El 17 de agosto de 2020, José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue sentenciado a cinco años de prisión como autor directo del delito de asociación ilícita por ofertar cargos públicos. El Tribunal Penal del Guayas dictará una decisión sobre las otras tres personas implicadas en el caso en una nueva audiencia, dijo la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El expresidente del CPCCS fue llamado a juicio el 24 de julio de 2020 por el entonces presunto delito de asociación ilícita. Tuárez estaba acusado de ser uno de los principales implicados en una organización delictiva que se dedicaba a cobrar dinero para entregar a cambio cargos en el sector público y a cambio de contratos con el Estado ecuatoriano. Según el artículo 370 del Código Integral Penal (COIP), este delito se castiga con una pena de entre tres y cinco años de cárcel. Tuárez recibió la pena más alta.
La investigación de la Fiscalía comenzó por una denuncia ciudadana que alertaba sobre la supuesta venta de cargos públicos. Entre las instituciones en las que se ofrecían los puestos a cambio de pagos ilegales estaban, según los fiscales, la Dirección General de Aviación Civil, la Aduana, la petrolera estatal Petroamazonas y ciertos hospitales públicos.
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José Carlos Tuárez estuvo alrededor de nueve meses en la Cárcel 4 de Quito cumpliendo una medida de prisión preventiva, después de haber sido detenido el 28 de noviembre de 2019 en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, junto a treinta personas más. Durante el proceso penal, Tuárez intentó obtener un habeas corpus y una medida sustitutiva de la prisión preventiva, pero ambos recursos fueron negados.
Tuárez era un sacerdote dominico que fue elegido en marzo de 2019por voto popular para integrar el CPCCS. El prelado, un manabita de 41 años al momento de su posesión, presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por cerca de dos meses. Su paso por el Consejo estuvo lleno de controversias: la orden religiosa dominica a la que pertenecía condenó su actuación, criticó a varios medios de comunicación, y finalmente enfrentó tres juicios políticos por incumplimiento de funciones, proselitismo, y arrogación de funciones. En agosto de 2019 fue destituido por la la Asamblea Nacional en uno de esos procesos por incumplimiento de funciones. Tuárez fue también separado del estado clerical.
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En el caso de oferta de cargos públicos a cambio de dinero, doce personas más ya fueron procesadas y sentenciadas a un año de prisión. Entre los implicados estaba Renata Jalkh, la hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
