La captura de la familia de alias Fito, explicada

Cinco miembros de la familia de alias Fito fueron detenidos en un operativo. El líder de Los Choneros está prófugo desde enero de 2024. La madrugada del 2 de junio de 2025, policías y funcionarios de la Fiscalía allanaron 33 casas y edificios en las provincias de Manabí, bastión de Los Choneros y uno de los enclaves criminales más peligrosos del país; Guayas, el puerto principal del Ecuador, y Pichincha, donde está la capital. 

A las 3 de la mañana, los agentes se treparon por balcones, rompieron ventanas, tumbaron puertas y capturaron a cinco familiares de José Adolfo Macías Villamar, más conocido como alias Fito. 

En el operativo por el presunto delito de lavado de activos, al que la Fiscalía llamó caso Blanqueo Fito, también incautaron 10 autos y 47 inmuebles que serían del capo de la droga y sus familiares. Según la Policía están valorados en 13 millones de dólares. “Atacamos la economía de la estructura criminal de alias Fito”, dijo —triunfante— el ministro del Interior, John Reimberg. 

En este caso también está involucrada la ex pareja de Fito, Verónica Briones, quien ya está detenida en la cárcel de mujeres de Guayaquil desde mayo de 2024. Ella, procesada por delincuencia organizada, tendría vínculos con una estructura que habría comprado bienes con dinero de origen ilícito. Además, la acusan de abrir empresas fantasma para el lavado de activos.

Entre los detenidos del operativo está Yandry Macías Villamar, hermano de Fito, quien fue capturado en el barrio San José de Morán, en Carapungo, al norte de Quito. 

Yandry Macías, hermano de Fito, fue detenido en Carapungo, en Quito. Fotografía tomada de la cuenta X de la Fiscalía.

En Manta, fue arrestado Jorge Peñarrieta, cuñado de Fito, junto a los padres de Verónica Briones —Ángel Briones y Dolores Zambrano. Mientras que en Portoviejo fue detenido José Gregorio Briones, hermano de Verónica Briones.

José Gregorio Briones, hermano de la ex pareja de Fito, fue detenido en Portoviejo. Fotografía tomada de la cuenta X de la Fiscalía.

Hasta la 1:30 de la tarde del 2 de junio no había sido la audiencia de formulación de cargos.

Cuatro empresas en la mira

Pablo Dávila, comandante general de la Policía, dijo que Fito había armado un “esquema societario y económico”. Es decir, una red de empresas fachada para lavar activos con el apoyo de sus familiares. El dinero habría provendio de actividades criminales como el control carcelario, tráfico de drogas y armas, extorsiones y delincuencia organizada. 

El ministro Reimberg dijo en una rueda de prensa en Guayaquil que la Policía y la Fiscalía ya tomaron posesión de cuatro compañías en las que el círculo de Fito tenía acciones o desempeñan cargos: 

• King Water, compañía de bebidas no alcohólicas y que habría sido proveedora de agua para el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI). La gerente es Inda Mariela Peñarrieta, ex esposa de Fito. 
• Transporte de Carga Pesada, utilizada solo como fachada. El presidente era Jorge Peñarrieta, hermano de Mariela Peñarrieta, ex esposa de Fito.
• Ferromundo, una compañía de ferretería que estaba a nombre de Verónica Briones, y de su hermano, José Briones. 
• Iris Limpieza, una compañía fachada de productos de limpieza, cuyo presidente es Yandry Macías, hermano de Fito. 

Dávila explicó que el capo de la droga y su familia comenzaron supuestamente a lavar dinero desde 1990. “Eso les ha permitido dinamizar sus economías ilícitas, incrementado su patrimonio [actualmente] valorado en 13 millones de dólares”, explicó. 

Entre los bienes están casas, edificios y autos de alta gama. 

La investigación también reveló que la red, conformada por el círculo íntimo de Fito, habría hecho movimientos financieros inusuales e injustificados, como transferencias y depósitos, por 24 millones de dólares entre 2016 y 2024 —es decir, esa es la cantidad que habrían lavado con el uso de empresas fachada. 

Entre los objetivos incautados, además de inmuebles y vehículos, están 43 equipos de comunicación (celulares, computadoras, flashes), un arma de fuego, una contadora de dinero, 13 laptops, 1.220 dólares en efectivo y 483.370 pesos argentinos equivalentes a 410 dólares (la ex esposa de Fito, Inda Mariela Peñarrieta, fue detenida en Argentina en enero de 2024), una caja fuerte y documentación relacionada con lavado de activos. 

