El caso Waorani de Pastaza, explicado

El caso Waorani de Pastaza empezó en 2018. Ese año, el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (Conconawep) presentó una acción de protección contra el Estado. Los waorani, una de las 11 nacionalidades indígenas amazónicas del país, alegaban que el gobierno estaba licitando sus tierras ancestrales a empresas para que extraigan petróleo, sin una consulta previa, libre e informada —un derecho constitucional en Ecuador.

En 2019, la Corte de Pastaza falló a favor de las 16 comunidades de la nacionalidad waorani que interpusieron la acción y ordenó que el Estado no puede licitar ni hacer ninguna actividad sin una consulta previa válida en las cerca de 180 mil hectáreas de su territorio, que están dentro de lo que el Estado llama el Bloque 22.

Un año después, en 2020, la Corte Constitucional seleccionó el caso para crear precedentes que puedan servir para otras nacionalidades indígenas. Es decir, que otras comunidades que consideren que su derecho a la consulta previa no ha sido respetado —y su situación se ajuste a los estándares creados por la Corte tras este caso—, puedan remitirse al caso Waorani de Pastaza para exigir ese cumplimiento, explica Gustavo Redín, abogado ambiental.

En enero de 2025, la Corte avocó conocimiento del caso. Esto quiere decir que analizará y resolverá si el caso Waorani de Pastaza puede ser tomado como referencia para otros semejantes.

Cuando avocó conocimiento, la Corte envió preguntas a la Organización Waorani de Pastaza (Owap), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) para entender su forma de organización, comunicación, cultura, creencias y lo que saben sobre una consulta previa y más.

Las preguntas incluyen qué es ser Waorani, qué significa ser de reciente contacto, cómo son las estructuras organizativas, cómo es su forma de gobierno, idioma, formas de comunicación y qué entienden por consulta previa, libre e informada.

Los waorani y las organizaciones que los apoyan y asesoran, como Amazon Frontlines, pidieron a los jueces constitucionales que visiten su territorio para que entiendan cómo es vivir en las comunidades y escuchen a las personas de las comunidades desde su hogar. Temen que no lo hagan y que esto afecte su decisión de tomar el caso como precedente para que se respete la consulta previa. 

Para pedir que visiten su territorio, indígenas wao y líderes indígenas marcharon hacia la Corte Constitucional en Quito en julio de 2024 y mayo de 2025.

Si la Corte decide crear jurisprudencia a través de este caso y establecer estándares para casos semejantes, sería la primera vez que otras nacionalidades cuyos territorios se demuestre que hayan sido licitados sin la consulta previa puedan usar esas leyes para proteger sus tierras.

Te explicamos en detalle el caso Waorani de Pastaza.

La acción de protección a favor de los wao

En 2018, el entonces ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, participó en la XII Ronda Intercampos —un evento en el que representantes de países que producen y compran petróleo buscan inversión extranjera y nuevos mercados. Entre los bloques petroleros ecuatorianos para licitar estaban los del centro sur del de la Amazonía ecuatoriana —que no han sido explotados hasta 2025. 

En este encuentro, Pérez dijo que las comunidades que viven en estos territorios no tenían que ser consultadas porque ya habían hecho una consulta previa en el 2012, durante el gobierno de Rafael Correa.

Luego de la Ronda, miembros de Amazon Frontlines —organización que trabaja con grupos indígenas para proteger sus territorios— se sentaron con ancianos de la nacionalidad Waorani y con miembros del Conconawep para preguntarles cómo había sido la consulta del 2012 a la que Pérez había hecho referencia. También conversaron sobre qué entendían ellos por licitación petrolera.

Lina María Espinosa, del equipo de Amazon Frontlines le dijo a GK que para los waorani lo del 2012 no había sido un proceso de consulta sino “un proceso de oferta de educación, salud, inversión pública”. Que no entendían lo que una licitación petrolera significaba y que “su territorio no está en venta”.

En 2018 los waorani de 16 comunidades, con el patrocinio la Defensoría del Pueblo, y el Conconawep pusieron una acción de protección contra del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hidrocarburos y Procuraduría General del Estado por violar el derecho a consulta previa libre e informada.

El 26 de abril de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza aceptó la acción de protección: declaró que se habían vulnerado los derechos colectivos a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada de las comunidades demandantes. 

Como medida de reparación ordenó que el Estado ecuatoriano debía realizar la consulta previa, libre e informada en las comunidades waorani del bloque 22 antes de hacer cualquier actividad en su territorio, aplicando toda la normativa nacional e internacional.

También ordenó que cuando el Estado fuera a licitar territorios waorani debía repetir la consulta y que antes de hacerlo “los funcionarios públicos deberían ser capacitados porque claramente [las comunidades] no entendían, no tenían un alcance de la comprensión de este derecho”, dice en la sentencia. 

El Estado apeló la decisión. El recurso fue negado. Los wao también apelaron la decisión para obtener un mayor alcance de protección de derechos; ellos pedían que se sigan todos los estándares nacionales e internacionales sobre una consulta de este tipo y que no fuera como en 2012 cuando no les explicaron el proceso. Su recurso fue aceptado.

El 11 de julio de 2019, la Corte Provincial de Pastaza ratificó la sentencia. Con ella confirma que el Estado no podrá licitar, explorar, ni realizar explotación petrolera en las 180 mil hectáreas que pertenecen a la nacionalidad waorani y están dentro del bloque 22, sin hacer nuevamente una consulta previa, libre e informada.

