El caso Narcotentáculos, explicado

El caso Narcotentáculos investiga una presunta trama de delincuencia organizada dentro de la Corte Provincial de Manabí, una de las provincias costeras del Ecuador más golpeadas por el narcotráfico. La indagación comenzó a partir de los testimonios de dos jueces implicados en el caso Plaga, quienes revelaron una supuesta estructura de corrupción vinculada a redes criminales que operaría en el sistema de justicia de la provincia.

El caso Plaga expone cómo una organización delictiva usó el sistema judicial para liberar irregularmente a personas privadas de libertad a cambio de sobornos o favores. Hay 31 procesados, entre ellos, ex jueces, abogados, funcionarios, policías, entre otros.

En el caso Narcotentáculos, la Fiscalía dice que estarían involucrados funcionarios judiciales, particulares y abogados en libre ejercicio. Pero hasta ahora no hay detenidos. 

Te explicamos de qué se trata. 

Los allanamientos

El 17 de junio de 2025, la Fiscalía y la Policía allanaron oficinas y casas de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí —que resuelve, entre otras cosas, recursos de apelación y nulidad de distintos procesos— en las ciudades de Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi. 

Durante el operativo allanaron la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi —que atiende procesos penales como violencia de género, constitucionales y no penales como procesos civiles, mercantiles, entre otros. 

En los 9 allanamientos se decomisaron computadores, celulares, dinero en efectivo y documentos, como recibos.

Pero este no es el primer allanamiento dentro de la investigación.

En agosto de 2024, la Fiscalía y la Policía hicieron operativos simultáneos en varias oficinas y casas de funcionarios de la Corte Provincial de Manabí para obtener pruebas.

Los agentes de la Fiscalía llegaron a la Unidad Penal de Chone y Montecristi. Además, una de las casas allanadas fue la de Mayra Bravo, presidenta de la Corte. La Fiscalía habría confirmado al medio Ecuavisa que es una de las investigadas en el caso Narcotentáculos. 

Bravo dio una entrevista sobre el caso, en agosto de 2024, a El Diario y dijo que está “colaborando con la justicia para que se realicen las investigaciones correspondientes”.

En el operativo se decomisaron computadores y celulares.

Testimonios anticipados que originaron el caso Narcotentáculos

En el caso Plaga ya hay tres jueces de Manabí sentenciados por delincuencia organizada: 

• Simón García Tello, ex juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal de Paján
•  Joffre Rivera, ex juez de garantías penales de Chone 
• Byron Michael Orejuela, ex juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro 

Los testimonios de dos jueces dieron origen a la investigación del caso Narcotentáculos. Uno de ellos aún no ha sido revelado; el otro es Joffre Rivera, condenado a 26 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Así lo informó el Consejo de la Judicatura en una publicación hecha en agosto de 2024.

Según la Fiscalía, Rivera mientras era juez colaboró constantemente “con la organización criminal” y emitió de forma irregular dos garantías jurisdiccionales —mecanismos como habeas corpus—, tres medidas cautelares y varias acciones de protección que permitieron liberar a 21 presos que estaban procesados por delitos de abuso sexual, robo con muerte, asociación ilícita. 

El juez Rivera habría recibido más de 52 mil dólares por hacerlo.

En febrero de 2024, a Rivera le abrieron un sumario administrativo por conceder la libertad a dos personas con sentencias ejecutoriadas —uno por tráfico ilícito de migrantes y otro por abuso sexual. El Consejo de la Judicatura determinó que había cometido error inexcusable —es un error que no se puede reparar y que causa daños irremediables a la persona afectada. 

Fue suspendido.

El 14 de mayo de 2024, el ex juez Rivera rindió su testimonio anticipado. Dijo que en mayo de 2023 el abogado Cristian Romero, entonces defensor del narcotraficante Leandro Norero —asesinado en octubre de 2022 dentro de prisión—, lo visitó en Chone.

Romero le presentó a Marcos Iván Mendoza, otro juez de Manabí, quien luego actuó como enlace entre el juez Joffre Rivera y Lenin Vimos, también sentenciado en el caso Plaga, con el objetivo de facilitar trámites a favor de procesados en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone.

Romero también le habría ofrecido ayuda a Rivera para resolver el sumario administrativo abierto en su contra por la Judicatura, a cambio de que emitiera medidas cautelares a favor del ex presidente Rafael Correa, para restituir sus derechos políticos.

Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado en el caso Metástasis, habría estado al tanto de la solicitud, según Romero. Dijo que todo estaba coordinado para facilitar la restitución de los derechos políticos.

Joffre Rivera se sometió al procedimiento abreviado —colaboró con la Fiscalía y obtuvo una reducción de pena— y fue testigo protegido del caso Plaga. 

Rivera aceptó haber emitido acciones de garantías jurisdiccionales ilegítimas a favor de privados de libertad. Además de la condena, el juez le ordenó pagar 5.520 dólares de multa y 63.730 dólares como reparación integral.