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Una sociedad rota

Más grave que los daños materiales, la fragilidad política y la incertidumbre económica con que nos quedamos después del paro, es la descomposición del tejido social ecuatoriano.
  • consecuencia más grave del paro

    Después doce días de paralización, es claro que la consecuencia más grave del paro es la sociedad rota que nos deja. Fotografía de Diego Ayala León para GK.

La sociedad ecuatoriana sigue sufriendo de serios problemas enraizados en su fuerte segmentación y sus altos niveles de desigualdad. Esa es, quizá, la lección más importante que nos dejan las movilizaciones sociales de octubre de 2019.  Lo que inició como una serie de reclamos puntuales, terminó siendo una revuelta extremadamente violenta que evidenció varios males que aquejan a la sociedad ecuatoriana.

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Los analistas sociales de visión más amplia saben que lo que en buena parte movió las protestas no es nada nuevo. Más allá de la importancia que tienen en la coyuntura actual la eliminación de los subsidios a los combustibles y las demás reformas económicas propuestas por el gobierno de Lenín Moreno, las demandas expresadas en las calles y en las redes —de muy diversas formas y con distintos niveles de legitimidad— son similares a las que los pueblos indígenas han venido haciendo por décadas: sociedades más incluyentes, en que las oportunidades sean iguales para todos en la práctica y no sólo en el papel.

Y esto no sorprende, ya que la ecuatoriana continúa siendo una sociedad con altos niveles de desigualdad. Según datos de la World Inequality Database, proyecto de investigación dirigido por los reconocidos economistas Facundo Alvaredo, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del planeta. Según datos del Banco Mundial, Ecuador ocupa el décimo quinto lugar (de veinticinco países) en desigualdad en la región: no somos tan desiguales como Brasil (uno de los países más desiguales del mundo), pero estamos lejos de un país como Uruguay, el menos desigual de la región. En términos de pobreza no estamos mucho mejor: según datos de la misma fuente, en el país hay aproximadamente cuatro millones de personas —más del 20% de la población— viviendo bajo la línea de la pobreza. Y no hay que engañarse: en Ecuador, si eres indígena, lo más probable es que estés dentro de ese 20% de personas pobres.

El problema es que, como afirma Matthew Carpenter-Arévalo, la desigualdad en el Ecuador es “el subsidio más grande que existe”. La combinación de una alta concentración de la riqueza en pocas manos, altos niveles de pobreza, y un legado colonial de una sociedad racista y clasista, hace que en el Ecuador la movilidad social sea extremadamente baja. Aquí el sistema meritocrático que caracteriza a, por ejemplo, el famoso “sueño americano”, simplemente no funciona. En el Ecuador el discurso de que “el pobre es pobre porque no trabaja” es manido, pero no es cierto. En nuestro país, si alguien nace rico, tiene buenas probabilidades de morir rico, así no trabaje. Y si alguien nace pobre, las probabilidades de que muera pobre son las mayores. Que no nos sorprenda entonces que los sectores más vulnerables de la población, cada cierto tiempo, saquen a relucir sus inconformidades con la estructura social ecuatoriana, y que en muchas ocasiones esto se manifieste de formas violentas.

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Ahora, no quiero que se me entienda mal. No defiendo de ninguna manera la protesta violenta. Tampoco la represión excesiva por parte del Estado. Estoy consciente de la multiplicidad de intereses políticos y económicos que hicieron que la protesta indígena se convierta en la desgracia que fue para todos (no soy ciego a los infiltrados y vándalos que aprovecharon la coyuntura para perseguir sus propias agendas). Hay una clara diferencia entre defender una protesta (que puede tornarse violenta por muchos motivos) y tratar de entender por qué sucede. Para que quede claro, en este artículo lo que busco hacer es lo segundo.

La violencia que vimos es el producto acumulado de siglos de resentimientos hacia la desigualdad y varios tipos de injusticia. Es también simplista afirmar —como hacen algunos— que fue Rafael Correa el inventor de los conflictos intergrupales en la sociedad ecuatoriana. Correa hizo evidentes, y utilizó a su favor, problemas latentes que existían desde hace mucho. Eso es lo que hacen los populistas: aprovecharse de conflictos ya existentes (sean estos culturales, religiosos, políticos, o como en este caso, socioeconómicos), para ganar el respaldo de un segmento importante de la población. Correa, al igual que sus colegas populistas de Latinoamérica (y ahora, del mundo entero), supo identificarlos y exacerbarlos para producir una sociedad polarizada en extremos peligrosos.

Tal vez lo más triste de todo lo que hemos evidenciado en las últimas semanas son las profundas divisiones existentes entre distintos grupos de la población ecuatoriana. Odios, pasiones extremas, posiciones intransigentes. Indígenas que se sienten excluidos de la gran colectividad (¿de la nación?). Élites socioeconómicas totalmente desconectadas de la historia del país, de las luchas tradicionales y de los problemas del día a día de sectores importantes de la población. Vecinos que dicen que ahora hay que “organizarse y armarse” para estar protegidos de sus propios conciudadanos. Me ha dado pena leer mensajes en redes sociales de personas cercanas a mí (amigos, colegas y familiares) que desbordaban en racismo, complejos de superioridad moral e intelectual, y odio. “Vamos a cazar indios” decía alguien; “si no piensan como yo, auto-elimínense de mi grupo de mis amistades”, decían varios. Memes con el rostro de Hitler como “solución” al “problema indígena”. Y así, un número de posiciones intransigentes, que expresan absoluta falta de empatía hacia los problemas del otro, y que poco a poco van rasgando el ya maltrecho tejido social del país.

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Aquí no hay ganadores. Lo que los movimientos indígenas consideran hoy una victoria histórica sobre las políticas del FMI (o sobre el neoliberalismo, en términos generales), terminará siendo una victoria pírrica. Los ajustes en la economía llegarán tarde o temprano, probablemente camuflados en nuevas medidas, y nos afectarán a todos: a los sectores más pudientes y a los más vulnerables. La institucionalidad democrática ecuatoriana se ha visto, una vez más, seriamente amenazada y debilitada. Los partidos políticos y sus líderes, casi inexistentes ya antes de la crisis, no han sabido hacer POLÍTICA (sí, con mayúsculas) y han salido mal parados. El gobierno, como principal responsable del torpe manejo de la crisis, que llevó a la tremenda escalada de la violencia, también ha sufrido un duro golpe en términos de legitimidad. Y ni se diga de Rafael Correa y sus seguidores, que por querer pescar a río revuelto han sido los que peor parados salieron.

Queda en nuestras manos una sociedad rota. Pueda que me equivoque, pero más grave que los daños materiales, la fragilidad política y la incertidumbre en términos económicos con que nos quedamos después de estos días, es la descomposición total del tejido social ecuatoriano la consecuencia más grave de la crisis. El racismo, los odios, los resentimientos históricos entre grupos distintos siguen estando allí, latentes, y tarde o temprano volverán a manifestarse de formas violentas. Si bien el gobierno y los distintos movimientos sociales están obligados a encontrar soluciones urgentes a la coyuntura de la situación económica del país, es deber de todos, desde cada una de nuestras posibilidades, el aportar a construir una sociedad mejor. Es hora de bajarnos de la espiral de la violencia, y tratar de —en lo posible— reconstruir y fortalecer las redes de confianza y diálogo que harán que en el futuro sea posible solucionar nuestras diferencias de maneras verdaderamente democráticas y pacíficas.