La militarización de la policía estadounidense es el resultado de las dos grandes guerras que Estados Unidos ha peleado desde 2001. Después de los ataques terroristas del once de septiembre de ese año, el gobierno de Washington inició operaciones militares masivas para erradicar al gobierno talibán de Afganistán y la dictadura de Saddam Hussein en Irak, regímenes que veía como partidarios de organizaciones terroristas. Cientos de miles de estadounidenses fueron enviados a ambos teatros de operaciones, al tiempo que la industria militar producía municiones y armas por miles de millones de dólares. Cuando ambos conflictos terminaron, dejaron un gran excedente de armamento y de personal militar que debía ser reinsertado en la vida civil.
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En un esfuerzo por reintegrar a estos soldados y eliminar el excedente de armamento, desde el 2010 se ha estimulado la contratación de veteranos de guerra para los departamentos policiales de todo el país. Al mismo tiempo, el programa 1033 del Departamento de Defensa transfirió armamento de guerra a distintas ciudades. Ferguson fue una de beneficiarias. De manera soterrada, Estados Unidos rompía el Posse Comitatus, un principio legal por el cual no se admite la participación militar en seguridad interna, una tarea que es considerada civil y de prerrogativa local.
Una de las diferencias entre militares y policías es cómo usan la fuerza: los primeros, de forma discrecional –por personal formado para aplicarla letalmente para quebrar la moral de un adversario–; mientras que los segundos, de manera progresiva –por personal formado para facilitar la aplicación de ley en un marco de debido proceso–. Al incorporar veteranos de guerra, se estaba –de hecho incorporando policías que privilegiaban el uso de la discrecional, en un contexto en que debe primar el uso progresivo.
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La muerte de Michael Brown es producto –en gran medida– de ese cambio. Hoy prevalece la idea de que la policía tiene que usar la fuerza en primera instancia, y todos los elementos armados disponibles. Parece que la premisa fuese que la demostración de fuerza letal es el principal mecanismo de control policial. Esto ha derivado en un gran número de casos de abusos policiales, de los cuales Michael Brown es un número más. En noviembre de 2014, Tamir Rice, un niño de doce años de Cleveland, en Ohio, murió cuando un policía le disparó porque creía que tenía un arma en su cintura. En realidad, era tan solo un juguete.
Ecuador debe aprender serias lecciones de los casos de Brown y Tamir Rice, y están directamente relacionadas con los debates respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. La primera lección es sobre cuán compatibles son la preparación militar (destinada al uso discrecional de la fuerza) y la preparación policial (que debe enfocarse en el uso progresivo de la fuerza). Desde una perspectiva abstracta y fiscal, sería lógico pensar que ambos entrenamientos podrían ser empleados en tareas policiales. Ferguson es un amargo recordatorio de que no es así. El entrenamiento militar forma mentalidades y hábitos culturales diametralmente opuestos a lo que el trabajo comunitario de la policía requiere. Esto hace que ambos contingentes, operativamente, no puedan funcionar de forma conjunta.
