El caso González y otros, explicado

El caso inicialmente llamado Fybeca, luego Las Dolores y ahora caso González y otros, dejó ocho fallecidos y cuatro desaparecidos, e imágenes imborrables para los ecuatorianos. 

Sucedió el 19 de noviembre de 2003, y está inmortalizado en una serie de fotografías. En una se ven dos cuerpos tendidos boca abajo, con los brazos extendidos hacia su cabeza, junto a un auto blanco en los exteriores de una farmacia en Guayaquil. 

En otra, un hombre vestido de civil (que luego se sabría era un ex policía), agarra del codo y la cabeza a una persona esposada y con el rostro cubierto por su misma camiseta blanca. 

Aunque no se ve en la imagen, dentro del local hay seis cuerpos más entre las perchas. El violento episodio ocurrió a las 7 de la mañana, en la ciudadela La Alborada, un populoso barrio al norte de la ciudad costera de Guayaquil. 

El asalto al local produjo una balacera entre 8 delincuentes y unos 20 policías. La versión de la Policía Nacional, citada en un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), fue que durante el intento de robo a la farmacia Fybeca, un grupo de 20 policías pasó por el lugar, se dio cuenta del crimen e intervino.

Las personas fallecidas en el supuesto cruce de balas, recibieron al menos cuatro impactos cada una:

José Cañar Reyes murió con cuatro tiros en la espalda.

Jazmani Rosero López también murió con cuatro impactos de bala en la espalda.

Raúl Salinas Chumacera murió con cuatro balas por la espalda y uno en el brazo izquierdo.

Miguel Ángel Quishpe Portillo murió con más de cuatro impactos de bala por la espalda, y uno a la altura de su hombro izquierdo. 

Richard Tello Jácome murió con dos disparos, uno por la parte delantera, y uno en el antebrazo izquierdo.

Genry Aguiar Vargas murió con seis tiros, asestados por la espalda. 

Carlos Germán Andrade Almeida, un pastor evangélico y cliente de la farmacia, murió con ocho disparos dados por la espalda. 

Jimmy Córdova Encalada, mensajero de farmacia, murió con dos disparos hechos por la espalda y uno a la altura del cuello. 

Al día siguiente, 20 de noviembre de 2003, el fiscal Héctor Vanegas inició la instrucción por el delito de robo a la farmacia Fybeca.

Cómo ocurrieron los hechos

Cerca de las 7 de la mañana del 19 de noviembre de 2003, un grupo de asaltantes intentaron robar en la farmacia Fybeca ubicada en la ciudadela La Alborada, entre la avenida Benjamín Carrión y Rodolfo Baquerizo. 

Enseguida, 20 miembros de la Policía Nacional y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ingresaron al lugar y dispararon en contra de los asaltantes. 

El grupo de policías actuaba bajo el mando del mayor Eduardo González Flores. Uno de los integrantes de la patrulla policial, el teniente Darwin Suárez, dijo que el mayor González cumplió órdenes del comandante general Jorge Poveda. 

Además, según se relata en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2008,  el coronel Marcelo Vega y el general Marco Cuvero también estaban al tanto de lo que se hacía en el operativo del 19 de noviembre.

También se conoce que González no reportaba sus actividades a nadie, salvo al Comandante General que lo envió en comisión de servicios a Guayaquil. Esto le permitía ejecutar, sin control, acciones bajo el pretexto de una lucha antidelincuencial.

Casi 21 años después de los hechos, en la segunda sentencia condenatoria por este caso que más adelante fue catalogado como de lesa humanidad, la Fiscalía reveló que para cometer el delito, los miembros de la Policía habrían planificado con antelación su intervención. 

Los agentes se reunieron ese día desde las 5 de la mañana en la Policía Judicial de Guayaquil, en una zona industrial a las riberas del Estero Salado, brazo de mar que penetra por varios ramales a la ciudad. 

Luego, procuraron estar presentes en las inmediaciones de la farmacia previo a que se suscitara el robo para así tener garantizada la intervención del interior y exterior del lugar.

Cuando terminó la supuesta balacera, y detuvieron a tres personas, dieron rienda suelta a un sinnúmero de agresiones. 

