Los ataques de Noboa a la Corte Constitucional

En 16 días, la Corte Constitucional fue blanco de cuatro ataques del presidente Daniel Noboa. Comenzaron luego de que la Corte suspendió 16 artículos y una disposición general de tres leyes urgentes impulsadas por el Presidente. Esas normas —que acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad— son la Ley de Solidaridad Nacional, orientada a combatir la economía criminal; la Ley de Inteligencia, que regula al Sistema Nacional de Inteligencia; y la Ley de Integridad Pública, que busca transparentar los procesos de contratación estatal.

La Corte, como máximo órgano de control, interpretación y justicia constitucional, tomó esa decisión para proteger derechos como la privacidad, la identidad, la libertad y la propiedad. Esa fue la chispa que detonó las embestidas: desde entonces, el gobierno empezó las arremetidas que han sido criticadas por organismos internacionales. 

Una de los más contundentes rechazos vino de Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien criticó los ataques de Noboa a la Corte. En su cuenta de X advirtió que el tribunal es “clave para proteger el estado de derecho —un principio fundamental en la democracia— y debe poder actuar con independencia y sin presiones”. “Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, escribió.

Para el abogado y ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, la Corte no responde a intereses del gobierno de turno ni debe rendir cuentas políticas a los otros poderes del Estado. Sin embargo, Noboa ha intentado posicionar la narrativa de que el tribunal es un obstáculo político, que la CC es la ‘enemiga’ que impide combatir al crimen organizado, en un país que atraviesa altísimos niveles de violencia. En los primeros seis meses de 2025 hubo 4.619 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente.

El politólogo César Luis Barthelotti explica que este ataque no es casual. Según él, Noboa actúa bajo una lógica de resultados inmediatos: no acepta un “no” como respuesta. Esa estrategia le ha funcionado en la Asamblea Nacional, donde mantiene una mayoría frágil pero suficiente para aprobar leyes económicas urgentes. El problema es que, en el plano constitucional, se topa con un “muro” que es la Corte, dice el analista. 

Entonces, Noboa tenía dos caminos, explica Barthelotti. 

El primero: podía enfrentarse legalmente a la Corte en las audiencias donde se debaten las demandas de inconstitucionalidad de las leyes —que empezaron el 25 de agosto de 2025. Pero sabe que ahí el escenario es adverso porque varias de sus leyes tienen cuestionamientos por falta de unidad de materia —cuando una norma tiene temas ajenos a su objetivo principal— y por posibles violaciones de derechos humanos.

El segundo: librar la batalla en el terreno político. Y fue la que eligió. Según Barthelotti, Noboa le apuesta a su capital político. Es decir, con altos niveles de popularidad, ha buscado enmarcar a los jueces como si hicieran “lo que les da la gana”. 

Es una estrategia discursiva que recuerda a 2008, cuando el entonces presidente Rafael Correa también buscó eliminar los contrapesos que, según él, le impedían gobernar. La diferencia, dice el analista, es que Noboa mantiene un discurso “con perspectiva democrática”. 

“El objetivo es el mismo, pero con un tipo distinto de liderazgo”, dice el politólogo. 

María Dolores Miño, abogada constitucionalista, dice que hay un intento de “sometimiento de la Corte Constitucional al Ejecutivo”. Para la experta, hay dos vías para salir de este conflicto: que el gobierno de Noboa desista de sus ataques o que siga con “actos de hostigamientos”. Aunque dice que es muy difícil que la presión del Presidente tenga efectos en las decisiones que va a tomar la Corte porque está demostrando que no se ablanda. 

El 29 de agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por “amenazas a la independencia de la Corte Constitucional”. En un comunicado, la CIDH llamó al Estado a “garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes”. 

Te explicamos los cuatro ataques de Noboa a la Corte Constitucional. 

1. Una propuesta para enjuiciar a jueces constitucionales

Un día después de que la Corte Constitucional suspendiera artículos de las tres leyes urgentes, el 5 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa publicó siete preguntas para la consulta popular y el referéndum —que planea hacer el 14 de diciembre. Una de ellas es:

“¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

El anexo de la pregunta delimita las causales para un eventual juicio político en la Asamblea Nacional: que violen sus funciones, que comentan delitos y tengan sentencia ejecutoriada. 

