Eran las 3 y 15 de la tarde del 6 de agosto de 2020, cuando Lizeth Riofrío salió de su casa con la persona que minutos después la mataría. Lizeth Riofrío vivía con sus dos hijos en el sur de Tulcán, la última ciudad ecuatoriana antes de la frontera con Colombia. Tenía 31 años, un par de ojos verdes que todos admiraban, y una sonrisa contagiosa. Estaba separada de su pareja, Jairo Revelo, con quien tenía dos hijos y una relación que se quebraba y recomponía una y otra vez. Nunca se sabrá si Lizeth Riofrío aceptó o fue obligada a ir con Jairo Revelo al motel Las Palmas, en las afueras de Tulcán. Llegaron en el carro de él, entraron en una habitación, y casi dos horas después un amigo de Revelo recibió un mensaje: “Llama a mi tía Fanny y dile que venga al motel porque parece que maté a la Lizeth”.  Lizeth Riofrío recibió 35 puñaladas: cortes pequeños y grandes, uno en la yugular y otro en el pulmón. 

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Alrededor de las seis de la tarde del 6 de agosto, la familia de Jairo Revelo, la Policía y enseguida familiares de Lizeth Riofrío llegaron al motel. El abogado Sibson Pozo, defensor de la familia de Riofrío, dice que la Fiscalía está investigando la muerte de Lizeth como femicidio —un asesinato por razones de género

Cuando la Policía entró a la habitación encontró el cuerpo de Lizeth sin vida. Jairo Revelo estaba tendido en el suelo con heridas en el cuello y tórax porque “intentó quitarse la vida o intentó hacer creer eso”, dice el abogado Pozo. Revelo fue llevado al hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán y luego de 10 días fue trasladado a la cárcel de esa ciudad para que cumpliera los treinta días de prisión preventiva mientras dura la investigación. El 6 de septiembre de 2020 termina el plazo por lo que el 7 o a lo largo del mes, dice el abogado Sibson Pozo, el juez debe convocar a la audiencia en la que determinará el llamamiento a juicio a Jairo Revelo.

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En lo que va de la pandemia, de marzo a agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado ha registrado 33 denuncias de femicidio. En Ecuador, el asesinato a una mujer por razones de género, según el Código Orgánico Integral Penal, se sanciona con 22 a 26 años de cárcel. Pero las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres tienen cifras diferentes para este año. Pilar Rassa, abogada de la organización defensora de derechos de mujeres Surkuna, dice que hasta agosto de 2020, han contabilizado 64 casos. Rassa dice que el Estado es el responsable de estas muertes. “El Estado no ha entregado el dinero suficiente para la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres”, dice refiriéndose a la ley publicada en noviembre de 2017. En el Ecuador, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está solo escrito en papel. Sus muertes se convierten en cifras y el Estado guarda silencio. 

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En la calle, en la casa, en el trabajo, en el autobús, en una fiesta junto a sus parejas o a desconocidos, las mujeres están en riesgo de sufrir la manifestación más fuerte de la violencia. Apenas hace seis años, el femicidio fue tipificado en el país como un delito. Esto permitió visibilizar la muerte de las mujeres y que no se mezcle en las cifras de otros tipos de homicidios. 

El camino para lograrlo no fue fácil y tiene un nombre de lucha: Karina del Pozo. La joven quiteña fue reportada desaparecida en febrero de 2013. Días después fue encontrada muerta con signos de haber sido violada. Su caso se convirtió en un emblema, demostrando que el delito no podía ser tratado como un asesinato simple, dice el estudio Acceso a la justicia: el camino hacia la tipificación del femicidio en Ecuador. Desde que se aprobó el nuevo delito hasta agosto de 2020, en el Ecuador, según la Fiscalía, se han contado 1004 muertes de mujeres, el 41% son por femicidios. Las cifras oscuras —que no se denuncian, que se confunden con otro tipo de asesinatos— podrían mostrar una realidad mucho más cruel. 

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El asesinato de Lizeth no es la primera manifestación de violencia hacia las mujeres en el Carchi, la provincia más boreal del Ecuador. En enero de 2019, Beatriz García fue asesinada por su esposo, quien recibió 34 años y 8 meses de prisión. En agosto de 2019, Ana Belén Mera de 30 años fue golpeada brutalmente fuera de su casa por su expareja Byron Revelo. Mera estuvo en recuperación por seis meses, por graves fracturas en el brazo derecho, en el tabique, uno de los pómulos y el maxilar. Luego de casi un año del proceso judicial, en julio de 2020, Revelo fue sentenciado por tentativa de femicidio a 11 años y medio de cárcel y a pagarle a Ana Belén Mera 40 salarios básicos unificados, es decir 16 mil dólares. Byron Revelo era policía y fue removido de la institución. 

