Profundidad

Cometió un asesinato; ¿lo contratarías como abogado?

Después de ser liberados, los exconvictos buscan rehacer su vida, pero enfrentan el estigma y los prejuicios de la sociedad. ¿Un asesino que ya cumplió con su condena tiene derecho a aspirar a ser considerado más que alguien que cometió un crimen?
  • La reinserción de un preso en la sociedad: Bruce Reilly en su oficina

    Reilly con una colega en su oficina. En prisión, pasó cientos de horas estudiando jurisprudencia y ayudó a por lo menos dos compañeros a reducir sus sentencias. Fotografía de William Widmer para The New York Times

Un grupo de académicos y activistas se reunió en la Universidad de Princeton en septiembre de 2018 para debatir sobre los límites de la inteligencia artificial en las políticas públicas.

El debate más largo involucraba algunas de las decisiones más delicadas en el sistema de justicia como, por ejemplo, conceder a alguien la libertad condicional o bajo fianza. Muchos de los asistentes estaban inquietos sobre el uso de algoritmos para determinar el tiempo en prisión, sobre todo porque la información sobre la delincuencia tiende a reflejar prejuicios raciales. Pero uno de los asistentes en especial destacó por su escepticismo.

Se llama Bruce Reilly. Es subdirector de una organización de Nueva Orleans llamada VOTE, que defiende a quienes han sido encarcelados con anterioridad. Reilly es una celebridad en este campo. Fue asesor del coordinador de la reciente campaña de los comicios en Florida que restituyeron el derecho al voto hasta a 1,4 millones de delincuentes rehabilitados y ayudó a implementar iniciativas similares en Rhode Island y Luisiana.

Bruce Reilly

Bruce Reilly recibió la libertad condicional en 2005, después de cumplir su condena por un asesinato cometido en 1992. Fotografía de William Widmer para The New York Times.

Reilly, de 45 años, tiene ojos traviesos y la piel curtida, y en Princeton, vestía un saco oscuro que no parecía ser su look natural. A pesar de que apenas era media mañana, su camisa ya estaba casi por fuera del pantalón cuando se dio la vuelta para dirigirse a una investigadora de posdoctorado de Princeton que estaba sentada junto a él.

“En términos estadísticos”, le dijo Reilly, “la persona que representa menor inseguridad al salir de la cárcel es un asesino”. La estudiante, Madelyn Sanfilippo, hizo una mueca de aparente incredulidad.

“Pareces alguien a quien le interesan las estadísticas”, continuó Reilly, argumentando que las personas convictas de delitos menos graves con frecuencia entran y salen de prisión, mientras que alguien que cumple una larga sentencia por asesinato normalmente ha madurado y dejado atrás su delito cuando sale de prisión.

“Tiene sentido”, dijo Sanfilippo, más abierta a esta afirmación.

Conversaron cordialmente unos minutos más. Cuando terminaron, Reilly se giró y me susurró al oído: “No tiene ni idea”.

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En septiembre de 1992, un profesor de una universidad comunitaria llamado Charles Russell recogió a un joven de 19 años que pedía aventón en una carretera interestatal. Finalmente, ambos llegaron a la casa de Russell, donde fumaron marihuana y conversaron sobre libros durante horas.

Una semana después, el joven regresó. Los hombres conversaron y fumaron de nuevo. Sin embargo, cuando Russell le hizo sexo oral, el joven se enfureció. Tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Russell en el cuello.

Russell intentó defenderse con un atizador de la chimenea, pero él lo golpeó hasta que dejó de moverse. Cuando el joven se estaba vistiendo, Russell se levantó, tomó una estatuilla y lo atacó. El hombre le quitó la estatuilla y le propinó varios golpes más, aplastando fatalmente el cráneo de Russell.

Un año después, al seguir una pista, la policía arrestó a Bruce Reilly. Él confesó que se había enfurecido durante el encuentro sexual y que la pelea se había puesto peor cuando Russell se defendió.

“Yo reaccioné… había sustancias acumuladas dentro de mi cuerpo”, dijo Reilly. Al enfrentarse a una cadena perpetua, aceptó el trato de declararse culpable de asesinato en segundo grado y un juez lo sentenció a veinte años de prisión seguidos de otros veinticinco de libertad condicional.

Reilly

Reilly con una colega en su oficina. En prisión, pasó cientos de horas estudiando jurisprudencia y ayudó a por lo menos dos compañeros a reducir sus sentencias. Fotografía de William Widmer para The New York Times

Muchos de los amigos de bachillerato de Reilly estaban impactados, pero no totalmente sorprendidos. Su vida doméstica era un desastre: su madre entraba y salía de instituciones psiquiátricas, y él vivió en hogares adoptivos durante años cuando era niño. De adolescente, era traficante de drogas y robaba placas de automóviles. Lo aceptaron en la universidad, pero no llenó sus documentos a tiempo para obtener ayuda financiera. Se movía constantemente de un trabajo sin futuro o un departamento inestable a otro, hasta que una noche terminó en la casa del hombre al que asesinaría.

