La mañana del viernes 7 de julio, el abogado en Derechos Humanos Juan Auz estaba en Lima para explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo varios proyectos extractivistas en el Ecuador violan el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Auz había llegado a la audiencia temática junto a Mirian Cisneros —la presidenta del pueblo kichwa Sarayaku—, Numi Tsankip —presidente del pueblo Shuar Arutam—, y Felipe Ushigua —representante de la nacionalidad Sápara. A las audiencias temáticas —un espacio de diálogo y actualización donde se expone la violación a los Derechos Humanos en un país pero no trata casos particulares— están convocados los afectados, representantes del Estado implicado y la Comisión.
Desde el 6 de febrero del 2017 esta audiencia estaba aprobada, y desde el 7 de junio agendada —luego de que la Comisión revisara un informe de los afectados. Pero a las 12:00 del mediodía del 7 de julio, cuando se suponía que debía comenzar, los representantes del Estado ecuatoriano no llegaron y un miembro de la Comisión leyó un comunicado de los ausentes: decía que no iban a ir porque la CIDH solo acepta audiencias temáticas de las mismas organizaciones peticionarias, con los mismos temas (hasta presentaron un cuadro con el detalle) y que, además, no tenían la obligación de asistir porque no hay una ley que los obligue.
Aunque desde el 2013 el Estado ecuatoriano no han asistido a ninguna audiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la que ha sido convocado, Auz esperaba que con el nuevo gobierno esta situación cambie.
¿En verdad esperabas que los representantes del Estado asistan a la audiencia?
Sí, la verdad que sí, tenía muchas expectativas con el nuevo gobierno. Pensé que esa voluntad de diálogo (Lenín se ha reunido con casi todos los excandidatos a la presidencia) no solo esté en las formas sino en los temas de fondo. Entonces cuando nos enteramos de que no iban a venir, fue un balde de agua fría.
¿Y crees que la justificación de su ausencia es válida?
Es una excusa que no tiene ningún tipo de argumento, ni justificación legal ni ética porque de todos los Estados que conforman el sistema interamericano, hasta Venezuela va a las audiencias temáticas. Ecuador tiene un compromiso con los Derechos Humanos: es parte de la Comisión y aparte la Constitución contempla esos derechos. Y los funcionarios públicos deben proteger los derechos humanos. Faltarle el respeto a la Comisión es una pésima señal de la voluntad del gobierno en cumplir sus obligaciones. Pero esa no es razón para dejar de usar el Sistema que está ahí desde los años 60 y es una instancia histórica que ha servido para la reparación de miles de víctimas de Derechos Humanos. Negar el legado histórico de una instancia regional es lamentable y preocupante. Pero esta es una excusa sin validez bajo cualquier tipo de estándar.
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A pesar de la ausencia —y el desaire, Auz y los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas afectados contaron los problemas que enfrentan en sus territorios debido a los proyectos petroleros y mineros. La exposición estuvo enfocada en el derecho de la identidad cultural y planteó tres ejemplos: cómo a pesar de que el Pueblo Kichwa Sarayaku tienen sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá una nueva ronda petrolera que afectará su territorio; cómo dos bloques petroleros dentro del territorio Sápara amenazan su cultura, como el idioma —catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y cómo los Shuar Arutam y Shuar Nakints son víctimas de desplazamientos forzosos a causa de un proyecto de minería a gran escala.
Auz solicitó a la CIDH que pida al Estado ecuatoriano que respete, proteja y garantice estos derechos —contemplados en la Constitución y en tratados internacionales—, y que haga una visita in situ para que constante la situación. Según Auz, la relatora de la Comisión de Ecuador aceptó el pedido. Ahora dependerá de la voluntad del Estado aceptar la presencia de la Comisión en el país.
Esta vez la audiencia se enfocó en la violación de los derechos culturales. ¿Por qué?
Porque es un tema nuevo que no se ha tratado en audiencias temáticas antes, y toma cada vez más forma y presencia dentro de la jurisprudencia de la Corte. Nos parece que es un argumento bastante válido pero los Estados no los toman en cuenta porque creen que la cultura de los pueblos indígenas no tienen valor. Esa idea la comparten las empresas extractivas que no le dan valor a lo intangible.
¿Y cuál es la importancia de este derecho a la identidad cultural?
La identidad cultural tiene varias aristas y dimensiones. Lo que rescataría es la relación bastante intrínseca, simbólica y material entre la naturaleza que se encuentra dentro del territorio de los pueblos y su cosmovisión. Por ejemplo, el conocimiento y utilización de ciertas plantas para usos medicinales, ritualísticos, que es parte de su acervo cultural, podrían perderse. Esto ya ha sucedido en el pasado con otros pueblos y sucede cuando las empresas entran de forma violenta, por ejemplo con apertura de caminos, llegan colonos e interrumpen por completo la dinámica cultural que ha estado ahí por años. Obviamente se corre el riesgo de que por la imposición de nuevas dinámicas culturales en el territorio, la gente se empieza a olvidar de las plantas que funcionan de tal y tal manera, o de cómo cazar. Como tienen dónde comprar comida, ya no tienen la necesidad de ir al bosque y cazar, y esa interacción cotidiana con el bosque, con los ríos, con las montañas, con las cascadas, crean los patrones culturales de los pueblos indígenas. A la vez si es que se interrumpe la forma de adquirir conocimiento va a ser difícil trasladarlos a las siguientes generaciones, como el idioma de los pueblos indígenas que muchas veces contiene conceptos muy precisos de la relación entre su territorio, el ambiente y las comunidades. Hay palabras Sápara que abarcan un concepto muy particular de un tipo de relación que no lo tiene ningún otro pueblo indígena. Por ejemplo en el sentido mítico, tienen sus propias formas de historias relacionadas con el uso de ciertas plantas y técnicas para pescar, caminar, ver, escuchar. Esas palabras, esos nombres que vienen del pasado, no lo tienen otros pueblos indígenas. Esos nombres obviamente pueden perderse y eso es perder un legado histórico de una construcción conceptual entre naturaleza y comunidad. Es una pérdida irreparable porque no va a haber gente que lo hable o lo entienda. Es una violación al derecho a la identidad y cultura porque ellos no pidieron el ser asimilados, fueron casi invadidos.
