La política y la justicia chocan cuando los controles democráticos alcanzan a quienes dirigen las instituciones llamadas a garantizar imparcialidad y legalidad.
Ese es el escenario que rodea hoy a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, convocado por la Asamblea Nacional en medio de denuncias graves y disputas políticas. Incluso, el presidente Daniel Noboa recomendó que Godoy renuncie después de su comparecencia en el Legislativo.
Lo que está en juego no es solo su cargo, sino la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano, en un contexto de crimen organizado y desconfianza ciudadana.
¿Por qué la Asamblea investiga a Godoy?
La investigación no nace de un solo hecho, sino de una acumulación de alertas.
El detonante fue la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido presiones en un proceso por lavado de activos vinculado al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según Serrano, esas presiones provinieron de instancias relacionadas con la Judicatura.
A eso se sumaron audios en los que aparece Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha y funcionario cercano a Godoy, pidiendo “especial atención” para el caso.
Aunque no prueban una orden directa, los audios instalaron una sospecha clave: posible intromisión administrativa en decisiones judiciales, una de las faltas más sensibles del sistema.
La Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial prohíben expresamente cualquier presión —incluso si no tiene éxito— sobre jueces.
El punto más delicado: conflicto de intereses
El caso escaló cuando se conoció que la defensa del procesado estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ella aseguró haber dejado ese caso antes de asumir él la presidencia de la Judicatura, pero el vínculo personal quedó expuesto.
Aquí aparece el concepto central del debate: conflicto de intereses.
No se trata de probar un delito, sino de evitar que la sola coexistencia de roles ponga en duda la imparcialidad del sistema. Como han señalado penalistas, el problema es preventivo y ético: cuando quien dirige la institución que administra la justicia tiene vínculos familiares con defensas de alto riesgo, la confianza pública se erosiona, incluso sin pruebas penales.
Del mismo modo que sería incompatible que un regulador financiero mantenga vínculos estrechos con quienes litigan grandes fraudes económicos, o que un árbitro deportivo dirija un partido donde participa un familiar, la dirección del órgano que administra la justicia exige una distancia ética absoluta frente a cualquier interés que pueda comprometer su imparcialidad.
Un nombramiento atravesado por la política
Godoy llegó al cargo en julio de 2024, tras la salida de Wilman Terán, investigado por corrupción. Fue en un proceso marcado por maniobras políticas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero la institución designó a Dunia Martínez como presidenta, pero pocos días después se hizo una nueva votación a favor de Godoy.
Su designación fue leída inicialmente como funcional al correísmo.
Con el tiempo, esa percepción cambió. En 2025, audios atribuidos a conversaciones entre dirigentes correístas sugirieron un distanciamiento, y Godoy pasó a ser visto como cercano al gobierno de Daniel Noboa.
El resultado: dudas persistentes sobre su independencia, venga de donde venga el respaldo político.
Comparecencia vs. juicio político: no es lo mismo
Aquí está una de las mayores confusiones:
- Comparecencia: sirve para que una autoridad explique hechos. No implica sanción.
- Juicio político: es un proceso formal que puede terminar en censura y destitución. Requiere 101 votos.
ADN, el movimiento oficialista, apuesta primero por la comparecencia; el correísmo quiere ir directo al juicio político. El experto en Derecho Parlamentario, Gonzalo Muñoz, asegura que no existe ninguna obligación legal de que una comparecencia anteceda a un juicio político, pues se trata de mecanismos independientes dentro del control legislativo.
Desde esa lectura, la insistencia en priorizar la comparecencia y trasladar luego el caso a una comisión no es neutra, sino una decisión política que, en la práctica, permite extender los tiempos y diluir la presión institucional sobre el funcionario investigado.
El tiempo también es político
En este caso, el tiempo no es un detalle técnico sino una herramienta de poder.
Aunque la convocatoria a comparecer a Mario Godoy fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, los plazos y el camino elegido revelan una disputa política de fondo. Desde el gobierno y la bancada oficialista ADN, se sostiene que no hay dilación y que el tiempo concedido responde al derecho a la defensa.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ha insistido en que no se puede anticipar ningún desenlace y que el proceso seguirá su curso institucional, sin interferencias del Ejecutivo en el Legislativo.
La oposición, en cambio, sostiene que el oficialismo no solo administra los votos, sino también los relojes.
Un proceso de fiscalización en comisión no tiene plazos máximos y existen precedentes —como el caso Progen— en los que las investigaciones se extendieron durante meses sin consecuencias políticas.
Además, si el juicio político es impulsado por ADN, el oficialismo necesitaría 101 votos para destituir a Godoy, algo incierto; si lo impulsa el correísmo, el caso se convierte en un nuevo campo de batalla entre bloques.
Lo que realmente está en juego
Más allá de nombres y audios, el caso Godoy plantea una pregunta de fondo: ¿qué estándares éticos debe cumplir quien dirige la justicia en un país atravesado por el crimen organizado?
La justicia no solo debe ser independiente: debe parecerlo.
Cuando la cabeza del órgano que administra jueces y fiscales concentra sospechas, conflictos de intereses y disputas políticas, la confianza pública se resquebraja, incluso si no se prueban delitos.
Por eso, el debate ya no es solo si Godoy es culpable o inocente, sino si es sostenible que siga en el cargo sin dañar aún más la legitimidad del sistema judicial.
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