La Corte Constitucional, el máximo tribunal constitucional ecuatoriano, decidió anular las medidas cautelares que suspendían provisionalmente el recorte presupuestario a las universidades públicas del país. La sentencia, dictada el 31 de agosto de 2020, tiene el voto de ocho de los nueves jueces de la Corte. El juez Hernán Salgado no consignó su voto porque se excusó de conocer la causa en mayo pasado. Con esta decisión, la merma de los presupuestos de las escuelas politécnicas y universidades del país podrá entrar en vigencia.

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La sentencia, que se hizo pública la mañana del 10 de septiembre, dice que no se puede verificar una “suspensión” del derecho a la educación por parte del Ministerio de Finanzas. La sentencia, además, determina que, durante un estado de excepción, el manejo presupuestario está a cargo de este Ministerio. Por ende, puede realizar las modificaciones en él que se requieran para responder ante un déficit económico. 

El Ministerio de Economía y Finanzas justificó la reducción del presupuesto de las instituciones de educación superior alegando que no ha tomado fondos de salud o educación para solventar las necesidades de financiamiento del estado de excepción. Según el Ministerio, el recorte se da por varios factores, como la caída del precio del petróleo durante la pandemia, que han afectado el presupuesto del Estado. 

La Corte también indicó en su sentencia que los documentos que presentó el Ministerio de Finanzas dicen que la pandemia y la crisis económica han tenido un impacto negativo en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta. Al ser estos fondos los que se destinan a la educación superior, en consecuencia se merman también las preasignaciones a las universidades y escuelas politécnicas, dijo la Corte. 

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La Procuraduría General del Estado, según la sentencia, explicó que el recorte se hizo con el fin de optimizar los recursos debido a la reducción de recaudación tributaria. Aclaró además que la reducción de presupuesto no está dirigida sólo a las Instituciones de Educación Superior (IES), sino también a otros organismos. 

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El recorte fue suscrito por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, el 16 de abril de 2020 y contemplaba una reducción de 98 millones de dólares. El cambio en el presupuesto fue anunciado por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, el 4 de mayo. Según Albán, el 80% del dinero asignado a las universidades depende de la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta, y como eso se redujo debido a la pandemia de covid-19, el presupuesto también debía reducirse. 

La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas generó gran rechazo entre grupos de profesores, estudiantes y otras organizaciones sociales. A pesar de las restricciones de movilidad que existían en el momento por el covid-19, cientos de personas salieron a protestar en varias ocasiones en las principales ciudades de Ecuador—Quito, Guayaquil y Cuenca—para exigir que no se redujera el presupuesto.

Cuatro días después del anuncio, el 8 de mayo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para analizar el recorte. En su comparecencia, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo que la reducción de presupuesto vulneraba los derechos humanos. Además, alertó a la Corte Constitucional para que se pronunciara al respecto. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció con respecto al recorte. En su cuenta de Twitter, la CIDH expresó una “profunda preocupación”. Además advirtió sobre las consecuencias negativas de la disminución del “acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector”. Varios expertos cuestionaron el recorte, diciendo que no se trataba algo nuevo, sino la continuación de un recorte sistemático. 

El 12 de mayo de 2020, la Corte Constitucional dictó una resolución de medidas cautelares. En ella, ordenaba al Ministerio de Finanzas suspender cualquier disposición de modificar el presupuesto hasta que el Pleno tomara una decisión definitiva. De esta forma el recorte estaba suspendido provisionalmente. 

Ante la decisión de dar vía libre al recorte presupuestario, la Federación de Estudiantes Ecuatorianos del Ecuador (FEUE), dijo que la Corte le había “dado la espalda” a la universidad pública. Un comunicado firmado por el presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa, dijo que “el gobierno nacional destina recursos económicos al pago de la deuda externa y a la renegociación de la misma y no da prioridad al pago de sueldos y salarios de servidores públicos”. Como protesta a la decisión, la FEUE ha convocado a una movilización a nivel nacional en defensa del presupuesto para la educación superior que se hará el miércoles 16 de septiembre a partir de las cuatro de la tarde.

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El Ministerio de Economía y Finanzas también se pronunció con respecto a la decisión de la Corte Constitucional. En una rueda de prensa en la tarde del 10 de septiembre, Xavier Lazcano, coordinador jurídico ministerial, dijo que la reducción presupuestaria “nunca fue un recorte”.  Lazcano sostuvo, además, que la decisión de la Corte refleja que el “reajuste” del presupuesto de las instituciones de educación superior públicas no incumplió con ningún artículo de la Constitución. 

Ahora, con el levantamiento de las medidas cautelares, Lazcano explicó que el Ministerio hará una nueva estimación del presupuesto. El cálculo, que estará basado en la recaudación del IVA e impuesto a la renta, se dará a conocer en los próximos días.