Una de las propiedades de alias Fito. Fotografía tomada de la cuenta X de la Fiscalía.

Esos bienes serán entregados a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria para la administración y custodia, señaló Dávila. 

Reimberg dijo que este es un golpe importante del gobierno a una estructura de delincuencia organizada —denominada terrorista desde enero de 2024, cuando hubo la declaratoria del Conflicto Armado Interno. “Ningún otro gobierno se ha atrevido a hacerlo”, señaló. 

“Hemos desarmado su estructura económica, lo estamos acorralando”, dijo el ministro del Interior, y agregó que van “a ganar esta guerra y este es uno de los primeros grupos que van a caer en este combate”. También recordó que no han descansado en la búsqueda de alias Fito, sentenciado a 34 años de cárcel y quien escapó en enero de 2024 de la Penitenciaría del Litoral. 

Desde esa fecha, el gobierno de Daniel Noboa ha ofrecido recompensa para quien dé información sobre su ubicación. Al principio eran 100 mil dólares, pero en marzo de 2025, poco antes de las elecciones presidenciales, subió a un millón de dólares.

Alias FIto durante un operativo militar en 2023. Fotografía tomada de la cuenta oficial de Fuerzas Armadas del Ecuador.

En abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos presentó formalmente una acusación con siete cargos contra Fito, por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos. 

“Desde al menos 2020 ha sido el líder de Los Choneros, una de las organizaciones criminales transnacionales y de narcotráfico más violentas de Ecuador. El acusado no se encuentra bajo custodia estadounidense”, dice la acusación ante un tribunal federal de Brooklyn. 

El comunicado señala que “al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a los Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a los Estados Unidos”.

Una presión para que se entregue

Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, dice que el operativo logró dar un golpe significativo al quitarle a alias Fito y a su organización criminal una red clave de financiamiento y al debilitar su círculo de encubridores.

Pero hay algo más: el operativo también busca presionar al capo para que se entregue. Es decir, la Policía acorrala a alias Fito con la captura de su familia. 

No obstante, esta acción implica un riesgo evidente de represalias. Pontón dice que la clave está en la inteligencia policial y militar: “¿Saber dónde, cuándo y cómo?”, recalca. Se refiere a la posibilidad de ataques que podrían ir desde atentados a instituciones y asesinatos de autoridades hasta ataques contra familiares de altos mandos de la Policía y la Fiscalía.

Aunque esta perspectiva puede parecer sacada de una telenovela, Colombia ya vivió una situación similar en los años 90, cuando el capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria sembró el terror con atentados mientras las autoridades intentaban desarticular su red.

En el caso ecuatoriano, la Policía y la Fiscalía han puesto el foco en la familia de Fito otra vez. 

Primero fue en enero de 2024, cuando familiares fueron detenidos en Córdoba, una ciudad en el oeste de Argentina. Ellos habrían llegado a ese país los primeros días de enero, según medios argentinos. Fueron regresados en un avión a Ecuador. 

Los detenidos habían alquilado una casa en Valle del Golf, un barrio privado en Malagueño, a las afueras de Córdoba, y pagado en efectivo con dólares, reportó el diario La Voz del Interior.

Estos son algunos objetivos que fueron incautados durante los 33 allanamientos. Fotografía tomada de la cuenta X de Fiscalía.

Esta vez, la Fiscalía ecuatoriana ha detenido a otros familiares e incautado bienes. Pontón explica que con esta estrategia también se busca atacar el testaferrismo —la práctica de utilizar a una persona como aparente titular de bienes o derechos que, en realidad, pertenecen a otro.

Este operativo se da en un contexto en el que la Asamblea Nacional debate la Ley de Solidaridad Nacional, inicialmente llamada Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno. Esta norma, compuesta por 32 artículos, busca combatir el financiamiento de los grupos armados organizados.

Sin embargo, Pontón opina que este caso demuestra que no es necesaria una ley como la propuesta por el presidente Noboa.

 Según él, el contenido del proyecto de ley incluye disposiciones ya contempladas en otras leyes, además de haber sido cuestionada por tres razones principales: no cumple los requisitos para ser tramitada como económica urgente, podría propiciar detenciones arbitrarias y otorga mayor poder a militares y policías.