Pero no es un problema provincial, sino nacional. En Ecuador sucede un femicidio cada tres días y no nos enteramos de todos en Twitter o Facebook, aunque para Pilar Rassa que la gente se indigne por la muerte de las mujeres en las redes sociales ya es un paso adelante. Sirve, dice Rassa, para que las mujeres se decidan a denunciar los hechos violentos porque muchas veces temen que la represalia por hacerlo será peor. 

Lo que se publica en las redes sociales solo es un guiño de lo que sucede fuera de esa burbuja. Dos semanas después del femicidio de Lizeth Riofrío, en Twitter y Facebook se viralizó la noticia del asesinato de Gabriela León a manos de su pareja Juan Bernardo Ordóñez, en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Ese mismo día, Jhonatan Torres asesinó a Daniela Romero, su expareja, con una pistola dentro de su casa en Portovelo, provincia de El Oro. Torres se suicidó. Por esos días, el 13 de agosto, Lidia Cabascango, una mujer de 19 años, fue asesinada por su novio —del que no se ha hecho público su nombre— en Otavalo. El cuerpo de Lidia Cabascango fue abandonado en la comunidad Pigulca, donde vivía el hombre. Según la Fiscalía solo en agosto se registraron ocho femicidios. 

La muerte de estas mujeres les quitó los sueños a ellas, les quitó la paz a sus familias, les quitó las madres a sus hijos. Lizeth Riofrío tiene dos: un adolescente y un niño que dependían económicamente de ella. Ahora están al cuidado de su abuela, la madre de Lizeth. Tania Castillo, Defensora del Pueblo en el Carchi, dice que la Defensoría está haciendo seguimiento a la investigación del femicidio de Lizeth Riofrío. “Nuestro objetivo es que no se cambie el tipo penal, que se lo juzgue por femicidio”. Castillo dice que la Defensoría solicitó al Consejo de Protección de Derechos de Tulcán que los niños y la familia reciban atención psicológica. Desde 2014 hasta la fecha, la Fiscalía ha registrado que el 69% de víctimas de femicidio tenían hijos: 432 niños se quedaron huérfanos según datos oficiales. Pero la cifra podría ser más alarmante. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) contabiliza desde 2014, 835 niñas y niños huérfanos por el femicidio de sus madres. Varios de ellos, no precisa el número, se quedaron también sin padre porque él es el femicida.

El presidente Lenín Moreno firmó en marzo de 2019 el decreto 696 que dice que los hijos de las mujeres víctimas de femicidios recibirán un bono como reparación de sus derechos. La abogada Pilar Rassa dice que el decreto es apenas una intención porque el documento establece que los hijos lo recibirán cuando haya una sentencia ejecutoriada. “Hasta que por fin se sancionen estos hechos, pasará mucho tiempo, mientras tanto son meros enunciados”. Rassa dice que para que un femicidio sea sancionado en el país pueden pasar entre dos y cinco años. Mientras tanto, los niños sin sus madres no tienen la protección que ofrece el Estado. 

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Lizeth Riofrío tenía para todo una sonrisa. Su mejor amiga, Ximena Realpe, la recuerda como una mujer que inspiraba tranquilidad. Eran amigas desde el colegio. Con la voz débil e intentando contener el llanto al otro lado del teléfono, Realpe dice que Lizeth era muy golosa, le gustaba el pollo asado y las papas fritas. Estudiaba Derecho, quería especializarse en derecho laboral y soñaba con que sus hijos sean policías. 

Desde que la cuarentena por el covid-19 se flexibilizó, Lizeth Riofrío y Ximena Realpe salían a ciclear al menos tres veces en la semana. Iban a Tufiño, una parroquia rural de Tulcán cerca de Colombia, o a Santa Fé de Tetés, un caserío al otro extremo de la ciudad. El día en que fue asesinada, salieron en las bicicletas con el hijo mayor de Lizeth, pasaron juntas toda la mañana. A las 3 y 15 de la tarde, Ximena Realpe recibió el último mensaje de su amiga, en el que le contaba que iba salir con el papá de sus hijos, sin saber que no volvería