Los últimos meses que trabajó, el sueldo de la profesora de inglés Ana Belén Salazar, de 24 años, llegaba cada vez más tarde. En julio de 2020 perdió su empleo en un preescolar de Guayaquil. Ella se encarga de todos los gastos de su hogar y no podía esperar, así que consiguió un trabajo a medio tiempo como recepcionista en la empresa bananera de un familiar. En esa situación, dice que solo logrará pagar una parte de sus deudas. Lo que vive, retrata la situación de muchos jóvenes ecuatorianos.

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La incertidumbre económica producida por la pandemia afectará a personas de todas las edades. Sin embargo, las generaciones más jóvenes están en mayor riesgo. Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que la crisis agravada por el covid-19 en Ecuador “es un problema para todos los rangos de edad”. Hasta junio de 2020, más de 270 mil personas habían sido desafiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Del total de desafiliaciones al IESS, el 40% tiene entre 21 y 30 años y el 24% entre 31 y 40. Es decir: de cada cuatro desafiliaciones, tres son de personas entre 21 y 40. 

Es la segunda crisis económica que enfrentan los millennials —las personas nacidas entre 1981 y 1996— en primera línea. Los primeros miembros de esta generación se enfrentaron a una Gran Recesión entre el 2008 y el 2009, cuando daban sus primeros pasos en el mercado laboral. Hoy, poco más de una década después, se enfrentan a la que podría ser la mayor recesión global en 90 años. 

Los millennials son “la primera generación de la historia de la humanidad que enfrenta dos crisis globales casi consecutivas en su periodo de mayor productividad”, según el Foro Económico Mundial. Las predicciones de los expertos son que los jóvenes —los millennials e incluso algunos centennials (nacidos desde 1997) que ya empezaron su vida laboral— sean los más afectados y se enfrenten a un drástico recorte de oportunidades laborales en los próximos años.

Las consecuencias de la crisis no solo se ven en Ecuador. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que más de uno de cada seis jóvenes no tiene trabajo por el covid-19. Los que todavía lo tienen, dice la OIT, han tenido recortes del 23% en sus horas laborales y en sus sueldos. 

A nivel mundial, más de cuatro de cada diez jóvenes empleados en el mundo trabajaban en los sectores más afectados por la crisis. En Argentina, en el primer trimestre del año, el desempleo afectó particularmente a los jóvenes de 14 a 29 años (en ese país, los chicos de entre 14 y 16 años pueden ser empleados en empresas operadas por sus padres o representantes). En Colombia el desempleo juvenil entre febrero y abril superó por 4 puntos porcentuales al del mismo periodo en 2019. El covid-19 no solo limitó los empleos a los que podrían tener acceso, también puso obstáculos en su educación y formación. Según la OIT, habrá consecuencias a largo plazo para quienes buscan entrar en el mundo del trabajo por primera vez o quieren cambiar de empleo.

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La forma en la que los millennials y los centennials enfrentarán la crisis será diferente. Quienes recién están entrando a la fuerza laboral la van a sufrir más. En Ecuador, además de la falta de oportunidades, no podrán acceder a las medidas que ha propuesto el gobierno —como seguros de desempleo y bonos— para paliar los efectos de la crisis. 

Con la Ley de Apoyo Humanitario —con la que se espera resolver los problemas económicos generados por la pandemia— se creó un seguro de desempleo al que pueden acceder quienes fueron despedidos en abril, mayo, junio y julio de 2020. El principal requisito es tener 24 aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las que al menos seis deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la terminación de la relación laboral. En pocas palabras: hay que haber trabajado formalmente por al menos 24 meses en la vida y durante mínimo medio año antes de quedarse sin empleo. “Muy pocas personas de esta generación tienen esa cantidad de aportaciones y pueden acceder al beneficio”, dice la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro —un centro de investigación y acción de políticas públicas y transformación social. La incapacidad de acceder al seguro evidencia las graves consecuencias del empleo no adecuado. 

