es uno de los primeros pasos del sistema judicial estadounidense. El abogado Mark Cohen —socio de la firma Cohen, Frankel & Ruggiero. LLP. en Nueva York— dice que para hacerlo se necesita un gran jurado conformado por 23 personas de un área particular, pero no un juez. El fiscal presenta evidencia suficiente al jurado para comprobar que el procesado ha cometido un delito. “Es un proceso bastante unilateral que se rige por el estándar de si existe o no una causa probable para creer que un individuo cometió un crimen”, dice Cohen. Cuando se termina la presentación de los testimonios, documentos y otros tipos de evidencia, el gran jurado vota. Si consideran que hay evidencia suficiente del cometimiento del delito, se da paso al juicio. En Ecuador ambos momentos son el equivalente al inicio de la instrucción fiscal y a la audiencia de preparación de juicio, aunque en nuestro país no hay jurados, sino que la decisiones son tomadas por un juez.
El siguiente paso es llevar el caso a la corte. En esa etapa, los acusados tienen dos opciones: declararse culpables o inocentes. Si escogen la primera opción, es más corto. Hay una audiencia de declaración de culpabilidad y se los sentencia. La defensa de Aguilar ha negado categóricamente su participación en los delitos, por eso es probable que el acusado se declare inocente y deba ir a juicio para comprobarlo ante un jurado y un juez.
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Alex Spiro, abogado del mexicano, contestó a mi pedido de información con una sola línea: “negamos las alegaciones y veremos a todos en la corte”. La misma corta y concisa respuesta que The Financial Times —un periodico británico especializado en cubrir negocios y economía— recibió al contactar a Spiro.
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En tiempos tan inciertos por el covid-19, es difícil saber cuánto tardarán en llegar a la corte que menciona Spiro. El abogado Cohen dice que en circunstancias normales, la ley federal estadounidense establece que un acusado tiene derecho a un juicio en 70 días. Sin embargo, la pandemia podría incrementar el tiempo de espera. Especialmente porque al momento no se están haciendo juicios con jurado en Nueva York.
Una vez que se pueda hacer el juicio contra Aguilar, un jurado de 12 personas decidirá si es culpable o inocente de los dos cargos de los que es acusado. Según el documento del Departamento de Justicia, podría ser sentenciado hasta a 20 años de cárcel. Sin embargo, Cohen dice que es poco probable que se dicte la pena máxima en la primera ofensa.
La sentencia también podría afectar su estatus migratorio. Aguilar nació en México hace 46 años, pero actualmente tiene residencia en Estados Unidos. Cohen dice que si es declarado culpable, “es muy probable que sea removido del país” cuando termine de pagar su condena. La decisión dependerá de lo que el gobierno estadounidense considere necesario.
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Otra incertidumbre es qué harán las autoridades ecuatorianas que no han reaccionado todavía. Vladimir Cabezas, director de Comunicación de Petroecuador, dijo que no se van a pronunciar al respecto del caso porque “es un tema de contratos del anterior Gobierno y procesos que se llevan en Estados Unidos”. Hasta el cierre de edición de este reportaje, la Fiscalía no contestó si abrirá una investigación en contra de los funcionarios ecuatorianos involucrados. Por el momento, el caso está totalmente en las manos de las autoridades de Estados Unidos.