Primero, llevaron a las víctimas a un vehículo Nissan Pathfinder rojo con placas alteradas, denunciado como robado y recuperado por la Policía Judicial del Guayas. Luego los trasladaron a las instalaciones de la Policía Judicial donde torturaron a los detenidos.

Tras un peritaje balístico, en 2004, el jefe de Criminalística, Enrique Espinosa de los Monteros, dijo que las armas de los supuestos delincuentes no fueron disparadas. 

Un informe del Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos, que detalla el número de impactos de bala recibidos por cada uno de los fallecidos, identifica a los autores de los disparos y presenta los resultados del estudio de parafina realizado, por lo que se concluye que no hubo un intercambio de balas entre los policías y los presuntos delincuentes.

Según un informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, poco antes de las 7 de la mañana, el pastor evangélico, Carlos Andrade, fue a la farmacia Fybeca a comprar pañales para su hija. 

Jimmy Córdova, el mensajero de la farmacia, pese a que ya había terminado su jornada, fue llamado a cubrir el turno de la madrugada de ese 19 de noviembre.    

Esa misma mañana, alrededor de las 7, César Augusto Mata Valenzuela, acompañado por su amigo Jhonny Elías Gómez Balda, salieron de su casa en el auto de Johnny, un Chevrolet Swift negro, para comprar víveres para celebrar su cumpleaños. 

Aproximadamente quince minutos después, se detuvieron en un taller mecánico en el sector de La Garzota para reparar uno de los neumáticos del auto. Poco después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y los arrestaron. 

La noche del mismo 19 de noviembre, María Dolores Guerra, esposa de Jhonny Gómez, uno de los detenidos en el asalto a la farmacia, recibió un mensaje: “Mija, estoy en los patios de la PJ metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar”. 

María Dolores fue a buscarlo, pero le dijeron que su esposo no estaba en el lugar, un amplio canchón donde conviven barracas policiales, bienes incautados, oficinas administrativas, laboratorios y calabazos, entre el polvo reseco por la falta de árboles. 

Al mismo tiempo, Iván Mata recibió tres llamadas de su hermano, César Mata, quien también fue detenido durante el asalto en la farmacia: “Estoy detenido en la PJ, al fondo, haz bulla que me van a matar”. Las tres llamadas repitieron el mismo mensaje. 

Una hora después de los comunicados, María Dolores Guerra e Iván Mata denunciaron en la Fiscalía, por separado, la desaparición de sus familiares. 

Al día siguiente, los periódicos difundieron la noticia junto con las imágenes de lo que dejó el operativo, que hasta ese momento, aparentemente había truncado un asalto en el local comercial. 

En una de las fotos, aparece el policía de civil (Erick Salinas, un ex agente de la Policía Judicial), llevando del brazo a uno de los detenido. La imagen se convertiría en una icónica postal sobre las desapariciones forzadas en el país. 

Con las manos esposadas en la espalda, vestía un jean color azul y una camiseta blanca que, aunque fue usada para cubrirle el rostro mientras era dirigido a un auto. María Dolores Guerra reconoció que ese detenido era su esposo, Jhonny Gómez Balda. 

El 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió a una solicitud de medidas cautelares presentada por María Dolores Guerra por la desaparición de su esposo. 

La CIDH solicitó al Gobierno de Ecuador: «Tomar las medidas necesarias para localizar y proteger la vida e integridad personal de Johnny Gómez Balda, Seydi Vélez Falcones, César Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma. Informar sobre las acciones emprendidas para investigar y esclarecer judicialmente la desaparición de estas personas…»

Pese a ello, el fiscal Carlos Pérez Asencio se abstuvo de acusar a los imputados por la desaparición de Jhonny Gómez Balda: el sargento segundo Sergio Gaibor Bosquez y Erick Salinas Monge. 

El 24 de noviembre, Mireya Vélez, la esposa de un tercer detenido y desaparecido, Erwin Vivar Palma y tía de la única detenida producto del asalto, Seydi Vélez Falcones, denunció la desaparición de su esposo y una escasa comunicación con su sobrina quien tras el asalto fue la única detenida. 

Mireya Vélez se enteró del asalto alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, por un flash informativo que mencionó el nombre de su sobrina. Inmediatamente llamó a su esposo para saber qué ocurría: “Mireya estoy preso, estoy preso, me quieren matar, cuida a mi hijo, cuiden a Seydi, me tienen en una emboscada, me van a quitar el celular …”, le dijo durante una llamada telefónica. 