Pero el texto excluye que no podrán ser enjuiciados políticamente por sus fallos. Esto dejaría abierta la puerta a que los jueces puedan ser enjuiciados si hacen un dictamen contrario a lo que pretende el Ejecutivo, como la suspensión de los artículos de las leyes. 

También ordena crear una ley que desarrolle el procedimiento con causales claras y taxativas. Es decir, que no se pueda añadir nada más ni interpretar fuera de lo ya escrito, explica la analista política Pamela León en su artículo ¿Se puede enjuiciar políticamente a jueces constitucionales en otros países?

La propuesta ha generado críticas de expertos en Derecho Constitucional. 

Cientos de manifestantes llegaron a la Corte Constitucional para pedir que las leyes de Noboa sean declaradas inconstitucionales. Fotografía de Nicolás Jácome para GK.

Para el abogado constitucionalista David Norero, cualquier intento del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional de someter a los jueces constitucionales a “control político” sería inconstitucional, “un golpe directo a la separación de poderes y un retroceso a las épocas en que las mayorías parlamentarias botaban jueces al gusto”.

Ramiro Ávila advierte lo mismo: “¿Se pueden imaginar qué pasaría con la Corte Constitucional independiente actual si la Asamblea Nacional tuviera la competencia para enjuiciarla políticamente? Esta Corte, que está protegiendo nuestros derechos, ya hubiese sido destituida de un plumazo con esa mayoría que tiene. Así de simple”.

La Constitución evita esa interferencia de poderes. 

El artículo 431 dice que los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a un juicio político. Pero los jueces constitucionales sí enfrentan otros controles, contrario a la narrativa que el gobierno ha querido posicionar de que no responden “a nadie”. En su cuenta oficial de Instagram publicó: “En el mundo: los jueces constitucionales rinden cuentas. En Ecuador: los jueces se dan una palmadita y siguen ejerciendo”.

Por ejemplo, en materia penal pueden ser acusados por la Fiscalía General del Estado y juzgados por la Corte Nacional de Justicia, y su destitución requiere el voto de dos terceras partes de los jueces de la Corte Nacional.

El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz dice que es falso que los jueces constitucionales no tienen controles. “Tienen un control en el caso de que cometan un delito en materia penal y por supuesto también un control en el caso de responsabilidad civil que puede ser determinado incluso por la propia Contraloría General del Estado”.

Es cierto que en países como Colombia o Argentina sí se puede enjuiciar políticamente a jueces constitucionales, pero nunca por el contenido de sus sentencias, es decir, por sus fallos. Los enjuician por estar implicados en delitos o corrupción, que serían faltas graves. En la propuesta de Noboa, esa distinción queda poco clara y deja abierta la posibilidad de interpretaciones.

Por eso, el ex juez constitucional Hernán Salgado —en una entrevista con Ecuavisa— dijo que es un “grave error” que los jueces puedan ir a juicio político. “Es volver al siglo XIX. No se puede someter a un juez constitucional a juicio político. Cómo va a ser objetivo de presiones. Es imposible. Eso es antidemocrático, un autoritarismo craso”. 

Este enfrentamiento de Noboa con la Corte ha tenido eco en las redes sociales de sus simpatizantes. Militantes de Acción Democrática Nacional (ADN) multiplicaron los ataques contra la Corte. 

Un ejemplo es el mensaje de Diana Jácome, asambleísta y ex asesora presidencial, quien escribió: “Hoy pagamos las consecuencias. Los jueces de la Corte decidieron que incluso los delincuentes reincidentes puedan evitar la prisión preventiva”, como si la suspensión de los artículos tuviera ese efecto. 

La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, que agrupa a diferentes organizaciones y colectivos, publicó un comunicado en el que advierte que son “amenazas a la independencia de la Corte Constitucional”. Agrega que ante “medidas populistas, erráticas y sin base fáctica para combatir la delincuencia”, la Corte Constitucional debe cumplir su “rol de guardiana de la Constitución”.

El 14 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional calificar un referéndum que incluye esa pregunta. Será la misma Corte la que definirá si para esa pregunta cabe una enmienda constitucional o es preciso otra vía, como la reforma constitucional. Una enmienda introduce cambios puntuales y limitados en la Constitución, sin alterar su estructura. Una reforma implica modificaciones más amplias que afectan principios, estructura o derechos, y exige procedimientos más complejos de aprobación.

