El 8 de mayo de 2020, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea analizó la reducción del presupuesto de las universidades públicas. Ante la Comisión comparecieron Catalina Vélez Verdugo, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo, Fabricio Tinajero Jiménez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y, Pablo Vanegas Peralta, rector de la Universidad de Cuenca.
El 4 de mayo se anunció el recorte de 98 millones de dólares al presupuesto de las universidades públicas. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, adujo que se debía a la menor recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta que equivale al 80% del dinero asignado a las instituciones.
Catalina Vélez dijo que el CES solicitó información sobre las cifras de reducción y los parámetros con los que se ha ejecutado al Ministerio de Finanzas y la Senescyt. Según el artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior el CES debe aprobar la fórmula de distribución del presupuesto de las universidades. Los recursos para cada institución dependen, según la Ley, de la calidad y excelencia académica, eficiencia administrativa y financiera; y, la pertinencia. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt) plantea el presupuesto y el Ministerio de Finanzas lo asigna.
Durante su intervención, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que la Defensoría del Pueblo alertó a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el recorte.
Carrión dijo que hay dos escenarios: la reducción obedece a la crisis económica o se da para “tomar los recursos de la educación con el propósito de cubrir necesidades de la pandemia”. En cualquiera de los dos escenarios, existe regresión y vulneración de derechos humanos, dijo Carrión.
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El Defensor del Pueblo dijo que la decisión afecta a la calidad de la educación, los salarios de los profesores y la capacidad de desarrollo del país. “Solo con educación se puede dejar atrás el subdesarrollo”, dijo. Al terminar su comparecencia, dijo que a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional se podrían iniciar acciones legales y constitucionales para para garantizar el derecho a la educación superior de los estudiantes del país.
Las universidades tampoco están de acuerdo con el recorte. El rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Fabricio Tinajero, dijo que no han recibido “comunicación formal alguna” de la reducción presupuestaria. Según Tinajero, al menos 65 profesores serán despedidos como consecuencia de la medida. Explicó que eso significaría tener que asignar mayor carga horaria para los docentes que se queden. “Al disminuir el número de maestros la integralidad de una universidad incluyente e inclusiva se trastoca”, dijo Tinajero.
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El rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, criticó el momento de la decisión ante la Comisión. Vanegas dijo que recortar el presupuesto a mediados de año, cuando parte de este ya se ha consumido, les obliga a hacer ajustes: en los profesores contratados, las actividades de investigación, y otras áreas que se habían generado y desarrollado hasta mayo. Vanegas pidió a las autoridades hablar, acordar y “no afectar a este rubro tan importante para el país”.
En la semana pasada, estudiantes universitarios en Quito y Cuenca realizaron plantones para protestar el corte. Universidades públicas de todo el país, en redes sociales y otras plataformas digitales, han criticado el recorte de más de 98 millones decidido por el gobierno de Lenín Moreno.
