La cédula de identidad es el principal documento de identificación para entrar al país. Un total de 45 mil venezolanos ingresaron con ella. 35 mil, lo hicieron con su pasaporte.

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En agosto de 2018, el gobierno intentó exigir un pasaporte vigente a los venezolanos para ingresar al país. La medida tenía como fin “garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos” como la de los ecuatorianos, según el entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini.

Desde ese entonces, según organizaciones de derechos humanos, se han abierto al menos setenta pasos irregulares entre Colombia y Ecuador, donde “coyoteros” cobran por pasar a los venezolanos.

La presentación del pasado judicial de los venezolanos para ingresar al país fue una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno. En un comunicado, el vicepresidente, Otto Sonneholzner, dijo que deberá “diferenciar entre los venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y los que aprovechan la situación para delinquir”.

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El 28 de enero de 2019, la Defensoría del Pueblo, en un tuit, expresó su preocupación por los nuevos requisitos para el ingreso de personas venezolanas. Las medidas adoptadas están provocando la “creciente concentración venezolana en el control fronterizo de Rumichaca”. Cerca de 500 personas, entre niños, niñas, mujeres embarazadas, que encuentran en el control fronterizo, empiezan a tener necesidades de alimentación y abrigo.

En una entrevista Gina Benavides calificó de inconstitucional a la medida porque atenta contra el artículo 11 numeral 2 de la Constitución.

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Ley Orgánica de Movilidad Humana y el artículo 11 de la Constitución del Ecuador garantizan las igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas en movilidad humana. “Nadie podrá ser discriminado por su condicioón migratoria”. Sin embargo, políticas migratorias como exigir un pasaporte vigente a los venezolanos intentaron entrar en vigencia.