La Fiscalía General del Estado se encarga de investigar los delitos en el país. Es autónoma —no depende del Presidente ni de la Asamblea Nacional— y forma parte de la Función Judicial. Su trabajo es reunir pruebas, acusar cuando hay indicios y actuar para que se respeten los derechos de las víctimas.
El Fiscal General del Estado es su máxima autoridad y su principal función es dirigir las investigaciones penales en nombre del Estado. Por ejemplo, los ex fiscales Diana Salazar y Wilson Toainga destaparon varios casos de corrupción y delincuencia organizada, cuyos tentáculos entraron el sistema de justicia del país, como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla.
El período del fiscal general es de seis años y no podrá ser reelegido, según la Constitución.
La designación ha sido disputada históricamente por movimientos y partidos políticos. ¿Por qué? Porque el cargo concentra un poder clave: decide qué casos penales se investigan, contra quién se formulan cargos y cómo se sostienen las acusaciones ante los jueces.
Te explicamos cómo se elige el Fiscal General del Estado.
Requisitos y prohibiciones
Quienes aspiran ser Fiscal General del Estado deben tener:
- nacionalidad ecuatoriana
- derechos políticos vigentes
- título de abogado
- 10 años de experiencia en judicatura, docencia o práctica penal
🗞️Desde el 18 de febrero se abre la convocatoria al concurso para designar Fiscal General del Estado.
— Participa Ecuador (@CpccsEc) February 12, 2026
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Las 10 años de experiencia tienen que estar relacionados con el derecho penal que pueden incluir estas ramas: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y Seguridad Pública, Política criminal, Derecho Constitucional, Litigación Oral en materia Penal, Derechos Humanos, Menores y adolescentes infractores, Gestión Pública y Derecho Internacional en materia penal.
Entre las prohibiciones para los aspirantes están tener:
- bienes en paraísos fiscales
- vínculos familiares con autoridades del CPCCS
- condenas por violencia de género
- contratos con el Estado
- una mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
El reglamento para el concurso aprobado en junio de 2024 por el CPCCS eliminó prohibiciones históricas: ahora permite postular a personas destituidas, cesadas o que ya hayan ocupado el cargo de Fiscal General. Esto amplía el espectro de candidatos, pero abre sospechas sobre eventuales retornos de figuras cuestionadas.
Los encargados de organizar el concurso
El concurso para elegir el Fiscal General del Estado está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —una institución que se encarga de designar autoridades clave del Estado y promover participación y control ciudadano.
Para que inicie el concurso, el CPCCS abre la convocatoria para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, que debe estar integrada por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales y cinco delegados de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
El proceso funciona así: el CPCCS revisa que los aspirantes cumplan requisitos —deben ser mayores de edad, tener título en Derecho y tener experiencia profesional en participación ciudadana o lucha contra la corrupción. Después se abre la fase de impugnaciones ciudadanas.
El CPCCS califica méritos —formación, experiencia, capacitaciones— y se seleccionan los mejores puntuados —15 hombres y 15 mujeres. Después se sortean los 5 comisionados ciudadanos y sus suplentes. De los comisionados seleccionados se escogen presidente y vicepresidente.
Luego, la Comisión Ciudadana de Selección organiza todo el concurso: recibe postulaciones, define cómo se evalúa, verifica información, tramita impugnaciones y elabora informes en cada etapa.
Al final, emite un informe vinculante con los nombres de quienes aprobaron el proceso. Es decir, no solo administra el concurso: decide quién avanza y quién puede llegar a ser designado Fiscal General.
El reglamento también establece que los comisionados ciudadanos recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual de un consejero del CPCCS. Aunque el reglamento no fija un monto exacto, un consejero gana aproximadamente 4.000 dólares mensuales, lo que implica un pago cercano a 132 dólares por cada sesión a la que asistan los comisionados ciudadanos.
Las fases del concurso para elegir el Fiscal General del Estado
El reglamento del CPCCS establece seis fases sucesivas, todas públicas y sujetas a control ciudadano, según el reglamento para el concurso del Fiscal.
Las fases del concurso son organizadas por la Comisión Ciudadana de Selección, que debe estar integrada por diez miembros.
Primera: Convocatoria y postulación.
