El empleo es otra de las víctimas sociales del covid-19 en Ecuador. Nuestra legislación no estaba preparada para el parón en seco de la economía que está llevando decenas de empresas a la quiebra y dejando a miles de trabajadores sin empleo. Para intentar capear la crisis, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que plantea que, entre otras cosas,  empleadores y empleados lleguen a acuerdos para evitar el cierre de los negocios, preservando el empleo. El legislativo tiene hasta el 16 de mayo para decidir cómo se intentará salvar el mercado laboral del Ecuador.

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Si se aprueba la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, los empleadores y empleados podrán acordar modificar los términos de su relación laboral. Horarios, remuneraciones y tipos de jornadas de trabajo. Si este acuerdo es imprescindible para la subsistencia de la empresa empleadora y no se logra, la compañía deberá liquidarse, lo que no la eximirá de cumplir con sus obligaciones legales, como pagos de haberes pendientes e indemnizaciones.

Cuando comenzó la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo dijo que para precautelar el derecho a la estabilidad laboral —una prioridad durante la crisis sanitaria, según el Ministro de Trabajo, Luis Poveda—  se modificaron las actividades laborales no esenciales (las que no son del sector salud, gestión de riesgos o servicios básicos). Durante las emergencias, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que las autoridades modifiquen las condiciones de trabajo locales —siempre con el consentimiento del trabajador. En Ecuador, las empresas que pudieron, optaron por el teletrabajo o adelantaron las vacaciones pagadas acumuladas. El Ministerio de Trabajo dio tres opciones más: reducir, modificar o suspender la jornada laboral por un acuerdo de las dos partes. Aún así, evitar los despidos masivos ha sido imposible. 

¿Por qué? Porque el Ecuador ya tenía un panorama económico complicado: el precio del petróleo venía cayendo sostenidamente desde 2015, el país estaba endeudado y sus condiciones de inversión eran poco atractivas. Uno de los detentes para la inversión era —es— su muy rígida legislación laboral. 

Esa rigidez dificulta la gestión de la vertiente laboral de la crisis. Según el Ministro de Trabajo, hay más de 4.500 denuncias por despidos intempestivos por la pandemia y se hicieron 834 inspecciones para garantizar los derechos de los trabajadores. Muchas empresas separaron a sus empleados sin indemnización por despido acogiéndose a una polémica interpretación de una disposición del Código de Trabajo que dice que los eventos de fuerza mayor son motivo para terminar los contratos. 

La norma no establece parámetros para delimitar qué podría clasificarse como fuerza mayor. La decisión de las empresas generó el rechazo de los extrabajadores e incluso del Ministro de Trabajo, Luis Poveda. “No es posible que en esta crisis se den por terminados los contratos individuales”, dijo Poveda, quien ha apelado a “la sensibilidad” de empleadores y trabajadores.  “La sensibilidad se quedará corta”, dice Pablo Salinas, abogado experto en Derecho Laboral. Si, y en qué condiciones, la emergencia sanitaria constituye un hecho de fuerza mayor, lo decidirán los jueces. cuando tengan que resolver las demandas interpuestas por los empleados. Por ahora, la falta de flexibilidad de la legislación ha hecho que las relaciones de trabajo se rompan en vez de adaptarse. 

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En el futuro laboral ecuatoriano no habrá ni buenos ni malos; sino mayores o menores perdedores. La economista Mónica Rojas, decana del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, explica que enfrentar una crisis de esta magnitud sin capacidad fiscal ni ahorros, no saldrá barato para las empresas y los trabajadores ecuatorianos. En muchos casos llegar a un acuerdo será muy difícil, en otros imposible y las empresas serán liquidadas y dejarán de funcionar, cayendo, de facto, en la imposibilidad de volver a contratar empleados. Es un futuro dos veces sombrío: no habrá ni negocio ni empleo. 

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La legislación laboral ideal debería garantizar el empleo durante la crisis y reactivarlo cuando termine. El economista Pedro Romero, especialista en pánico económico, dice que se debería fomentar “la inversión de las empresas, facilitar los contratos ocasionales y la liquidación” durante las recesiones económicas, como la que estamos atravesando. “Así se pueden crear puestos de trabajo por un plazo limitado” con salario y seguridad social proporcionales al tiempo trabajado, sin que las empresas tengan que pasar por costosas y complicadas liquidaciones. Se garantizaría el empleo, dice Romero, sin quebrar a las empresas en el proceso. 

El proyecto de ley enviado a la Asamblea propone un contrato laboral especial emergente. Puede durar máximo 2 años y ser renovado una sola vez. Su jornada laboral sería de mínimo 20 horas semanales y máximo 40, la remuneración y beneficios de ley serán proporcionales al tiempo trabajado. Es similar a los contratos por servicios ocasionales del sector público. En el sector privado hay uno similar, pero más restrictivo. La nueva modalidad será para nuevas líneas de negocio o empresas con dificultades económicas que necesitan contratar personal urgentemente para aumentar la producción o cumplir obligaciones pendientes.

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La Asamblea continuará discutiendo el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario las próximas dos semanas. En el primer debate, las opiniones de los legisladores estuvieron muy divididas. Algunos sostienen que en los acuerdos laborales debería participar, también, el Estado. Otros discrepan en qué es lo que conformaría un hecho de fuerza mayor, y otros discuten si el contrato especial emergente atenta contra los derechos de los trabajadores. Sin consensos aparentes, resuena el pedido que les hizo el presidente de la Asamblea, César Litardo: no lo archiven ni lo dejen pasar automáticamente por el Ministerio de la Ley el 16 de mayo. 

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A Ecuador le hace falta una reforma laboral más integral y humanitaria, dice el economista Pedro Romero. “Es tarde, pero es mejor que nunca hacerlo”, dice. El covid-19 puso al mundo en un escenario económico nunca antes visto. En nuestro país, reveló la necesidad urgente de crear leyes que protejan los intereses de las dos partes por igual. Pablo Salinas insiste en que no se puede esperar que la sensibilidad, el diálogo y las modalidades alternativas de trabajo sean suficiente para precautelar la seguridad laboral y empresarial durante la recesión mundial más grande desde la Gran Depresión. Romero dice que ya no se pueden postergar las conversaciones “entre empleados y empleadores en materia de gestión tributaria, laboral y contractual“ que se están proponiendo con el proyecto de ley que se discute en la Asamblea. Solo así se lograrán cambios reales que garanticen más seguridad para empresas y trabajadores en tiempos de crisis y, también, en los de prosperidad.