En la cárcel, Reilly se volvió una especie de asceta. Leía y escribía durante horas todos los días y restringía estrictamente el tiempo que veía la televisión.

Reilly a menudo era el asesor legal más eficaz que alguna vez consultaron sus compañeros reclusos. Pasaba cientos de horas estudiando jurisprudencia en la biblioteca de la prisión y redactó decenas de solicitudes, informes y mociones. Ayudó al menos a dos de sus compañeros a restar varios años de sus sentencias. “Era como magia para las personas, como mezclar sustancias químicas”, dijo su amigo Steven Parkhurts, quien aún está en la cárcel.

Reilly obtuvo su libertad condicional en 2005. Se inscribió en el Rhode Island College, tuvo empleos de sueldos bajos y participó activamente en un grupo local de derechos civiles, OpenDoors. Esta organización estaba haciendo campaña para una iniciativa por restituir el derecho al voto de los delincuentes después de liberarlos y Reilly terminó trabajando como estratega y coordinador voluntario en esa propuesta, la cual fue aprobada.

Con el fin de seguir trabajando a favor de quienes fueron encarcelados con anterioridad, Reilly solicitó su ingreso a la Facultad de Derecho. Aunque su calificación estuvo en el siete por ciento más alto en el examen de admisión estandarizado, no tenía certificado de licenciatura, y solo lo aceptó una de las más de veinte escuelas. A finales de 2011, Reilly llegó al campus de la Universidad Tulane, y casi de inmediato confrontó la pregunta que lo persigue hasta la fecha.

El consenso político respecto a reintegrar a los exconvictos a la sociedad ha cambiado más rápido esta década que en ningún otro momento de la historia moderna. A finales del año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la aprobación de un proyecto de ley histórico para reducir las sentencias a prisión de una variedad de infractores federales. Muchas ciudades y estados han promulgado leyes que “prohíben incluir la casilla en la solicitud”, las cuales evitan que los empleadores pregunten acerca de los antecedentes criminales en las solicitudes de empleo. La iniciativa de Florida a cuyo dirigente asesoró Reilly fue aprobada por una proporción de casi dos a uno.

Sin embargo, muchos de estos logros recientes han beneficiado a delincuentes no violentos. ¿Y qué ocurre con la rehabilitación para quienes han cometido crímenes violentos?

“Nosotros como cultura todavía tenemos que encarar el perdón para alguien que comete un delito que universalmente consideramos” abominable, me dijo Reilly una vez. “El traficante de drogas… esa persona ni siquiera debería estar en la cárcel”, continuó. “Los problemas difíciles son la reintegración de las personas para las que en realidad está diseñado el sistema de justicia penal”. Personas como él.

Aunque para Reilly ayudar a esta causa es el trabajo de su vida, él es un ejemplo de sus limitaciones. En primer lugar, debido a que su delito fue tan grave, y en segundo porque no está satisfecho con solo tener casa y empleo. Aspira a tener logros y reconocimientos, como grados superiores y becas, y desea trabajar en asuntos legales de vanguardia.

Cuando Reilly llegó a la Facultad de Derecho de Tulane en 2011, al principio se juntó con un grupo de estudiantes interesados en los derechos civiles y a los que no les incomodaba su pasado. “Sin titubear me dijo que había estado preso por asesinato”, recuerda su compañera Allyson Page. “Yo dije: ‘Bueno, está bien’. No me lo esperaba, pero no me importó gran cosa”.

No obstante, en unas semanas, otro estudiante comenzó a divulgar el expediente de Reilly por todo el campus. Algunos compañeros se quejaron de que su presencia ponía en riesgo su seguridad y les dificultaría conseguir empleo.

La historia —un exconvicto en una exclusiva facultad de derecho— fue tomada por el popular blog de asuntos legales Above the Law (Sobre la ley). Un estudiante anónimo se preguntaba si “cuando se le integre a uno de los ambientes que provocan mayor tensión en Estados Unidos, Reilly llegará a su punto crítico y le hará honor a su pasado violento”. Alguien más lo apoyó: “Creo que se les debe dar una segunda oportunidad a los criminales. Pero ¿por qué en Tulane? ¿Acaso somos la Facultad de Derecho para los asesinos?”.

Con el temor de que Tulane cancelara su inscripción, Reilly trató de mantener un perfil bajo. Pero pronto se dio cuenta de que tenía que impedir que sus compañeros obtuvieran su información de segunda mano, del internet. Entonces trató de convencer a sus compañeros, uno a la vez, de que él era uno de ellos.

Pese a que Reilly se disculpó con la familia de Russell en la audiencia de su sentencia en 1996, basta con un pequeño sondeo para confirmar lo vigente que sigue estando su crimen. La cuñada de su víctima, Marilyn Rodríguez, me dijo que ella y sus dos hijos habían sido muy cercanos a Russell y que su muerte había “desestabilizado” a toda la familia.

“El dolor todavía está presente en nuestra familia”, añadió. “No puede deshacerse el daño”.