Según la versión del informe de la Comisión de la Verdad, la mañana del 19 de noviembre, Erwin Daniel Vivar Palma y su sobrina Seydi Natalia Vélez Falcones iban a una entrevista de trabajo. 

Alrededor de las seis y media de la mañana, fueron interceptados por un vehículo gris y fueron víctimas de un secuestro exprés.  Seydi recuerda que esas personas la llevaron en el carro de su tío a una farmacia, donde uno de los hombres la obligó a entrar y luego sacó un arma de fuego, con la que amenazó a las personas que estaban dentro de la farmacia.

Según el testimonio de Seydi Vélez, al llegar a la farmacia perdió el rastro de su tío. Dijo, además, que vio a tres o cuatro personas boca abajo, con la cabeza hacia arriba, y  que alguien les pisaba las manos. Otras estaban contra la pared.  

Pese a que Seydi Vélez le dijo a los policías que uno de los hombres que estaba en el piso la había secuestrado y apuntado con una pistola minutos antes, los policías —algunos de civil— le dijeron que debía rendir declaraciones en la Policía Judicial. 

Inmediatamente fue detenida y subida al mismo Nissan Pathfinder rojo en el que llevaban detenidos a Jhonny Gómez Balda, el hombre con la cabeza tapada con su propia camisa blanca. Según Vélez, también estaba otro hombre detenido que llevaba la cara tapada con una camisa roja. Era César Mata. 

En el trayecto hacia la Policía Judicial, según Seydi Vélez, le pusieron un pasamontañas que impidió que viera qué ocurría. Unas cuadras más adelante ella fue transbordada a otro auto, y desde entonces no supo nada más de los otros dos detenidos. 

Alrededor de la 2 de la tarde, Vélez fue llevada a la casa de un agente de policía al que le decían Romancito. Ahí le ordenaron que ella debía decir que los delincuentes dispararon y que la Policía respondió. Seydi Vélez le dijo que no fue así como ocurrieron las cosas, y uno de ellos le respondió: “tú tienes que ayudarnos a nosotros, para nosotros ayudarte a ti”. 

El 20 de noviembre, el día en que Seydi Vélez debía rendir versión por el presunto delito de robo a la farmacia Fybeca, según ella, no dijo lo que los policías le exigieron. De hecho, adujo, que se mantuvo en total silencio. Según Vélez, el fiscal Germán Dávila hacía las preguntas y él mismo las respondía. 

A partir de ese momento Seydi Vélez dice que fue hostigada en la celda en la que permanecía. Un día, alrededor de las 11 de la noche, llegó su primer abogado quien le mostró unas fotos, y le pidió que elija a una de tres personas para que indique quién fue que la llevó a la fuerza a la farmacia. Seydi contestó que no era ninguno de los fotografiados. 

Según esta versión, en esa conversación el abogado le dijo a Seydi Vélez que los tres sujetos de las fotografías eran los desaparecidos. Uno de ellos era su tío, Erwin Vivar Palma. También le dijo que el fiscal Vanegas la iba a ayudar si admitía que uno de los desaparecidos fue quien la llevó a la fuerza. 

Seydi Vélez fue obligada a elegir uno, y la devolvieron a su celda. 

En febrero de 2004, Vélez fue trasladada a la Penitenciaría del Litoral, según su versión, justo antes de las audiencias recibía llamadas amenazantes para que no hablara nada en contra de la policía. “Me hacía acuerdo de que si yo me metía con uno de la policía, me metía con la institución, que para la institución era fácil aplastarme”, dice en su testimonio que consta en el informe de la Comisión de la Verdad. 

Las contradicciones de la versión oficial

Las personas fallecidas en el supuesto cruce de balas, recibieron al menos cuatro impactos cada una. Fotografía cortesía de CDH Guayaquil.

En diciembre de ese mismo año, un informe del caso señaló que hubo un mal procedimiento de los agentes en el operativo, pues “no se racionalizó el uso progresivo de la fuerza”. Además, según informes del Servicio de Investigación Técnica, no existió enfrentamiento entre los supuestos delincuentes y los policías, y se dieron ejecuciones extrajudiciales. 

