La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “profunda preocupación” por el recorte de presupuesto de las universidades públicas en el Ecuador. En Twitter el 11 de mayo, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) advirtieron sobre las consecuencias negativas de la merma del “acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector”. recor

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El recorte, según la Secretaría Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), se da por una reducción en los ingresos tributarios que componen el 80% del presupuesto de las instituciones. Los recursos asignados a las universidades públicas este año serán 98 millones de dólares menos de lo planificado. Sin embargo, algunos expertos insisten en que la educación superior pública del Ecuador ha sido afectada mucho antes de la pandemia.

La decisión generó rechazo entre los directivos, profesores, estudiantes y otras organizaciones. A pesar de las restricciones de movilidad por el covid-19, han salido a protestar en los exteriores de las universidades desde el 5 de mayo. El 11 de mayo, organizaciones estudiantiles convocaron a una movilización “biosegura”. Según la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, se siguieron medidas como mascarillas y distanciamiento para reducir el contagio del coronavirus. 

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La CIDH reconoció la difícil situación que enfrenta el Ecuador por el covid-19, e hizo un llamado al Estado para que “asegure la participación e información” de los sectores afectados en la decisión de medidas de austeridad.  El 11 de mayo, en un comunicado la Senescyt aseguró que está trabajando con las universidades y escuelas politécnicas del país para “precautelar el bienestar de la comunidad educativa”. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, dijo el 13 de mayo que “tiene confianza” en que encontrarán soluciones específicas para el financiamiento de estas instituciones.

La CIDH y Redesca hacen otro llamado al Estado ecuatoriano:  basar los ajustes presupuestarios en el análisis de impacto sobre los derechos humanos. Considerando “las obligaciones en la materia que le imponen la Convención Americana y su Protocolo San Salvador”, dice el tuit de la CIDH. El Protocolo de San Salvador es un instrumento adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se estableció en 1988 y se refiere directamente al derecho a la educación y la orientación que debe tener. Incluye instrumentos de las Naciones Unidas, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. 

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Los organismos le recordaron al Estado que las medidas de austeridad que afecten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser “necesarias, proporcionales, adecuadamente consultadas y transparentes”, cumpliendo con el desarrollo progresivo y no regresividad. Esta obligación fue establecida en la Convención Americana de los Derechos Humanos para garantizar que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas económicas que logren “progresivamente la plena efectividad” de los derechos.