Si queremos llegar al origen de la violencia que acompaña al negocio del narcotráfico, los países y regiones consumidores de cocaína deben legalizar su consumo. Esto nos beneficiaría a nosotros y a ellos, principalmente a Estados Unidos y Europa. La razón es simple: los productos legales no generan violencia en su cadena de suministro. Si no optan por ese camino, los consumidores estadounidenses y europeos van a seguir financiando a los narcos. 

Los narcos, en cambio, usarán estos fondos para sofisticar sus operaciones, comprar armas hasta superar los recursos de las fuerzas de seguridad, corromper oficiales y deteriorar la institucionalidad de los países que, como nosotros, están estancados entre la oferta y la demanda. 

La estrategia de controlar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos se ha enfocado en atacar la oferta criminalizando su producción. Es hora de admitir que esa estrategia es un fracaso. 

Desde la década de 1990, por ejemplo, Estados Unidos ha financiado el Plan Colombia, un proyecto que militariza los intentos de reducir la producción de cocaína, a través de donaciones que equivalen aproximadamente a 12 mil millones de dólares

Colombia, sin embargo, sigue rompiendo récords anuales de producción de cocaína. Desde 2008, el gobierno estadounidense también ha dado 3 mil millones de dólares a México para combatir el crimen organizado, con el único resultado de alcanzar nuevos récords de violencia e impulsar más migración hacia la frontera norteamericana. 

Además de México y Colombia, las consecuencias de la fracasada estrategia de atacar la oferta de cocaína ha hecho metástasis: ahora consume a Guatemala, Honduras, Haití, y cada vez más a Costa Rica. También el narcotráfico se ha hecho más poderoso y su presencia en cada país termina en lo mismo: corrupción masiva, instituciones fallidas, migración hacia los Estados Unidos. 

Si queremos evitar más estados fallidos, hay que reconsiderar la estrategia. 

Estados Unidos y Europa no han sentido una urgencia para reconsiderar la estrategia de la guerra contra las drogas porque las consecuencias no les afectan tanto, hasta ahora. 

Recientemente, la alcaldesa de Amsterdam dijo que había que reconsiderar la ilegalidad de las drogas ya que el narcotráfico ha aumentado los niveles de violencia en los Países Bajos y representa cada vez más una amenaza para los holandeses. 

Los narcotraficantes de ese país están reclutando a niños de entre 10 y 12 años para involucrarse en su negocio sucio, y las autoridades tienen el desafío de pararlo. Aunque parezca improbable, la misma corrupción sistemática del narcotráfico en América Latina puede sentirse en Europa, incluso en países con institucionalidad fortalecida. 

En Estados Unidos reconsiderar la estrategia de las drogas tampoco parece ser una prioridad. 

El tema principal que impulsa el candidato y ex presidente Donald Trump es la migración masiva en la frontera sur. Cada mes, los números de migrantes identificados por las fuerzas fronterizas estadounidenses aumenta, y el gobierno de Joe Biden ha sido incapaz de controlarlo. Entre las nacionalidades que tratan de llegar a Estados Unidos hay ecuatorianos que citan la inseguridad como uno de los motivos principales de su fuga. 

El intento de llegar a los Estados Unidos, que incluye el cruce de siete países, la selva Darién, el Río Grande y el desierto de Sonora, es peligroso y costoso: mientras los migrantes venezolanos y cubanos huyen de crisis causadas por sus gobiernos, los ecuatorianos, haitianos, hondureños, guatemaltecos y otros huyen de la inseguridad financiada por el narcotráfico. 

La batalla actual es entre el poder estatal y el poder del mercado. Y, casi siempre, el poder del mercado gana. Debemos aceptar que el poder estatal tiene límites en controlar el comercio cuando hay voluntad entre compradores y vendedores. 

Incluso, los países más autoritarios en su control de la economía, como Cuba, Corea del Norte, y Venezuela, aceptan la presencia de mercados negros porque simplemente no pueden controlar las fuerzas del comercio. 