El CPCCS realiza una convocatoria nacional e internacional. Toda la información del concurso debe ser publicada en el sitio web del CPCCS, en las carteleras de las oficinas del CPCCS y también ser difundida por radio y televisión.
Los postulantes tienen 10 días para presentar su expediente completo que incluye el formulario de postulación, hoja de vida, declaraciones firmadas sobre tratamiento de datos personales y conflicto de intereses, copias notariadas de la cédula, certificado de votación y título universitario registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), certificados actualizados de no tener deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros documentos, como el certificado de no estar registrado en la base de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Los documentos deben entregarse en físico en las oficinas del CPCCS y ser enviados también por correo electrónico.
Segunda: Admisibilidad y reconsideración.
La Comisión tiene 10 días para revisar requisitos, prohibiciones y habilitaciones. Por ejemplo, verificará que el postulante sea ecuatoriano y tenga 10 años de experiencia como abogado. En tres días la Comisión publicará la lista de admitidos.
Después se abre un período de reconsideración de tres días. Si el postulante que no fue seleccionado decide solicitar la reconsideración debe ingresar la solicitud en físico en las oficinas del CPCCS y recibirá una respuesta en cinco días.
Tercera: Méritos y recalificación.
La Comisión revisa la formación académica y trayectoria, que se evalúan sobre 50 puntos distribuidos así:
- 20 puntos la formación académica, por ejemplo títulos, maestrías, especialidades y cursos relevantes.
- 15 puntos experiencia laboral y profesional, por ejemplo certificados laborales en el sector público y privado.
- 10 puntos experiencia específica, por ejemplo si fueron jueces penales o defensores públicos, docentes universitarios o la continuación formación académica.
- 5 puntos otros méritos, por ejemplo libros publicados como autor, artículos indexados, premios y reconocimientos.
Los aspirantes pueden pedir la recalificación hasta tres días después de ser notificados. El pleno del CPCCS debe darles una respuesta en máximo 5 días.
Cuarta: Impugnación ciudadana.
La ciudadanía tiene cinco días para presentar las objeciones a las candidaturas que pasaron la fase de méritos y recalificación. Lo deben hacer en las oficinas del CPCCS.Pueden presentar impugnaciones por cinco causales:
- incumplimiento de requisitos, por ejemplo, no tener la experiencia de 10 años necesaria.
- falta de probidad, por ejemplo, actuar sin honestidad, rectitud o integridad en el ejercicio de un cargo.
- prohibiciones, por ejemplo, tener deudas con el SRI.
- omisiones relevantes, por ejemplo, no mencionar que es familiar de un vocal del Consejo de la Judicatura.
- falsificación, por ejemplo si presentó el título de una maestría que no realizó.
Los postulantes deben presentar pruebas para descartar las objeciones a sus candidaturas en audiencias públicas. Dos días después de la audiencia, la Comisión notificará la resolución.
Quinta: Oposición y recalificación.
En esta fase se evalúa conocimiento teórico y capacidad práctica con dos pruebas que valen en total 50 puntos:
- La prueba escrita vale 30 puntos y contiene 60 preguntas extraídas de un banco de 3.000 ítems.
- La prueba oral vale 20 puntos y es una simulación de audiencia de juicio.
La Comisión Ciudadana de Selección va a conformar un equipo de expertos en derecho penal para que se encarguen de las pruebas, es decir realicen el banco de preguntas y la simulación. El reglamento no especifica un número mínimo ni máximo de expertos.
Sexta: Elección y designación.
Un día después de la prueba oral la Comisión publicará los resultados en el sitio web del CPCCS y notificará a los postulantes. El CPCCS designa al postulante con mayor puntaje. Si hay empate, se resuelve por sorteo público.
La designación se envía de inmediato a la Asamblea Nacional para la posesión final.
¿Por qué la designación de Fiscal General es clave?
La Fiscalía define la investigación del crimen organizado, la corrupción estatal y los abusos de poder. Una designación sin rigor afecta la capacidad del Estado para ejercer la acción penal con independencia y solvencia técnica.
La tesis es simple: la elección del Fiscal General no es un trámite administrativo. Es un test de resistencia institucional. Asegurar un concurso transparente no garantiza el fin de la impunidad, pero fracasar sí consolida su continuidad.
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