El 10 de septiembre de 2025, la empresa Gráficos Nacionales S.A., editora de los medios de comunicación Expreso y Extra, advirtió de la existencia de “una campaña de difamación” en su contra. Su pronunciamiento respondía a una publicación de la plataforma de contenidos La Posta, titulada “Canillitas millonarios, un milagro express”.
En un video de dos minutos, una presentadora señala que canillitas —como coloquialmente se conoce a quienes venden periódicos en las calles— habrían servido de fachada para “canalizar” 5,6 millones de dólares a la cuenta de una “empresa de medios impresos de Ecuador”, mediante un presunto “esquema millonario de facturas fantasmas”.
“¿Fraude tributario?”, cuestionaba La Posta. El fraude tributario es un delito que ocurre cuando una persona o empresa oculta, altera o falsea información para pagar menos impuestos de los que legalmente le corresponden, o para obtener beneficios indebidos frente al Servicios de Rentas Internas (SRI).
Aunque en el video no se menciona directamente el nombre de los diarios, detrás de la presentadora aparece un ejemplar de Expreso. Además, recurre a un juego de palabras que alude explícitamente a los dos periódicos: “¿Cuál es la empresa de medios? Ya te lo contaré de forma express y con información extra”.
Pero ¿qué dice la publicación de La Posta?
Basada en un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), La Posta señala que, al menos, 75 personas [no precisa quiénes] “movieron” más de 5,6 millones de dólares en efectivo en varios depósitos [no explica a qué movimientos se refiere]. “Algunos se repartieron entre miembros de una misma familia”, continúa.
La presentadora dice también que, paralelamente, 36 supuestos proveedores [no precisa cuáles son] “facturaron” alrededor de 6 millones de dólares a Gráficos Nacionales, “lo cual dibuja un patrón sospechoso”, dice [aunque no identifica el patrón ni por qué es sospechoso].
Además, señala en tono sarcástico que la empresa “que pasa hablando de moral y buenas costumbres”, registraba entradas de dinero, según el SRI, en cuentas bancarias de supuestos proveedores; y en períodos cercanos, la emisión de facturas a favor del medio “sin un servicio real alguno”, dice La Posta sin mayor contexto.
Según la presentadora, el SRI ya investiga el caso. Quince contribuyentes —personas obligadas a pagar impuestos— que venden periódicos al por mayor estarían “bajo la lupa”. Seis de ellos fueron citados por el SRI en el último mes porque, según La Posta, “se constató que no registraban todos sus ingresos” —es decir, cuánto dinero ganaron.
Además, hay doce notificaciones por “diferencias tributarias” [aunque no precisa quiénes fueron notificados]. Las diferencias tributarias se dan cuando lo que un contribuyente declara no coincide con la información que el SRI detecta al revisar sus cuentas, facturas o reportes de terceros.
El video concluye que no se trataría únicamente de defraudación tributaria, sino que, “si se comprueba el origen ilícito de los fondos”, podría derivar en un caso de “lavado de dinero”.
“El mensaje es tan confuso que es casi imposible entenderlo”, dijo diario Expreso. Pero ya ha sido replicado, según el medio, por “troles del gobierno”, “medios afines al régimen” y periodistas que se sumaron a los ataques al Expreso con el hashtag #CasoCanillitas, como Janeth Hinostroza, quien pocos minutos después de publicar en su cuenta de X borró el mensaje.
Expreso señala que la información difundida por La Posta provino de la declaración de un distribuidor de periódicos en el SRI sobre su actividad comercial y el número de ejemplares vendidos diariamente. Pero, asegura, fue “distorsionada para sembrar dudas”.
“El uso de cifras erradas y conclusiones engañosas forma parte de una maniobra que busca frenar las investigaciones periodísticas que han revelado corrupción en entidades estatales”, dice Expreso.
¿Qué dijo el distribuidor de periódicos?
Al día siguiente, el jueves 11 de septiembre, Expreso abrió su portada, tanto en papel como en digital, con el titular: “Una campaña de troles busca difamar a Expreso”.