Las rutas seguidas por los cinco vehículos que transportaron al personal policial involucrado en los hechos demuestran que nunca tuvieron la intención de llevar a cabo una supuesta captura en la ciudadela Las Orquídeas, al sur de la ciudad, como afirmaron los acusados durante años. En realidad, se dirigieron directamente hacia la ciudadela La Alborada, en el otro extremo de Guayaquil. 

De acuerdo con un testimonio anónimo, detallado en el informe de la Comisión de la Verdad, Carlos Germán Andrade Almeida, quien murió en el cruce de balas, gritaba: “no me maten, soy pastor evangélico, aquí está mi credencial”. 

Su hermano, Walter Almeida, estaba casi seguro que los ocho proyectiles de bala que recibió fueron hechos por la espalda. Según el informe de la Comisión de la Verdad, la autopsia corroboró esa hipótesis. 

En las imágenes de lo ocurrido, el cuerpo de Andrade yace tendido junto al auto blanco, al lado de él hay una granada. 

Cuando su esposa, Eufemia Dolores Vélez, se enteró del robo en la farmacia acudió al lugar. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando, según su testimonio, vio cómo se llevaban los cadáveres enumerados. Uno, dos, tres, cuatro, “el quinto era mi esposo”.  Eufemia Dolores pegó un fuerte grito y uno de los policías le dijo que todos los muertos eran delincuentes. También le dijo que era una banda a la que venían dando seguimiento desde hacía ocho días. 

Al medio día de ese 19 de noviembre, Eufemia Dolores puso una denuncia en la Fiscalía por el asesinato de su esposo a manos policiales. 

En diciembre de 2003, la Defensoría del Pueblo abrió un expediente de investigación del coronel Fausto Flores, jefe provincial de la Policía Judicial, y Hugo Robalino, jefe del  Distrito de la Policía, junto con otros miembros de la Policía Nacional, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades.

Ese mismo mes, veinte policías, involucrados en la incursión a la farmacia Fybeca, fueron detenidos en el Cuartel Modelo de la misma policía, por orden del presidente de la Segunda Corte Distrital de la Policía, Luis Castro Saquicela, quien emitió la orden de inicio de proceso y ordenó la instrucción del sumario contra ellos.

El 5 de marzo de 2004, el fiscal Vanegas acusó y ordenó la detención de los tres desaparecidos a partir del asalto, el 19 de noviembre: Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma. Según el fiscal, los tres sujetos junto con la detenida, Seydi Vélez, participaron como coautores del robo a la farmacia por lo que solicitó su prisión preventiva. 

Dolores Vélez, Dolores Briones y Dolores Guerra, esposas de los fallecidos y un desaparecido, denunciaron irregularidades en lo que hasta ese entonces se conocía como el caso Fybeca. 

Más adelante, en 2014, la Fiscalía comunicó que el caso Fybeca sería renombrado como «Las Dolores», en referencia al nombre común de las tres mujeres que denunciaron la desaparición y asesinato de sus esposos. 

Este cambio se realizó a petición de la Corporación GPF, propietaria de la farmacia Fybeca. Al final, el caso fue rebautizado como “Caso González y Otros”, en referencia a los policías implicados en las desapariciones y muertes.  

El 6 de abril de 2004, el fiscal de la Policía, Cristóbal Mantilla, decidió no presentar cargos contra el mayor Eduardo González Flores, el oficial que estuvo al mando del operativo Fybeca. Tampoco responsabilizó a los otros 19 policías involucrados.

El 28 de abril de 2004, Luis Castro Saquicela, presidente de la Segunda Corte Distrital de la Policía, dejó en libertad a catorce de los oficiales de Policía detenidos. Argumentó que los policías liberados solo cumplieron funciones de resguardo del lugar y evitaron desórdenes en los exteriores de la farmacia. 

Dos días después, fijó una fianza y ordenó la liberación de los seis oficiales restantes.

En la versión de Seydi Vélez, la única detenida como autora del delito de robo en la farmacia Fybeca, recogida en el informe de la Comisión de la Verdad, dice que cuando la Policía ingresó a la farmacia, fueron ellos los que dispararon. 

