José Tuárez deberá enfrentarse a tres juicios políticos por incumplimiento de funciones, proselitismo y arrogación de funciones. Las solicitudes de juicio fueron presentadas por Fabricio Villamar, Jeannine Cruz, ambos asambleistas por CREO, y Raúl Tello, presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
El lunes 8 de julio, el legislador de CREO, Fabricio Villamar logró recopilar 57 firmas de respaldo en la Asamblea Nacional, que le permitieron oficializar un pedido de juicio político en contra de José Carlos Tuárez, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.
Villamar entregó la documentación requerida por la Asamblea para solicitar el enjuiciamiento político al presidente del CPCCS. Las causales a las que Villamar ha apelado para solicitar el juicio político contra Tuárez son cuatro; la primera es que Tuárez habría incurrido en la prohibición legal del artículo 21 numeral 10 de la Ley Orgánica del CPCCS, que establece que un representante de un culto religioso no puede desempeñarse como consejero. El segundo argumento de Villamar es que José Tuárez ha incumplido su deber de investigar las denuncias sobre actos de corrupción, establecido en el artículo 208 numeral 4 de la Constitución.
La tercera causal es el incumplimiento de su función principal como servidor público y la última causal presentada en su contra es la falta de probidad para cumplir las funciones de transparencia que le corresponden. Esto, porque Tuárez es acusado de haber presentado información falsa e incompleta en su postulación como candidato del CPCCS.
El martes 9 de julio de 2019 se presentó la solicitud de un segundo juicio político contra Tuárez por parte de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. La Comisión aprobó y delegó al asambleísta Raúl Tello —presidente de esa comisión— la recolección de firmas para solicitar un segundo juicio político. Según el asambleísta Tello, las causales para solicitar el segundo juicio son por irregularidades en su candidatura, negarse a presentar información ante la Comisión y por hacer proselitismo político. El consejero del CPCCS, Walter Gómez, también podría ir a juicio político por esta última causal.
La mañana del miércoles 17 de 2019, con 79 firmas, la coalición legislativa conformada por Alianza País, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) presentaron la solicitud de un tercer juicio político en contra del presidente del CPCCS, José Tuárez, y los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio. El juicio es por desacato al intentar revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, que realizó el ex Consejo Participación Ciudadana Transitorio a cargo de Julio César Trujillo.
Los pedidos deberás ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Si allí se aprueban, pasarían a la Comisión de Fiscalización que a su vez, emite un informe favorable o no, que es votado en el pleno de la Asamblea Nacional. El juicio político es un procedimiento constitucional para determinar la responsabilidad de las autoridades. El objetivo final es separar del gobierno a funcionarios públicos que han cometido delitos.
