El 4 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
La razón, según el decreto 174, es una “grave conmoción interna” provocada por la escalada de violencia en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El 12 de septiembre, tras semanas de tensiones con gremios, agricultores, productores y otros sectores sociales, el gobierno dispuso la eliminación del subsidio al diésel. Hasta entonces, el galón costaba 1,79 dólares. Con la medida pasó a 2,80 dólares.
El 18 de septiembre de 2025, la Conaie convocó a un paro nacional principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.
Ese mismo día, Noboa reformó el decreto de estado de excepción de septiembre y extendió el estado de excepción a la provincia de Chimborazo. Este decreto ordenó estado de excepción en ocho provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo y Chimborazo.
Pero el 3 de octubre de 2025, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del estado de excepción de septiembre sólo en dos provincias: Carchi e Imbabura.
Dieciséis días después, el Presidente decretó un nuevo estado de excepción y las disposiciones fueron:
- Suspensión del derecho a la libertad de reunión.
- La declaratoria estará vigente durante 60 días.
- Militares y policías se podrán movilizar para mantener el orden.
- Se aplicará en diez provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Este es el cuarto estado de excepción de 2025.
¿Por qué dice que hay una grave conmoción interna?
El estado de excepción de octubre de 2025 durará 60 días. Es decir, hasta el 3 de diciembre de 2025, salvo que la Corte Constitucional determine que el decreto no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda.
El decreto dice que esas paralizaciones y hechos de violencia han “alterado el orden público” y han provocado “situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas”. También por la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos.
La justificación de este decreto es una supuesta escalada de violencia y alteración del orden público durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Para justificar que hay una grave conmoción interna en el país, el decreto adjunta información de plataformas de contenido sobre el paro nacional.
Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2025, la Embajada de Italia en Quito informó que el embajador Giovanni Davoli viajaba en el convoy del presidente Daniel Noboa cuando fue atacado en la provincia de Imbabura.
El 29 de septiembre de 2025, la vía que conecta Cuenca con Riobamba y Quito estaba bloqueada desde la noche del 28 de septiembre por paro nacional, reportó El Mercurio.
También —como justificación— el gobierno adjuntó un informe enviado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y otro por la Policía Nacional. Estos detallan las manifestaciones y cierres viales a nivel nacional por la eliminación del subsidio al diésel.
Por estas noticias e informes, el decreto de Noboa dice que las diez provincias “concentran la mayoría de actos violentos” como ataques a personas y servidores públicos, paralización del transporte, bloqueos de carreteras y dificultades para mover productos esenciales. Lo que se busca, según el decreto, es “detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias”.
¿Qué implica el estado de excepción?
Entre las medidas adoptadas por Noboa está la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las diez provincias.
Esto implica que, durante las 24 horas del día, estarán prohibidas las aglomeraciones en espacios públicos cuyo objetivo sea paralizar los servicios públicos.
La Fuerzas Armadas y Policía pueden impedir o desarticular esas reuniones si generan riesgos. Pero deben actuar con proporcionalidad, necesidad y respeto a los demás derechos, señala el decreto.
Para el gobierno, estos hechos requieren una “intervención excepcional de las instituciones del Estado”, es decir, de las Fuerzas Armadas y la Policía con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, garantizar derechos y restablecer el orden público y la paz social.
En esos casos, militares y policías podrán impedir y desarticular reuniones que, de acuerdo con el decreto, representen una amenaza a la seguridad ciudadana.
El gobierno de Noboa dispuso que militares, policías e instituciones del Ejecutivo trabajen juntos para “prevenir acontecimientos de violencia”, así como proteger la vida e integridad física de la ciudadanía.
El decreto también dice que las Fuerzas Armadas y su participación para restablecer el orden público será complementaria a las acciones de la Policía que será la encargada de “reforzar el control interno”.
Pero estas atribuciones, según el decreto, no implica la restricción de manifestarse “siempre que sea pacíficamente y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.
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