El 4 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias de la Costa: Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, y los cantones de la Sierra, La Maná de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía de la provincia de Bolívar.
La razón, según el decreto 202, es una “grave conmoción interna” provocada por los índices de violencia, cometimiento de delitos y el nivel de actividad delictiva por grupos criminales en estos territorios.
El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí —junto con otras tres provincias— fueron decretadas en estado de excepción el 3 de enero de 2025. Esa medida duró 90 días. Luego, esas cuatro provincias también entraron en estado de excepción en abril por otros 90 días más.
A ese estado de excepción de abril, se sumaron otros 30 días, lo que hizo que se extienda al 30 de julio. Luego, el 6 de agosto fueron decretadas otra vez en estado de excepción.
Es decir, en lo que va del año Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro solo han estado 6 días sin estado de excepción.
El estado de excepción de noviembre es el sexto en lo que va de 2025.
¿Por qué el gobierno dice que hay una grave conmoción interna?
El estado de excepción de noviembre de 2025 durará hasta el 3 de enero de 2026 salvo que la Corte Constitucional determine que no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda total o parcialmente.
La justificación para la medida es “la intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos criminales”. Para explicar que hay una grave conmoción interna en el país, se adjunta información de plataformas de contenido y medios de comunicación.
Por ejemplo, se adjunta una noticia del 12 de octubre de 2025 del medio Primicias que dice que, según informes técnicos de la Policía y las Fuerzas Armadas, los cantones Echeandía, Las Naves y La Maná se perfilan como nuevos refugios estratégicos del crimen organizado en Ecuador.
Se adjunta otra del 27 de octubre de 2025, del medio El Diario que reportó sobre un ataque armado en un billar del cantón Santa Ana, en la provincia costera de Manabí, que dejó al menos cuatro muertos.
También —como justificación— el gobierno adjuntó un informe enviado por el Centro Nacional de Inteligencia que detalla qué son las estructuras criminales, sus categorías, evolución y zonas de influencia geográfica.
Como parte del decreto también hay dos informes enviados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que detallan las emergencias ciudadanas atendidas: en total 5.239 emergencias relacionadas con delitos violentos, de las cuales el 60,4% fueron en Guayas. Se suman a los anexos dos análisis generales del Ministerio del Interior sobre los grupos armados organizados.
Con estas y otras noticias e informes, el decreto de Noboa justifica la causal de grave conmoción interna para decretar el estado de excepción. Lo que busca, según el decreto, es “contar con el tiempo adecuado para mitigar los hechos fácticos planteados” y ayudar a que la Policía y Fuerzas Armadas puedan actuar frente a estos hechos.
¿Qué implica el estado de excepción?
La medida incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La inviolabilidad de domicilio protege el espacio privado donde una persona vive o trabaja. Con la suspensión de este derecho, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas.
El decreto dice que las autoridades podrán realizar operativos para ubicar y registrar los lugares donde se oculten integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas a la delincuencia organizada. A nivel concreto, los policías o militares pueden ingresar a domicilios sin orden judicial.
Asimismo, las fuerzas del orden están facultadas para decomisar armas, explosivos, drogas y otros materiales usados para cometer delitos. Esto con el propósito de desarticular y neutralizar amenazas actuales o futuras.
El derecho a la inviolabilidad de correspondencia protege las comunicaciones privadas —cartas, llamadas, correos electrónicos o mensajes— para que no puedan ser revisados sin autorización.
La suspensión de la inviolabilidad de correspondencia implica la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y cartas “que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita”. Es decir, ocultar miembros de grupos de delincuencia organizada y delitos.
A nivel práctico, las fuerzas del orden pueden revisar comunicaciones sin orden judicial.
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