En un artículo publicado ese mismo día, el diario sostuvo que “los troles del gobierno no saben sumar ni restar” y que la información difundida contra el medio se hizo “sobre la base de operaciones matemáticas intencionalmente mal hechas y cifras sospechosamente mal escritas”.
Según Expreso, todo parte de la tergiversación de un acta de comparecencia de Ramón Arnaldo Zambrano Sánchez, distribuidor de periódicos del diario, ante el SRI. Zambrano fue citado el 31 de julio de 2025 para revisar su declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2024.
La declaración del impuesto a la renta es cuando un contribuyente informa al SRI cuánto dinero ganó, qué gastos puede justificar y cuál es el impuesto que le corresponde pagar.
En su comparecencia, Zambrano dijo que trabaja como distribuidor en la avenida Portete, en el suburbio de la ciudad costera de Guayaquil. Dijo que reparte 1.500 ejemplares diarios a 26 canillitas que luego los venden en la calle.
Esta operación equivale a 547.500 periódicos al año. Cada ejemplar cuesta 0,50 centavos, excepto los domingos, que cuesta un dólar.
De acuerdo con las cifras presentadas, las ventas anuales serían de aproximadamente 273.750 dólares. De esa cantidad, Expreso le factura a Zambrano aproximadamente 260.000 dólares por los ejemplares, lo que dejaría al distribuidor una ganancia de unos 13.000 dólares anuales, es decir, tres centavos por periódico.
Sin embargo, en el acta de comparecencia de Zambrano habría una cifra alterada.
En el podcast Politizados, transmitido la mañana del 11 de septiembre de 2025, los columnistas de Expreso Roberto Aguilar y Martín Pallares mostraron el documento original: allí consta una pregunta del SRI sobre cuánto facturó Zambrano en el año como persona natural. La respuesta fue “3000.000”.
Según Aguilar y Pallares, se trata de una cifra mal escrita: no tiene el apóstrofe de los millones, es decir, 3’000.000; ni tampoco concuerda con las cifras reales que declaró Zambrano. Se habría añadido un cero.
El error, sin embargo, cambia radicalmente el sentido: de 300 mil dólares a tres millones de dólares.
Es el documento de la comparecencia del distribuidor al SRI. Foto: captura de pantalla.
Para Expreso, esa alteración fue aprovechada por “productores de contenido domiciliados en Toronto (entre otros y otras) con la pretensión de desprestigiar a este Diario”.
La mención a Toronto alude a Andersson Boscán, propietario de La Posta, quien salió de Ecuador en septiembre de 2024 junto a su familia tras denunciar presuntas amenazas contra su vida. Desde Canadá, donde pidió asilo, continúa al frente de su empresa de contenidos digitales.
Boscán, además, fue criticado cuando apareció en los chats del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022, en el caso Metástasis —que investiga los tentáculos del narco en el sistema de justicia ecuatoriano. En los mensajes, filtrados por la Fiscalía a finales de 2023, ambos se trataban de “ñaños”.
Expreso sostiene que la manipulación de la cifra busca un fin político.
Según un comunicado de Fundamedios, organización que defiende la libertad de prensa en Ecuador, “no se ha mostrado ninguna evidencia clara de que Gráficos Nacionales esté involucrada en actividades de defraudación tributaria, como se ha intentado posicionar”.
El SRI dijo, en un tuit publicado el 11 de septiembre de 2025, que como parte del plan de control tributario, se iniciaron auditorías a 15 contribuyentes dedicados a la venta de periódicos al por mayor, “tras identificar inconsistencias en sus declaraciones”.
Sin embargo, el SRI no aclara la filtración de información ni la posible violación a la reserva de las acciones de la autoridad tributaria, señaló Fundamedios.
Fundamedios advirtió sobre la gravedad de que se use información de un proceso de control tributario para intentar vincular a un medio de comunicación con presuntos delitos fiscales, irrespetando las normas que obligan a mantener bajo estricta confidencialidad esas actuaciones.
“Es aún más condenable el hecho de armar campañas con información parcial, solo para alimentar sospechas y socavar la credibilidad de un medio”, agregó.
