Profundidad

Por convicción o cálculo político, más asambleístas apoyan el aborto por violación

El 3 y 10 de septiembre se retomó el segundo debate a las reformas del Código Penal, y los discursos a favor de que una mujer violada no vaya presa por abortar, han aumentado.
  • más asambleístas apoyan la despenalización del aborto por violación

    Ilustración de Paula de la Cruz

Después de seis días de debate, la Asamblea Nacional ha dejado de hablar y votará sobre la despenalización del aborto por violación. Lo hará, tentativamente, el 18 de septiembre de 2019. El 3 y el 10 de ese mismo mes intervinieron los asambleístas por última vez. Hablaron de un asunto que llaman polémico, delicado, difícil porque, según algunos de ellos, atraviesa la fe y la moral (como si un dogma estuviera por encima de los Derechos Humanos: mejor no hablar de ciertas cosas). La del aborto por violación es una de las propuestas de cambio para el Código Integral Penal (COIP). Cuando un debate incluye reformas muy variadas —las del COIP van desde lucha contra la corrupción hasta delitos sexuales en contra de niños y adolescentes— los asambleístas, usualmente, se dividen en tres grupos: los que están a favor, los que están en contra, y los que se abstienen de hablar sobre las reformas. Pero, hablando del derecho de una mujer violada a terminar el embarazo producto de ese crimen, surgió un cuarto grupo: los que en menos de un año cambiaron su postura, pasando de estar en contra a estar a favor.

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‘Soy provida’ y ‘defiendo la vida’ eran las frases de la introducción para lo que, con seguridad, era un argumento para votar en contra de la despenalización. Ahora, después de esas palabras, muchos asambleístas intercalan un ‘pero’, y empiezan a elaborar un argumento que, casi siempre, se enfoca en la doble victimización de las mujeres y en lo incongruente que les resulta que una mujer violada vaya presa por abortar. 

Uno de los ‘peros’ que mejor ejemplifica ese cambio es el de Henry Cucalón del Partido Social Cristiano (PSC). En enero, durante el primer debate, dijo “estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones”. Siete meses después, el asambleísta reafirmó su postura cuando no firmó el informe de mayoría que apoyaba el aborto por violación hasta la semana 14 de gestación. En ese momento tampoco suscribió el de minoría en contra de la despenalización (desmintiendo a la legisladora Lourdes Cuesta quien lo nombró como uno de los firmantes). 

Ahí apareció la primera duda. Cucalón no respondió cuando, en agosto de 2019, le preguntamos cuál era su postura si su firma no aparecía en ninguno de los informes. Henry Cucalón era, hasta hace apenas un mes, de los pocos legisladores del PSC que no había tomado una decisión. Sus compañeros de bancada —como Dayllana Passailaigue, Vicente Almeyda, Dennis Marín, Cristina Reyes— ya habían apoyado a la despenalización. Otros —como César Rohon y Esteban Torres— ya habían dicho que votarán en contra. 

La ambigüedad de Cucalón terminó cuando la primera semana de septiembre dedicó toda su intervención a hablar de la reforma al artículo 150 del COIP enfocándose en la violencia que ya ha sufrido una mujer violada que no debería ser revictimizada; ese mismo día tuiteó “no podemos criminalizar a mujeres violentadas y ultrajadas”. Su cambio se dio después de que Jaime Nebot —el líder de su partido— dijera en agosto de 2019 (apenas tres días después de que Cucalón se abstuviera a decir cuál era su postura) que no estaba de acuerdo con que una mujer violada sea encarcelada por abortar.  Nebot hacía pública su postura frente al tema después del reportaje en el que mostrábamos testimonios que daban cuenta de su oposición a que una mujer violada no pudiera abortar. 

La postura de Nebot podría haber contagiado a otros asambleístas de su partido como Magda Zambrano, quien apoyó la despenalización en la última parte del segundo debate. Del PSC hay solo otros dos asambleístas, entre ellos Vicente Taiano, que tienen discursos aún ambiguos. En Twitter, publicó un comunicado en el que por un lado dice “nunca estaré de acuerdo con que la víctima que sufrió la violación sea sometida a la cárcel” y por otro su propuesta se enfoca en “que el Estado se haga cargo del acompañamiento de la víctima de violación durante su etapa de gestación, con ayuda psicológica y de salud” y fortalecer el sistema de adopciones. Dos ideas que, en esta reforma concreta del COIP, no tienen cabida. 


Otra bancada que ha sorprendido por su cambio es la de la Revolución Ciudadana porque, de alguna u otra manera, responden aún al expresidente Rafael Correa. Religioso y ultraconservador, durante su gobierno, Correa llegó a amenazar con renunciar a la Presidencia si sus legisladoras insistían con la despenalización del aborto por violación. Pero seis años y un presidente después, las palabras del líder del partido pesan menos. 

El cambio se nota en la postura de Marcela Aguiñaga. En el segundo debate en agosto de 2019 Aguiñaga dijo “mi posición también cambió porque los políticos tenemos que reconocer cuando alguna vez pensamos una cosa y luego creemos otra… dimos un paso adelante porque nos dolió o porque nos informamos mejor”. 

Se nota en la postura de Doris Soliz, quien ese mismo día dijo que la despenalización “de ninguna manera fomenta el aborto” y que no era una postura “en contra de la vida sino a favor de los derechos humanos de las mujeres”. Mónica Alemán, quien hasta hace pocos meses era correísta —con un pañuelo verde amarrado en su micrófono— dijo que “encarcelar a una mujer que decide interrumpir su embarazo atenta contra su integridad física, sexual y psicológica”. El 3 de septiembre de 2019, Soledad Buendía mostró en la pantalla del pleno un video animado con la historia de Norma, una niña que fue violada y no pudo abortar; cerró su intervención diciendo que apoyaba la despenalización. 