2. Una cadena nacional con tintes de amenaza

Cinco horas después de que la Corte Constitucional suspendiera artículos de las tres leyes urgentes, el gobierno transmitió una cadena nacional de 2 minutos y 55 segundos. 

En pantalla aparecieron Zaida Rovira, ministra de Gobierno, y Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, flanqueados por militares encapuchados y policías uniformados. Más que una cadena nacional, la escenografía parecía una afrenta a la Corte: un mensaje de que contaban con el respaldo de la fuerza pública.

A la derecha de Rovira estaba Jandyr Proaño, miembro de las Fuerzas Armadas; a la izquierda de Olsen, el coronel de la Policía Juan Carlos Soria Alulema.

Con un tono amenazante, Rovira abrió la cadena: “Ecuatorianos, este gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Presentamos tres proyectos de ley, tres herramientas para luchar contra el crimen, contra la impunidad y contra la desigualdad. Tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría, con legitimidad. Pero hoy la Corte Constitucional decidió suspenderlas y lo hizo detrás de un boletín”.

El “boletín” del que habla es el comunicado que la Corte, como es habitual con cualquiera de sus decisiones, difundió en su cuenta de X el 4 de agosto de 2025, donde anunció la suspensión provisional de los artículos y la admisión de tres demandas de inconstitucionalidad —una por cada ley. 

Aunque la suspensión es temporal —mientras el tribunal analiza el fondo de las demandas—, el gobierno eligió responder con un mensaje cargado de presión política. “Como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos, un boletín que no mira a la cara a los militares, a los policías ni a los ciudadanos que hoy esperan justicia”, dijo Rovira.

Sus palabras encajan con el análisis del politólogo César Luis Barthelotti, quien dice que la narrativa oficial busca mostrar a los jueces como figuras lejanas, encerradas tras un “muro” y ajenas a la ciudadanía. “Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién responde a quienes se juegan la vida en las calles?”, dijo Rovira. 

Olsen, quien representa a otro poder, ni siquiera se inmutó de ello: “La Asamblea actuó con claridad, mayoría y suma responsabilidad”. Aunque la cita contrasta con el hecho de que las tres leyes han sido cuestionadas, entre otras cosas, por su falta de claridad, y por el apuro y falta de debate que han tenido.

Luego lanzó una declaración que sonó más a amenaza: “O se está del lado de quienes defienden nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo”.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, advirtió en un comunicado que “esas declaraciones [las de Rovira y Olsen] podrían constituir intentos de socavar la independencia judicial, con un efecto paralizante en la capacidad de los jueces de actuar libres de presiones externas”.

La relatora pidió a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de declaraciones o actos que puedan menoscabar la independencia judicial y a garantizar que todos los poderes del Estado respeten y acaten las decisiones de la Corte.

Además, la Comisión Interamericana dijo que los discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la CC de aliarse con el crimen organizado “constituyen ataques a la independencia judicial” y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo.

3. Una marcha contra la Corte Constitucional

Por primera vez en la historia del país, un Presidente de Ecuador encabeza una marcha contra la Corte Constitucional.

El 6 de agosto de 2025, durante un evento en la provincia de Guayas, Noboa convocó a una movilización para rechazar las decisiones de la Corte Constitucional. Dijo que él participaría. Al día siguiente, arremetió otra vez contra la CC: “Pasaremos nuestro grito de protesta el 12 de agosto contra quienes se oponen a la paz y nos tiran abajo leyes aprobadas para derrotar a la corrupción y el terrorismo”.

El 12 de agosto, el día de la marcha, Quito amaneció tapizada con gigantografías que mostraban las caras de los nueve jueces constitucionales —como si se tratara de la lista de los más buscados. En las vallas se leía: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”.

En las calles por donde avanza la marcha, convocada por Daniel Noboa, están puestas vallas con las caras de los jueces constuticionales. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Durante la marcha, Noboa se subió a una camioneta frente al edificio de la Corte y, con un megáfono, dijo: “Ecuador está cambiando, no vamos a permitir que se nos pare”. También dijo que los miles de marchantes “quieren paz” —aunque muchos de los participantes, según verificó GK, no tenían idea de por qué se habían unido a la marcha pacífica de Noboa.

Ese mismo día, la Corte Constitucional publicó un comunicado en el que advirtió que la difusión de imágenes de sus jueces “constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”.