GK buscó una respuesta con el presidente del Consejo Editorial de Gráficos Nacionales, Eduardo Carmigniani, pero hasta la tarde del 11 de septiembre de 2025 no obtuvo contestación. También se consultó directamente al medio, que respondió que la única versión oficial será la publicada en este artículo.
En la tarde, el abogado Carlos Alfonso Martínez, uno de los dueños y apoderado general de Gráficos Nacionales, envió un correo a sus colaborados: “En lo últimos días hemos recibido ataques, directos e indirectos, provenientes de las más altas esferas del poder”.
Añadió que la labor de Expreso incomoda al poder, pero “esa incomodidad es la mejor prueba de que estamos cumpliendo nuestra misión”.
Una investigación que expuso la crisis de salud en el IESS
Antes del ataque a Expreso, en agosto de 2025, el diario publicó una serie de reportajes de investigación denominada Los dueños de la salud.
La investigación reveló que, entre 2013 y 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) transfirió más de 8.000 millones de dólares a 1.081 clínicas y hospitales privados.
Según Expreso, 27 prestadores de salud, representados por 15 personas, concentraron casi la mitad de los pagos que el IESS realizó a prestadores externos, es decir, 4.000 millones de dólares.
Reveló que hubo clínicas administradas por la misma persona o relacionadas entre sí; prestadores con vínculos familiares, y centros de salud en los que los pagos del IESS representaba entre el 40 % y el 100 % de sus ingresos, lo que en algunos casos implicaba dependencia casi total de esos fondos.
También expuso que hubo doctores vinculados al Ministerio de Salud y al IESS que eran accionistas de empresas privadas de salud.
En este momento, el presidente del Consejo Directivo del IESS es Édgar Lama, delegado por el presidente Daniel Noboa. Lama fue ministro de Salud entre febrero y mayo de 2025, antes de asumir el cargo en el Seguro Social.
La investigación expuso la crisis que enfrenta el IESS: el número de afiliados y el monto de sus aportaciones no crecen al ritmo necesario, lo que, según el economista Pablo Lucio Paredes, conduce a una “quiebra paulatina”. Además de la corrupción y la falta de medicamentos.
La publicación generó reacciones. El doctor Roberto Gilbert, director de la Clínica Guayaquil, presentó una denuncia por presunto delito de odio contra los periodistas de Expreso, Jonathan Palma y Flor Layedra.
También respondió la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, quien aseguró que “en el IESS se está haciendo un trabajo importante de investigación y de depuración, y creo que eso ha generado incomodidades”.
Señaló que el gobierno de Noboa está revisando minuciosamente a quién se debe pagar y que ese proceso “ha generado algunas molestias y algunos ataques”.
Ataque mediático con agencias de publicidad
Ante el ataque a Expreso, el columnista Roberto Aguilar habló del tema en el podcast Politizados. Dijo que “el gobierno tiene un ejército de troles disfrazados de periodistas y de medios”.
Según él, se trata incluso de agencias de publicidad contratadas para simular ser medios de comunicación. Algunas son recibidas en Carondelet y participan en ruedas de prensa, como las de la vocera presidencial Carolina Jaramillo, formulando preguntas como si fueran reporteros, reclamó.
Para Aguilar, este ejército “repite las cosas que les dictan desde arriba”. Entre ellos mencionó a periodistas que, en su momento, enfrentaron al ex presidente Rafael Correa, pero que hoy —dice— respaldan al actual Gobierno.
Hizo referencia a Janeth Hinostroza, quien durante el correísmo fue perseguida y sancionada por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom). El 8 de agosto de 2013, Teleamazonas y la periodista recibieron una doble sanción por “linchamiento mediático”, tras cuestionar una subasta inversa de medicamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública.
La sanción incluyó una amonestación escrita y la obligación de pedir disculpas públicas.
Aguilar sostuvo que ahora se intenta acusar a Expreso de defraudación tributaria, lo que —según él— recuerda a los años de hostigamiento estatal durante el gobierno de Correa: “Era común que llamaran a los medios al SRI, que los sometieran a comparecencias o que enviaran inspectores de trabajo”.
El periodista Martín Pallares, también columnista de Expreso, calificó la situación como “desilusionante”, ya que involucra a periodistas y medios que se presentan como independientes.
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