Una semana después, Liliana Durán —también de Revolución Ciudadana—, cuando mencionó su apoyo a la despenalización, se refirió al derecho de las mujeres a decidir: “Más allá de credos, ideologías y fundamentalismos, tenemos una enorme responsabilidad con las mujeres y niñas que lamentablemente los índices siguen demostrando que están siendo vulneradas y violentadas”. 

Ese mismo día, Gabriela Rivadeneira —una de las más fieles seguidores de Rafael Correa— también dijo “estamos hablando de dar la condición de oportunidad a aquellas mujeres que han sido violadas y revictimizadas toda su vida”. 

En 2013, cuando Correa dijo que renunciaría si sus asambleístas “insistían” con la despenalización, la presidenta de la Asamblea era Rivadeneira. Las legisladoras que “insistían” fueron Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía, quienes recibieron una sanción de la Comisión de Ética del Movimiento Alianza PAIS: les prohibieron ir a la Asamblea y dar declaraciones públicas durante un mes. Sobre la sanción, Rivadeneira dijo, hace seis años, que no era “por el pensamiento diverso sino sobre la falta de organicidad y disciplina”. 

Rafael Correa, en lo que ha durado el debate (entre enero y septiembre de 2019), no ha mencionado el tema en sus intensas redes sociales. 

El movimiento País —cuyo líder político es el presidente Lenín Moreno— con un comunicado (un tanto tibio que evita decir “apoyamos el aborto por violación”) se pronunció a favor de la despenalización. Pero no quedan lo suficientemente claras las posturas individuales de sus asambleístas.

Las posturas que han cambiado no solamente están dentro de la Asamblea sino en la sociedad civil. Grupos sociales que históricamente habían estado en contra, o no se habían pronunciado, han hablado. Una es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que en enero mostró su apoyo a la despenalización del aborto, y el otro es el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) diciendo que están a favor de la reforma del artículo 150. El FUT dijo que “criminalizar el aborto es castigar el cuerpo femenino, y convertir la desigualdad biológica en desigualdad social”.

Los bloques legislativos históricamente conservadores como el Partido Social Cristiano, y el bloque fiel al correísmo, podrían determinar el resultado de una reforma que, hace seis años, ni siquiera pudo ser debatida porque fue censurada —con esas formas en las que la división de poderes no existía— por el entonces presidente Rafael Correa. 

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No todos los asambleístas han tomado las cifras —2700 niñas paren cada año en el Ecuador, la gran mayoría víctimas de violación, y hay 11 denuncias de violación diarias en el país— para cambiar sus posturas. Están también los que siguen en contra de la reforma. La semana que regresaron de la vacancia (el nombre oficial de las vacaciones de los legisladores), el socialcristiano César Rohon publicó una foto en Twitter en la que aparece él junto al asambleísta Esteban Torres, y los alternos de asambleístas del PSC Érika Poveda —alterna de Vicente Almeyda—, Bella Lozano —alterna de Raúl Campoverde—,  y Luis Núñez —alterno de Ramón Torres—, con el mensaje ¡Juntos defendemos la vida! La imagen de los cinco sonrientes con el pleno de fondo podría revelar cuánto apoyo tiene esta postura hoy. 

Si la fotografía incluyese a todos los que han intervenido —en los seis días que duró el primer y segundo debate— en contra de la despenalización, estarían al menos quince más. Entre las intervenciones de enero, febrero, agosto y septiembre de 2019 hablaron en contra de la despenalización Jaime Olivo de Pachakutik, Luis Pachala, Henry Moreno, Roberto Gómez, Héctor Yépez, y Pedro Curuchumbi de CREO, Noralma Zambrano y Carlos Cambala de Alianza País; Fredy Alarcón del Partido Sociedad Patriótica, Javier Cadena de Movimiento Social Conservador del Carchi, Lira Villalva de Revolución Ciudadana, Noralma Zambrano de Alianza País, y las independientes Viviana Bonilla y Lourdes Cuesta. Desde ambos extremos del espectro político, Bonilla y Cuesta, parecen coincidir en solo este tema: la vida empieza desde la concepción. 

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El 3 de septiembre de 2019 se cerró definitivamente el segundo debate a las reformas del Código Integral Penal. Esto quiere decir que el espacio oficial para que los asambleístas expongan sus posturas ya se cerró. La asambleísta ponente Ximena Peña dijo que a partir de ese día hasta el lunes 17, los asambleístas tenían la oportunidad de presentar todas las observaciones al proyecto de reforma.

Han sido nueve meses de espera desde que se reunieron por primera vez en el pleno para abordar el tema. En enero, febrero, agosto y septiembre, hubo 83 intervenciones. Según el presidente de la Asamblea, la fecha tentativa para la votación será el 18 de septiembre pero todavía no queda claro si se votará por paquete —todas las reformas al COIP—, por artículos —uno a uno—, o por títulos —artículos agrupados por temas. Sobre este tema, Peña pidió que “juntos, con los diferentes representantes de las bancadas, trabajemos en mecanismos de votación que nos permita separar aquellos temas que no tienen los votos que se requieren”. Y luego dijo que ojalá la Asamblea pueda aprobar, por unanimidad, la gran mayoría de las reformas. 

Los cambios en los discursos de los asambleístas se reflejarán, en la realidad, el día de lo votación. Una votación que podría cambiar la vida de mujeres que son violadas cada año en el Ecuador y están obligadas a parir el hijo de su abusador. 

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y editora de GK. Periodista con ganas de construir un mundo mejor. Investiga, reportea y escribe sobre derechos de las niñas, derechos de las mujeres, minorías y medioambiente.