El 31 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa decretó el primer estado de excepción de 2026. Aplica en 9 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos; y los cantones de la Sierra, La Maná de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía de la provincia de Bolívar.
La razón, según el decreto 277, es, una vez más, una “grave conmoción interna” provocada por los índices de violencia, cometimiento de delitos y el nivel de actividad delictiva por grupos criminales en estos territorios.
Ecuador ocupó lugar de los países más peligroso del mundo, según el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025. Subió 36 posiciones en un año, de acuerdo con el informe anual. Según el documento, Ecuador tiene más de 50 grupos armados que participaron activamente en hechos violentos en los últimos 12 meses.
En 2025 el presidente Daniel Noboa decretó 6 estados de excepción. Cuatro provincias de la Costa, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro solo estuvieron 6 días sin estado de excepción en todo el año.
Te explicamos qué implica el primer estado de excepción de 2026.
¿Por qué el gobierno dice que hay una grave conmoción interna?
El estado de excepción durará hasta 1 de marzo de 2026 —es decir, 60 días— salvo que la Corte Constitucional determine que no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda total o parcialmente.
La justificación para la medida es “una dinámica de violencia y criminalidad”, especialmente por las disputas entre varios grupos delictivos por el control territorial y de rutas clave.
Por ejemplo, en el decreto se adjunta una noticia del 16 de octubre de 2025 de diario Expreso, de Guayaquil, que reporta un aumento de masacres en provincias vinculadas a la minería artesanal como Azuay, Sucumbíos y Orellana.
Asimismo, se adjunta una publicación del 3 de noviembre de 2025 del medio Aldia, de Los Ríos, que informó sobre una explosión en el centro de Babahoyo contra una cooperativa de transporte por presuntos intentos de extorsión.
También se adjunta una noticia del 5 de noviembre de 2025 del medio Machala Móvil que reportó que 20 personas fueron asesinadas en la provincia de El Oro entre el 1 y el 4 de noviembre.
Con estas y otras noticias e informes del Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, el decreto de Noboa justifica la causal de grave conmoción interna para decretar el estado de excepción. Lo que busca, según el decreto, es “enfrentar la dinámica de violencia y criminalidad organizada en los territorios focalizados” y ayudar a que la Policía y Fuerzas Armadas puedan actuar frente a estos hechos.
¿Qué implica el estado de excepción?
La medida incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La inviolabilidad de domicilio protege el espacio privado donde una persona vive o trabaja. Con la suspensión de este derecho, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas.
El decreto dice que las autoridades podrán hacer operativos para ubicar y registrar los lugares donde se oculten integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas a la delincuencia organizada. A nivel concreto, los policías o militares pueden ingresar a domicilios sin orden judicial.
Asimismo, están facultadas para decomisar armas, explosivos, drogas y otros materiales usados para cometer delitos. Esto con el propósito de desarticular y neutralizar amenazas actuales o futuras.
El derecho a la inviolabilidad de correspondencia protege las comunicaciones privadas —cartas, llamadas, correos electrónicos o mensajes— para que no puedan ser revisados sin autorización.
La suspensión de la inviolabilidad de correspondencia implica la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y cartas “que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita”. Es decir, ocultar miembros de grupos de delincuencia organizada y delitos.
A nivel práctico, las fuerzas del orden pueden revisar comunicaciones como mensajes, llamadas, correos y chats sin orden judicial.
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