Antes de la pandemia, Ecuador tenía seis programas de transferencias monetarias para atender a distintos grupos (conocidos coloquialmente como bonos). Durante la emergencia, se creó uno más: el Bono de Protección Familiar. Sin embargo, según Muñoz, los jóvenes tampoco podrán acceder a los bonos creados o ampliados durante la crisis porque están enfocados a otras poblaciones: madres solteras, familias y otros grupos vulnerables. En teoría los beneficios existen, pero los jóvenes no pueden aferrarse a ellos. 

Ante la falta de empleo, hay quienes han considerado invertir en su propio emprendimiento, una decisión que viene con su propio grupo de problemas. El economista y antropólogo Aquiles Hervas dice que aunque se considera que los jóvenes son más propensos a tener proyectos o ideas innovadoras, en la realidad, “la oportunidad para que ese joven acceda a los mecanismos para volver real esa idea es más reducida”. Hervas dice que las generaciones más jóvenes tienen menos probabilidades de poder acceder a un crédito en una entidad financiera porque sus bases financieras no son lo suficientemente sólidas para calificar para uno. Además, si la escasa confianza financiera se transmite al ámbito familiar tampoco podrá recibir apoyo del patrimonio familiar para poner en marcha sus proyectos, en caso de tener esa posibilidad. 

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Históricamente, la situación laboral de los jóvenes ha sido más complicada que la de las personas de más edad. “Los factores económicos han golpeado con más fuerza a este segmento de la población”, dice Hervas. El experto explica que desde después de la crisis de 1998 y el 2000 las principales tasas de desempleo estaban en la población más joven. Es decir que, indistintamente de las mejoras de la economía,  hay un conjunto de barreras que impiden el acceso al trabajo formal y pleno. 


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El futuro del (des)empleo


Influyen varios factores. Desde la edad, la experiencia y el tiempo que tienen en el campo laboral, hasta la accesibilidad al empleo dependiente con beneficios de ley. Sebastián Sánchez, del Parlamento de Jóvenes de Quito —una organización de la sociedad civil que trabaja en incidencia ciudadana y juvenil—, dice que no hay espacios de empleo pensados para los más jóvenes. Empezando porque muchas carreras —especialmente las de los becarios en el extranjero— todavía no tienen plazas de trabajo activas en el Ecuador.  

Otro factor es la falta de experiencia, agravada porque en la educación superior no les dan espacios para vivir de forma práctica lo que están estudiando. La OIT dice que la falta de experiencia juega en su contra, incluso cuando aplican a trabajos categoría inicial, por eso tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que las personas de más edad. Además, en todo el mundo, una quinta parte de los jóvenes no está estudiando ni buscando activamente un trabajo. Lo que significa que ni están adquiriendo experiencia laboral, ni recibiendo ingresos de un trabajo, ni mejorando su educación o sus competencias. 

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El desempleo es solo la punta del iceberg contra el que los jóvenes parecen navegar. Según la  OIT, el 62,4% de la población económicamente activa de los jóvenes en América Latina y el Caribe está en el sector informal —10 puntos porcentuales más que en otras generaciones. La alta tasa de informalidad de la región implica que la mayoría de ellos están más expuestos a participar en formas de trabajo que los hacen más vulnerables a bajas remuneraciones y a que sus empleadores los exploten. 

Durante la emergencia sanitaria, esa vulnerabilidad se hizo más evidente. Ana Belén Salazar recuerda que primero intentaron despedirla con un visto bueno —una forma de terminar la relación laboral sin indemnización por faltas repetidas o negligencia. Se asesoró con un experto porque sabía que su empleadora no tenía bases para demostrar las causales establecidas en el artículo 172 del Código de Trabajo ecuatoriano. Finalmente, llegaron a un acuerdo: Salazar firmaría su renuncia a cambio de poco más de la mitad de la liquidación que, según la ley, le correspondía por despido intempestivo. 