La abogada María Dolores Miño señala que no hay pruebas de que el gobierno colocara esas vallas. Pero este “intento de amedrentamiento”  le recuerda dos casos analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Venezuela: Perozo y otros y Ríos y otros. 

En ellos, la CIDH concluyó que, aunque los funcionarios pueden pronunciarse sobre asuntos públicos, esa facultad no puede confundirse con discursos de estigmatización que ponen en riesgo a la prensa, la sociedad civil o hacia cualquiera que le resulte incómodo o crítico. 

“El presidente [Chávez] nunca dio la orden de agredir periodistas, pero su discurso incendiario terminó siendo peligroso, en ese caso para la libertad de expresión”, dice Miño. Y lo compara con Ecuador. Dice que el discurso de Noboa contra la Corte podría terminar siendo peligroso para la independencia judicial. 

Para Miño, bajo el principio de independencia judicial, el Ejecutivo no debería presionar ni perseguir a los órganos de justicia para obtener decisiones a su favor. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también reaccionó a la actitud del presidente Noboa; dijo que “los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables”.  

El presidente Daniel Noboa llegó a la marcha del 12 de agosto rodeado por un amplio círculo de seguridad. Fotografía de Diego Lucero para GK.

4. Un examen de la Contraloría y un intento de desalojo a la Corte

El 15 de agosto de 2025, la Contraloría —liderada por Mauricio Torres— notificó al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, sobre el inicio de un examen especial a la administración del talento humano y al pago de nómina correspondiente al período entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2025.

Un examen especial es una auditoría realizada por la Contraloría para revisar cómo una institución pública, o una entidad que maneja fondos públicos, administra sus recursos y cumple las normas legales y reglamentarias.

Los objetivos de este examen especial, según el oficio al que accedió GK, son: 

• Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables a la administración de talento humano y pago de nóminas. 
• Verificar la propiedad y veracidad de los gastos realizados por la entidad relacionados con la administración de talento humano y nóminas.

Posteriormente, el 20 de agosto, la CC recibió un nuevo oficio con una serie de requerimientos adicionales. Entre ellos, la Contraloría pidió contratos e información sobre los jueces, presidente y vicepresidente y otras autoridades de la CC desde 2021, sus remuneraciones y las de todo el personal de la institución. 

También pidió documentación que respalde los procesos mediante los cuales las comisiones calificadoras designaron a juezas y jueces constitucionales —las comisiones calificadoras son órganos temporales creados para conducir procesos de selección de autoridades de control o de altas funciones del Estado en Ecuador.

Durante el período auditado se realizaron dos renovaciones parciales de la Corte: la primera, en 2022, dirigida por la jurista Vanessa Aguirre. Designó a Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. 

La más reciente, en marzo de 2025, bajo la presidencia de Juan Carlos Izquierdo, en la que resultaron electos José Luis Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado.

La Contraloría dice que este proceso forma parte de su programa anual de control. Sin embargo, la abogada Miño cuestiona que sea un examen de rutina. “No es solo sobre sueldos, es una cosa excesiva. En algún punto le piden a la Corte que remita todas sus sentencias en digital; imagínate cuánto tiempo le tomará a la institución”.

Hubo miles de simpatizantes que apoyaron a Daniel Noboa en la marcha del 12 de agosto. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Además, en medio de estos ataques de Noboa contra la Corte, el Ministerio de Energía y Minas, encabezado por Inés Manzano, notificó el 19 de agosto a la CC la terminación del Convenio de Cooperación Institucional suscrito el 26 de abril de 2019. Este convenio, básicamente, le permite a la Corte tener un espacio físico dónde operar. 

Con esa notificación, firmada por la coordinadora general administrativa, Nancy Uriarte, dio un plazo de un mes para que la Corte “desalojara y liberara” por completo el edificio Tamagar, ubicado en las calles José Tamayo y Lizardo García, en Quito.

Según el Ministerio de Energía, tras la fusión con el Ministerio de Ambiente dispuesta por el Ejecutivo, se requiere “centralizar las unidades técnicas, operativas y administrativas para una gestión eficiente”. Además, se argumenta que las instalaciones actuales ya se encuentran a “capacidad máxima”, lo que obliga a reubicar dependencias en nuevos edificios.

Sin embargo, apenas un día después, el 20 de agosto, el gobierno de Noboa desestimó esa petición. Es decir, la dejó sin efecto y la Corte, por ahora, podrá seguir funcionando en el edificio actual.