Favores en la prefectura de Pichincha y tramas en la Superintendencia de Bancos son algunas de las revelaciones de los chats de Augusto Verduga, que fueron revelados por la Fiscalía como parte del caso Ligados. Este caso investiga la presunta asociación ilícita de los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como Verduga. Y, en el allanamiento a las oficinas del Consejo como parte de la investigación, la Fiscalía incautó el celular del entonces consejero.
En este link puedes descargar las conversaciones que la Fiscalía ya publicó, en versión texto (no sólo en imagen), en la que puedes buscar palabras clave dentro de los chats.
¿Qué dicen los chats de Augusto Verduga?
Treinta y seis chats de Augusto Verduga fueron publicados por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso Ligados, que investiga una presunta red de asociación ilícita de la que es parte Verduga y otros miembros del CPCCS.
El CPCCS, se supone, es un ente apartidista y sus miembros no pueden tener filiación política pero la Liga Azul buscaba entregar el control de instituciones del Estado al correísmo. Los chats de Augusto Verduga relevaron su participación junto con otros militantes de la Revolución Ciudadana en seis polémicos casos:
1. La designación del superintendente de Bancos
En enero de 2025, los entonces consejeros de la Liga Azul designaron a Raúl González como el nuevo superintendente de Bancos, pese a que el Pleno del CPCCS ya había nombrado como superintendente de Bancos a Roberto Romero von Buchwald en diciembre de 2024.
González había sido designado como superintendente de Bancos en 2022, pero una acción de protección dejó sin efecto su nombramiento. En diciembre de 2024, la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia con la que se suspendió la designación de González y dijo que esta sentencia no podía afectar los nuevos procesos de selección de la Superintendencia de Bancos. A pesar de ello, Verduga entendió todo lo contrario y buscó la forma de que González fuera designado. Y estas intenciones están en los chats de su celular.
2. El allanamiento al CPCCS
El 24 de enero de 2025 la Fiscalía allanó el edificio del CPCCS y ese día hay una conversación en el grupo Rutinas Crossfit entre los usuarios ‘Minerva’, que sería la ex consejera Yadira Saltos, y ‘Ají con Mote’, el usuario que correspondería a Correa.
- “Están allanando el Consejo”, dice Minerva
- “¿En serio?”, responde Ají con Mote.
- “Sí, con las justas no entré”, responde Minerva. “Mi asesora va a votar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre”, continúa.
Aquí puedes descargar y leer las conversaciones sobre el allanamiento al CPCCS.
3. Pedido de favores a Paola Pabón, prefecta de Pichincha
Entre los chats de Verduga hay una conversación entre el ex consejero con el usuario ‘Pantera Negra’, quien sería un amigo de él. Verduga le cuenta a Pantera Negra que le envió un mensaje a Paola Pabón, prefecta de Pichincha y militante de la Revolución Ciudadana.
A continuación, le reenvió el mensaje que le había enviado a Pabón. “Aprovechando la confianza que tengo contigo, quisiera pedirte dos favores adicionales. Me siento en deuda con dos grandes amigos, que además son excelentes profesionales (…)” Estos grandes amigos son Cristhian Anastacio y Julián Garrido y le pregunta sobre la posibilidad de empleo para ellos en la Prefectura de Pichincha.
4. El juicio político contra Juan Esteban Guarderas
El 27 de diciembre de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional votó a favor de la destitución del entonces consejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas.
En el grupo ‘Jujitsu’ hay una conversación entre An [quien sería Andrés Arauz], Justiciero [quien sería Eduardo Franco Loor] y Minerva [quien sería Yadira Saltos], que evidencia la presión desde el CPCCS a la Asamblea Nacional para destituir a Guarderas.
Aquí puedes descargar y leer las conversaciones sobre la destitución del entonces consejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas.
5. La designación de la terna para el Consejo de la Judicatura
Para la designación de la terna del Consejo de la Judicatura, Verduga, según sus chats, intervino revisando una hoja de vida, haciendo recomendaciones de perfiles y frenar el envío de ternas para la elección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Las conversaciones presentadas por la Fiscalía evidenciarían que Verduga y otros militantes de la Revolución Ciudadana estuvieron detrás de estas designaciones —violando la división e independencia de poderes.
6. Las conspiraciones en el TCE
Los cuatro consejeros del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la suplente Vielka Párraga fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 31 de enero de 2025. En los chats de Verduga hay conversaciones sobre los tiempos del proceso interpuesto en el TCE por infracción electoral y sus planes para retrasar la resolución con recusaciones y excusas de los jueces.
En una conversación entre Verduga y un usuario llamado El cónsul, cuya identidad se desconoce, hablan de presentar recursos contra los jueces del TCE para dilatar el proceso como por ejemplo contra Ana Abril.
En el chat grupal Buro 2.0 hablan sobre una nueva recusación, esta vez al juez Roosevelt Cedeño. Verduga dice: “Ayer se resolvió la excusa de Ortega. Le impidieron que se aparte del proceso, lo cual es bueno para nosotros. Y ayer mismo recusamos al juez Roosevelt Cedeño para ganar tiempo. Todo es favorable a la liga azul, por ahora”.
Aquí puedes descargar y leer las conversaciones sobre las conspiraciones en el TCE.
¿De qué se trata el caso Ligados?
El caso Ligados investiga la presunta “usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas” por parte de cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El nombre hace referencia a la denominada Liga azul, conformada por los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes hicieron campaña con la Revolución Ciudadana, pese a que tienen prohibido ser afines a algún movimiento o partido político.
El 24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el edificio donde funciona este organismo, en el centro de Quito, capital ecuatoriana. El allanamiento se dio tras una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald.
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