Profundidad

Lo que el Ecuador debe aprender de Ferguson

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O por qué militarizar a la policía es una pésima idea

El policía que mató a un adolescente desarmado en el estado de Misuri en agosto de 2014, no será enjuiciado. Así lo decidió un jurado. Ferguson –el suburbio donde vivía el joven, llamado Michael Brown– reaccionó con dolor y rabia. La comunidad afroamericana está profundamente herida. Sin embargo, más allá de los sentimientos de opresión racial histórica que la muerte de Brown ha revivido, lo que pasó en Ferguson es el resultado de un problema contemporáneo aun más inquietante: la militarización de la policía en Estados Unidos. Hay lecciones que el Ecuador puede aprender de ese proceso, en especial ahora que se debaten potenciales reformas constitucionales para permitir a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana. La gran lección que Ferguson deja es que nada tienen que hacer los militares en las calles.

La militarización de la policía estadounidense es el resultado de las dos grandes guerras que Estados Unidos ha peleado desde 2001. Después de los ataques terroristas del once de septiembre de ese año, el gobierno de Washington inició operaciones militares masivas para erradicar al gobierno talibán de Afganistán y la dictadura de Saddam Hussein en Irak, regímenes que veía como partidarios de organizaciones terroristas. Cientos de miles de estadounidenses fueron enviados a ambos teatros de operaciones, al tiempo que la industria militar producía municiones y armas por miles de millones de dólares. Cuando ambos conflictos terminaron, dejaron un gran excedente de armamento y de personal militar que debía ser reinsertado en la vida civil.

En un esfuerzo por reintegrar a estos soldados y eliminar el excedente de armamento, desde el 2010 se ha estimulado la contratación de veteranos de guerra para los departamentos policiales de todo el país. Al mismo tiempo, el programa 1033 del Departamento de Defensa transfirió armamento de guerra a distintas ciudades. Ferguson fue una de beneficiarias. De manera soterrada, Estados Unidos rompía el Posse Comitatus, un principio legal por el cual no se admite la participación militar en seguridad interna, una tarea que es considerada civil y de prerrogativa local.

Una de las diferencias entre militares y policías es cómo usan la fuerza: los primeros, de forma discrecional –por personal formado para aplicarla letalmente para quebrar la moral de un adversario–; mientras que los segundos, de manera progresiva –por personal formado para facilitar la aplicación de ley en un marco de debido proceso–. Al incorporar veteranos de guerra, se estaba –de hecho incorporando policías que privilegiaban el uso de la discrecional, en un contexto en que debe primar el uso progresivo.

La muerte de Michael Brown es producto –en gran medida– de ese cambio. Hoy prevalece la idea de que la policía tiene que usar la fuerza en primera instancia, y todos los elementos armados disponibles. Parece que la premisa fuese que la demostración de fuerza letal es el principal mecanismo de control policial. Esto ha derivado en un gran número de casos de abusos policiales, de los cuales Michael Brown es un número más. En noviembre de 2014, Tamir Rice, un niño de doce años de Cleveland, en Ohio, murió cuando un policía le disparó porque creía que tenía un arma en su cintura. En realidad, era tan solo un juguete.

Ecuador debe aprender serias lecciones de los casos de Brown y Tamir Rice, y están directamente relacionadas con los debates respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. La primera lección es sobre cuán compatibles son la preparación militar (destinada al uso discrecional de la fuerza) y la preparación policial (que debe enfocarse en el uso progresivo de la fuerza). Desde una perspectiva abstracta y fiscal, sería lógico pensar que ambos entrenamientos podrían ser empleados en tareas policiales. Ferguson es un amargo recordatorio de que no es así. El entrenamiento militar forma mentalidades y hábitos culturales diametralmente opuestos a lo que el trabajo comunitario de la policía requiere. Esto hace que ambos contingentes, operativamente, no puedan funcionar de forma conjunta.

La segunda lección es respecto a la idoneidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Desde una perspectiva de maximización de uso de los recursos fiscales, se podría argumentar que sin conflictos armados latentes, es más que adecuado usar la capacidad militar en seguridad interna. Sin embargo, tal como en Estados Unidos, lograr esta supuesta optimización es en realidad sembrar las semillas para generar casos de uso excesivo de la fuerza. Si queremos evitarlos, es necesario que procedamos con cautela al suponer que ambas mentalidades e instituciones son complementarias y compatibles.

Los casos de Tamir Rice y Michael Brown nos muestran que el trabajo policial es extremadamente complejo. Si los líderes ecuatorianos parten de premisas simplistas sobre cuán compatibles son las misiones policiales y militares, prepararán el terreno para abusos que podrían generar tristes resultados. En los dos casos relatados, personal que supuestamente debió estar entrenado para usar la fuerza progresivamente y de manera secundaria, la usó discrecionalmente. Si Ecuador quiere encontrar maneras más eficientes de usar los recursos militares en tiempos de paz, el debate tiene que ser de otra naturaleza, tal como la reducción de las fuerzas militares, o si es posible hacer más eficiente el presupuesto del Ministerio del Interior, bajo cuyas órdenes opera la Policía Nacional. 

César Cedeño
Experto en operaciones militares. Fanático de Bob Esponja y convencido en la idea que Ecuador puede ganar en todo lo que se proponga.