¿Cuál fue la reacción de la Comisión ante el tema?
La Comisión, en general, es muy abierta con la sociedad civil del continente, está siempre actualizándose de la situación de los países. Esta vez estuvo la relatora para Ecuador, el relator de los pueblos indígenas y un comisionado experto en Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Fueron muy receptivos y entienden el problema porque están familiarizados con el tema: la situación de Ecuador no es aislada sino parte de lo que sucede en el continente. Las preguntas durante y después de la audiencia fueron bastante informadas y ellos están dispuestos a hacer las recomendaciones necesarias a los estados. Solo hubo un par de comentarios sobre los pueblos indígenas que incomodaron un poco.
¿Como cuáles?
El comisionado manifestó que las comunidades indígenas deberían también negociar los beneficios de la explotación de los recursos no renovables. El comentario causó un poco de malestar porque no se resaltó el hecho de que los Estados y empresas tienen la obligación de proveer todas las facilidades para que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa y que reciban la información necesaria para decidir. Además ni en el Ecuador ni en el continente hay casos positivos que sirvan para ejemplificar cómo los Estados o las empresas han actuado a favor de los pueblos indígenas.
Claro, como en los tres casos que se presentaron en la audiencia temática donde no se realizó consulta previa. ¿Cómo el Estado ecuatoriano sigue justificando esto?
Es complicado porque el Estado dice que sí hubo (consulta) en la ronda que afecta a los Sáparas y Sarayaku pero esa fue una consulta previa completamente deficiente y antijurídica. El decreto ejecutivo 1247 —del 19 de julio de 2012— reglamenta la consulta previa de los bloques hidrocarburíferos pero este no fue sometido a consulta legislativa ni está acorde a los estándares internacionales. Por ejemplo no enfatiza ni siquiera menciona el hecho de que se tiene que informar todos los impactos del proyecto (no solo los positivos sino negativos), no toma en cuenta a las autoridades y líderes legítimos de los pueblos indígenas, el tiempo para supuestamente realizar la consulta es muy corto para preguntar a tanta gente, y tampoco se respetan los mecanismos de participación a los que ellos están acostumbrados, como las asambleas. Este decreto fue más como una decisión política para acelerar el proceso de licitación petrolera haciendo parecer que se está cumpliendo con los derechos.
¿Qué impacto ha tenido este decreto?
En la aplicación no se tomaron en cuenta a los líderes indígenas sino que se firmaron convenios y compromisos y actas solamente con líderes (ilegítimos) que ya estaban a favor de la explotación y eran afines al gobierno. No se tomó en cuenta a gente más crítica. Según la información de la misma Secretaría de Hidrocarburos se consultó solamente al 40% de todas las comunidades afectadas, y en la información que ellos publican no se desagrega cómo fue el tipo de participación, cuánta gente asistió a las invitaciones. La Secretaría dice que se consultó a 10 mil personas pero no dice dónde ni cómo. Si contrastamos este número con el último censo del 2010 de las zonas que van a ser afectadas, la gente que debió ser consultada son más de 100 mil. Entonces se consultó a menos del 10%.
¿Y en el caso de los proyectos mineros?
Las mismas comunidades Shuar afectadas dicen que no hubo acercamiento ni consulta previa como dice la Constitución que debe haber para el proyecto minero. En este caso, el Estado se escuda detrás del argumento que estos no son territorios ancestrales indígenas pero eso niega por completo la dinámica y la forma de ocupación territorial de los pueblos indígenas, niega el estado plurinacional ya que muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dado el reconocimiento de los territorios, dicen que les pertenecen a las comunidades aunque no estén titulados.
Estas prácticas —en las que los más perjudicados han resultado los pueblos indígenas— que caracterizaron al antiguo gobierno son las que Auz espera se eliminen en el nuevo régimen. Esta semana planea publicar un pronunciamiento colectivo y formal para preguntarle al Estado ecuatoriano por qué no asistió, qué significa la ausencia y qué postura política tiene frente al diálogo. De la audiencia temática en Lima, la Comisión elaborará un informe y enviará una petición para la visita in situ al país. El protocolo es que Ecuador acepte y envíe una invitación formal a la Comisión. Si el Estado no admite la visita, la Comisión podría tocar las puertas de otras instancias como la OEA u otros mecanismos de incidencia diplomática como la ONU. Cada organización podría recomendar que se acepte la visita pero ninguna implicaría una obligación legal. Al final esa apertura al diálogo depende solo del nuevo Presidente.