Además, la Corte estableció que en el caso de pueblos de reciente contacto —a partir de 1956 en adelante— como los Waorani, la consulta no puede ser solo un derecho de participación sino que “tiene que ser un derecho de decisión”, explica María Espinosa de Amazon Frontlines. Es decir, que las comunidades puedan decidir su postura sobre la venta de su territorio y que eso sea respetado.

El 21 de agosto de 2019, el Estado presentó una acción extraordinaria. Es decir intentó impugnar la sentencia al considerar que se violó un derecho constitucional o el debido proceso. 

El 18 de noviembre de 2019 la Corte Constitucional inadmitió ese recurso y ratificó la sentencia de la Corte Provincial diciendo que sí hubo vulneración de derechos y que se generaron todas las garantías del debido proceso, recuerda María Espinosa.

La selección del caso waorani por la Corte Constitucional

Seis meses después de que la Corte Constitucional ratificara la sentencia y reconociera que los derechos de los waorani de Pastaza sí fueron vulnerados, seleccionó el caso. Es decir, dijo que lo evaluaría para decidir si crea jurisprudencia que pueda servir para casos semejantes y crear estándares sobre el efecto de la consulta previa en nacionalidades indígenas.

María Espinosa, que también es abogada de la Organización Waorani de Pastaza, le dijo a GK que “lo que diga la Corte en el marco de una selección es un precedente de obligatorio cumplimiento”. Es decir, que cuando la Corte ratificó la sentencia a favor de los waorani, fue específicamente para su caso. Pero que la selección del caso para crear jurisprudencia “es para que se siente un precedente a nivel nacional”, explica.

Según el documento del auto de selección del caso que envió la Corte a los wao, los motivos para la selección fueron:

• Novedad: La Corte no ha establecido límites ni estándares claros sobre la consulta previa en contextos extractivos que involucren comunidades de reciente contacto.
• Oportunidad: El caso permitiría establecer estándares interculturales para la consulta previa en procesos de licitación que involucren nacionalidades indígenas con cosmovisiones distintas, garantizando comunicación efectiva y respetuosa.
• Relevancia nacional: En un Estado plurinacional que depende económicamente de la explotación de recursos naturales, es esencial contar con parámetros claros para la consulta previa, libre e informada, que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades.

Una expansión que preocupa

En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Energía y Minas dijo que había la intención de una nueva licitación de bloques petroleros en el suroriente de la Amazonía. En esta zona el único bloque activo es el 10, pero sus habitantes temen que la expansión petrolera siga hacia otros bloques que han resistido durante años.

Luego de la muerte cruzada y la salida de Lasso del poder, llegó el presidente Daniel Noboa quien siguió con el plan de su antecesor de licitar nuevos bloques. Entre esos estaba el 22. María Espinosa le dijo a GK que enviaron una solicitud de acceso a información pública al Ministerio sobre los bloques que planean licitar, y para aclarar que el bloque 22 tiene una sentencia y que no puede ser licitado.

La respuesta del Ministerio, según las organizaciones amazónicas, fue ambigua. Dijeron que “estaban trabajando en el levantamiento, diseño y estudio de posibles áreas para licitación en Sucumbíos, Orellana y Napo”. Volvieron a mencionar la consulta del 2012 diciendo que en ese año el proceso de consulta incluyó los bloques de la ronda en la zona sur oriental, pero no dijeron nada específico sobre el bloque 22.

La Corte retoma el caso

En enero de 2025, la Corte avocó conocimiento del caso. Es decir, va a empezar a revisarlo a profundidad, escuchar a las partes —los wao y El Estado—, recibir peticiones escritas de amicus curiae que quieran expresar su postura sobre el caso y llegar a una resolución. 

Un mes después, el 24 de febrero de 2025, la Corte dispuso que el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza y la Corte Provincial de Pastaza envíen el expediente original completo de la acción de protección del caso. También dispuso que la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, la Conaie y Confeniae presenten toda la información que tienen del caso y que en un informe expliquen las características de las Waorani, de ser un pueblo de reciente contacto, de otros pueblos en la misma situación.

Ordenó también al Conconawep y las 16 comunidades waorani que envíen una explicación de su vida diaria y lo que entienden por consulta previa, libre e informada para proyectos en su territorio.

María Espinosa de Amazon Frontlines dice que temen que evalúen el caso solo por escrito “sin llamar a la gente a una audiencia, sin tener un diálogo con la comunidad, sin haber ido al territorio”.

Luego de recibir el documento de febrero de 2025, los miembros de Amazon Frontlines se reunieron con dirigentes de la Owap y ancianos Waorani, quienes dijeron no poder responder las preguntas enviadas por la Corte en nombre de las 16 comunidades sin antes consultar en territorio y responderlas en conjunto.

Amazon Frontlines pidió a la Corte una prórroga para entregar la información, la cual fue concedida hasta el 13 de mayo de 2025. Ese día, una delegación de 120 personas waorani llegó a Quito para entregar las preguntas y reiterar la importancia de que los jueces visiten su territorio. 

Hasta junio de 2025 la Corte no se ha pronunciado sobre el caso. Los wao y las organizaciones que los apoyan se mantienen “vigilantes” y a la espera de lo que diga la Corte.