A Reilly, quien se graduó de Tulane en 2014, le gustaría poder ejercer, pero es muy poco probable que pueda aprobar la parte de “integridad moral e idoneidad” del proceso de admisión a la barra de abogados. Le interesan los temas sobre la información y protección de datos en internet, pero tiene problemas para obtener una posición establecida en esos campos.

Después de obtener su grado en Derecho, Reilly buscó sin éxito un puesto que se adaptara a sus habilidades: puestos administrativos en Washington, trabajos temporales en casos dentro de la industria del entretenimiento en Los Ángeles, incluso un puesto en el Tribeca Film Institute en Nueva York. Solo consiguió dos entrevistas y tuvo dificultades para hablar con sus jefes potenciales de su expediente delictivo.

“Cuando la conversación llega a ese punto”, comentó Reilly, “te visualizan matando a alguien”.

Finalmente, después de seis meses acumulando deudas en su tarjeta de crédito además de sus préstamos de estudiante, obtuvo un empleo en Nueva Orleans como auxiliar jurídico en el Capital Appeals Project, el cual representa a los indigentes en espera de ejecución. De ahí pasó a otra organización reformista de la justicia penal y finalmente a VOTE.

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Reilly llama la atención rápidamente por su inteligencia. Por ejemplo, cuando era estudiante de Derecho, solo pasó unas cuantas horas investigando para concluir que la prohibición de que los criminales en libertad condicional o bajo fianza votaran en Luisiana probablemente violaba la constitución del estado, y muchos expertos legales estuvieron de acuerdo. Sin embargo, el hecho de que Reilly haya dedicado su vida profesional a los derechos de los exprisioneros —en contraposición con un tema menos personal como los alimentos genéticamente modificados, otro de sus intereses en la facultad de Derecho— da testimonio de la forma en que su pasado lo limita.

La raza también complica su trayectoria ascendente de una forma incómoda. Después de que Reilly me presentó como periodista con sus compañeros reformistas en una convención el verano pasado, algunos reaccionaron con un poco de molestia: los temas de justicia penal afectan de manera desproporcionada a las minorías, ¿y yo iba a hacer la semblanza de un hombre blanco?, ¿de Rhode Island?, ¿que asistió a una escuela de Derecho de lujo?

Reilly es el primero en reconocer las ventajas que tiene sobre los exprisioneros que son negros o latinos. “Como hombre blanco, puedo pasar inadvertido”, dijo. Pero aún le duele el escepticismo que algunas veces ocasiona su raza.

A Reilly lo motiva la creciente cantidad de exprisioneros que han tenido acceso a profesiones de élite y han borrado los estratos sociales. Hace referencia con orgullo a su amigo Andrés Idarraga, quien estuvo un tiempo en la cárcel por vender drogas y luego obtuvo un grado en Derecho de Yale y trabajó para el afamado despacho de abogados Boies Schiller Flexner, y Reginald Dwayne Betts, un aclamado poeta que se graduó de la Facultad de Derecho de Yale tras pasar un tiempo en prisión por robo de vehículos a mano armada. Sin embargo, ninguno de los dos fue sentenciado por asesinato.

Reilly

Reilly en una reunión de VOTE. Después de obtener su título como abogado en la Universidad Tulane en 2014, batalló durante meses para conseguir un empleo. Fotografía de Edmund D. Fountain para The New York Times

Reilly cree que al contar su historia puede ayudar a reducir el nerviosismo que puede generar una condena por asesinato. Pero, a pesar de que ha asistido a reuniones y audiencias en Princeton y en los Santos de Nueva Orleans, Reilly no ha visto que a las organizaciones fuera del área de la justicia penal les interese mucho trabajar con él por periodos prolongados. Lo ven como una fuente de información o un punto de vista útil, pero pocas veces como un posible colega o amigo.

En septiembre, en la convención de Princeton, Reilly tuvo una larga e igualmente productiva conversación acerca de la vida después de la prisión con un hombre llamado Chuck Howell, quien trabajaba en una empresa que administra centros de investigación y desarrollo federales. Sin embargo, cuando ambos bromearon sobre los departamentos de policía y el problema de disciplinar a los policías deshonestos, Reilly utilizó una metáfora ampliada de la cárcel.

Si el integrante de una pandilla agravia a un interno de una pandilla diferente, dijo, los líderes del grupo del infractor normalmente acordarán castigarlo por su cuenta. Desde donde yo estaba parado, Howell, quien al parecer había estado interesado y receptivo al comienzo de la conversación, empezó a verse incómodo.

“El problema de los policías es que no lo hacen”, continuó Reilly, queriendo decir que los departamentos de policía no frenan a los oficiales deshonestos. “Si fueran una verdadera pandilla, matarían al tipo. No digo que lo maten, pero que resuelvan el asunto”.

Howell se quedó callado. La conversación no volvió a ser igual.

*Jack Begg, Kitty Bennett y Doris Burke colaboraron con la investigación. Karen Ziner colaboró con este reportaje.*


©The New York Times 2019

Escritor de The New York Times y exeditor senior de The New Republic. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Oxford y una licenciatura en matemáticas y economía de la Universidad de Tulane.