El Plan “Más Seguridad”

El operativo Fybeca, que resultó en la muerte de ocho personas y en la desaparición de otras tres, se realizó como parte de una estrategia de seguridad impulsada por la Alcaldía de Guayaquil, en ese entonces encabezada por Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano. Nebot gobernaría la ciudad hasta 2023, cuando la sucesora de Nebot, Cinthya Viteri, perdió la elección con Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad para el periodo 2023-2027 (en 2024, Álvarez sería investigado por presunto tráfico de combustible). 

Esta estrategia se llamaba  Plan Más Seguridad, una iniciativa lanzada en 2004 por Jaime Nebot, que buscaba proteger la ciudad mediante un esfuerzo conjunto entre la Policía, la Comisión de Tránsito del Guayas y el Municipio.

El plan fue suspendido durante el gobierno de Rafael Correa, quien gobernó entre 2008 y 2017, y que luego de su gobierno ha sido sentenciado en casos de corrupción. 

Años después, en 2018, Jaime Nebot retomó la discusión sobre el supuesto éxito del plan que implementó años atrás. 

Apenas décadas después, un halo de justicia

El informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Sin Verdad no hay Justicia, llevó a la Fiscalía a abrir dos procesos judiciales, en 2011 y 2016, por este caso, considerándolo imprescriptible por ser un delito contra los derechos humanos, por su gravedad y porque fueron cometidos por oficiales en funciones estatales. Esto significa que no hay límite de tiempo para perseguir y juzgar estos delitos. 

En noviembre de 2014, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia anunció las primeras 11 sentencias condenatorias. Cinco de los policías que participaron en el operativo recibieron 16 años de cárcel.

Otros cinco fueron sentenciados a dos años de reclusión como encubridores, pero dado que esta forma de participación ya no estaba contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no cumplieron la pena. El restante, un excomandante de Policía, fue declarado inocente.

El 4 de septiembre de 2015, dos ex policías que estaban prófugos también recibieron una condena de 16 años como autores y dos años más como encubridores. 

Otros cinco acusados, entre ellos el entonces mayor de Policía Eduardo González, quien dirigió el operativo en la farmacia se fugaron del país. 

Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que las víctimas recibieron disparos por la espalda mientras estaban sometidas en el suelo. Es decir, que no hubo un enfrentamiento a fuego, como había sostenido la Policía durante más de una década. 

También se descubrió que, para ocultar la verdad, se alteró la escena del crimen y se eliminaron pruebas, incluyendo la grabación de la cámara de seguridad de la farmacia, que podría haber registrado lo ocurrido ese 19 de noviembre de 2003. 

También los involucrados movieron algunos de los cadáveres, colocaron una granada cerca de la mano izquierda de Carlos Andrade, quien era diestro, situaron un cuchillo para cortar pan junto al cadáver de Jimmy, el mensajero. También retiraron casi todos los casquillos de balas disparadas.

Según la línea de tiempo de la Fiscalía, la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, que investigó las ejecuciones extrajudiciales, encontró a Erwin Vivar, una de las personas reportadas como desaparecidas, en Venezuela en 2015.

La Fiscalía solicitó que rindiera testimonio, y le concedió el estatus de testigo protegido. 

En su testimonio, en una audiencia de formulación de cargos, ya como testigo protegido,Vivar contó que mientras estuvo detenido fue torturado en la Policía Judicial del Guayas. 

Después, Vivar y Johnny Gómez, otro de los desaparecidos, fueron lanzados al Estero Salado de Guayaquil, y los policías les dispararon. Según cuenta, Vivar logró escapar con vida tras protegerse de las balas con el cuerpo de Gómez.

Por temor a su vida y la de su familia, Vivar estuvo escondido por varios días y con la ayuda de sus padres viajó por tierra hacia Venezuela, donde permaneció por casi 13 años. 

En 2016, la Fiscalía inició la investigación preliminar por plagio mediante la modalidad de desaparición forzada, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos.

En junio de 2016, el conjuez nacional Iván Saquicela dispuso la prisión preventiva para 12 personas y estableció la prohibición de salir del país para otras tres personas implicadas en la desaparición forzada. 

En abril de 2024, otros cuatro procesados fueron sentenciados a pena máxima como autores directos de las desapariciones forzadas en 2003. 

En la reinstalación de la audiencia de juicio, el 5 de agosto de 2024, se sentenció a 26 años de pena privativa de libertad a los expolicías: Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés, como coautores del delito de desaparición forzada.