Hay algunos grupos más vulnerables a esos riesgos por su género, discapacidades, raza, situación migratoria, orientación sexual, entre otras. Según Guy Ryder, director general de la OIT, la crisis del covid-19 está afectando a las mujeres jóvenes con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo. Ana Patricia Muñoz dice que hay otro sector que podría estar encabezando la línea de riesgo: quienes no tienen educación superior. “Ese tipo de empleos son los que primero se cortan”, dice Muñoz.  Es probable que la recuperación económica en los grupos más vulnerables sea más lenta que para los otros, lo que crearía brechas muy importantes si no se toman medidas inmediatas y significativas para mejorar la situación. 

Los jóvenes tienen un reto importante: impulsar el camino hacia la reactivación económica. Gabriel Aulestia, vicepresidente regional de la Asociación de Jóvenes Empresarios, dice que tener una sociedad que no tiene suficiente trabajo es “una oportunidad de encontrar fallas en la economía como la conocíamos”. Ver los errores del pasado abre las puertas para crear nuevas soluciones, ser innovadores, e impulsar al país a la siguiente etapa. 

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Para conseguir esa meta, se necesitan varios cambios. Ana Patricia Muñoz dice que las oportunidades laborales de la nueva realidad no deben estar limitadas a las formas tradicionales —como un título de tercer o cuarto nivel—, sino a las competencias y habilidades que las personas tienen. Es fundamental que esas oportunidades laborales tengan acceso a beneficios que garanticen la seguridad y el futuro de los trabajadores. 

Para solucionar los problemas agravados con el covid-19 es indispensable generar empleo seguro y justo.  Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que se debe trabajar en soluciones de fondo, como reformar el Código de Trabajo para ofrecer modalidades de contratos laborales más flexibles. Sugiere ampliar los plazos de prueba, establecer contratos por horas o por proyectos. Dice que si las leyes vigentes no sirven para crear nuevas fuentes de empleo, hay que reformarlas. Solo así se garantizará el cambio sin quitarle los beneficios de ley a los empleados ni complicar la contratación para los empleadores. 

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Las consecuencias del covid-19 obligaron a Ana Belén Salazar a modificar sus metas financieras, profesionales y académicas. Debía graduarse de la universidad en mayo de 2020, pero sus últimas clases deben ser presenciales, así que tiene que esperar hasta que pueda completarlas. El retraso la obligó a posponer su especialidad en el extranjero hasta el próximo año, pero todavía es incierto. Durante los primeros meses de la cuarentena tuvo una emergencia de salud —no relacionada al covid-19— en la que gastó los ahorros que tenía separados para invertir en su educación. 

La pandemia cambió el rumbo del futuro de las generaciones más jóvenes para siempre. “Deberán poner detrás un montón de metas planificadas para que se cumplan en uno o dos años”, dice Laura Páliz, especialista en finanzas y negocios internacionales. Comprarse el primer auto, irse a vivir solas, invertir en una maestría, comprar una casa, empezar una familia, tendrán que esperar. Páliz sugiere ser realistas —informarse al máximo de la situación laboral y económica— y trazar un plan de acción con los recursos que se tengan disponibles. 

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No se trata solo de cambiar el tipo de carreras que se estudian. Páliz dice que en Ecuador se debe tomar lo que sirva del modelo antiguo de hacer las cosas y “plantear nuevos procesos, políticas, productos y servicios” que sean atractivos a nivel local e internacional. La responsabilidad es compartida. 

No recae solo en las políticas públicas, involucra al sector privado, educativo y a los trabajadores.  Sebastián Sánchez, del Parlamento de Jóvenes de Quito, dice que se deben crear espacios en los que no funcionen solo como asistentes, sino que puedan tener una voz activa y participativa. A su vez, ellos tienen la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que surjan para explotar al máximo sus capacidades y generar un cambio sostenible a largo plazo.