En 2012, fui a Venezuela y recuerdo que había una enorme diferencia entre la tasa oficial de cambio del dólar y la tasa del mercado negro. Antes de salir del aeropuerto, tuve varias ofertas de cambiar mis dólares a la tasa del mercado negro. Me quedé con la intriga: si el gobierno no puede controlar la tasa de cambio en el aeropuerto, ¿cómo pretenden controlarlo en el país entero? 

Es momento de sincerarnos. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos no tienen los recursos para encarcelar a cada consumidor de cocaína, y los gobiernos latinoamericanos no tienen los recursos para combatir la producción. 

No hay dinero suficiente para invertir en las fuerzas de seguridad para que pongan fin a la producción de cocaína. Más bien, el mercado de cocaína es elástico: si baja la oferta, los consumidores pagan más, y los narcos siguen ganando. Por eso estamos en lo que en inglés se conoce como un doom loop: un círculo de destrucción. 

Hay un mercado global que supera las 25 millones de personas que, a pesar de los peligros, insisten en consumir cocaína de forma recreacional. De nuestro lado, mientras exista la combinación de factores que incluyen condiciones climáticas, pobreza y oportunidad financiera, va a haber quién esté dispuesto a alimentar esa demanda y utilizar la violencia y la corrupción como ventajas competitivas. Y el costo lo pagaremos todos con la falta de seguridad y el estancamiento de nuestro desarrollo económico. 

La legalización no es una solución perfecta, pero sus consecuencias son mejores que el status quo.

Primero, la penalización no ha funcionado para eliminar el consumo, sino que ha financiado la violencia y el debilitamiento de las instituciones de los países productores. 

Segundo, si van a consumir, quienes lo hagan merecen saber qué están consumiendo y tener controles de calidad para evitar sobredosis y reducir la posibilidad de adicción. Tercero, cuando sea legal, ya no habrá incentivo para la violencia por parte de los traficantes, ya que los diferentes países productores podrán competir para producir y nadie tendrá acceso privilegiado a rutas de transporte. Con eso se desaceleraría el flujo de armas hacia América Latina. 

Cuarto, legalizar no significa necesariamente crear las condiciones para epidemias de drogadictos: más bien, la epidemia actual de drogas en Estados Unidos tiene sus raíces en drogas obtenidas en farmacias con recetas. Quinto, mientras se sigan fortaleciendo, las organizaciones narcotraficantes van influyendo en otros sectores ilícitos, como la minería ilegal, la deforestación, la contratación pública para lavar su dinero, entre otras. 

Cuando la actividad económica del narcotraficante pasa del mercado ilegal al legal, se pierde el capital semilla para financiar aquellas otras actividades. 

Todo esto no significa que el narco vaya a desaparecer, pero se encontraría económicamente debilitado y obligado a cambiar de enfoque, algo que limita su capacidad de reclutar y expandir su influencia negativa en el país y sus instituciones. 

Ya que la lucha armada en Colombia y México no ha dado resultado, algunos países están practicando “quiet quitting” (renuncia silenciosa): dejan de combatir el narcotráfico de forma significativa y esperan no sufrir tantas consecuencias. De hecho, lo mejor que se puede esperar de la estrategia militarizada es que un grupo de delincuencia organizada gane un monopolio y opere con la complicidad de los gobiernos locales a cambio de una disminución de violencia.

En otras palabras, para Ecuador significaría volver el status quo que había hasta el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016. 

Si queremos un futuro que no esté anclado a las consecuencias negativas del narcotráfico, debemos entender la historia: los narcotraficantes van y vienen, y con cada caída de un Pablo Escobar o un Chapo u organizaciones como las FARC, el problema no se resuelve, sino que empeora. 

Estamos destinados a seguir perdiendo la guerra hasta que tengamos el coraje de generar un cambio global de estrategia. La actual, de limitar la oferta, no sólo no alcanza su objetivo, sino sigue empeorando la situación, afectando a más países y sembrando más miseria. 

Hay dos verdades que debemos afrontar. Primero, la penalización de las drogas no crea el desincentivo que asumimos; más bien, sigue consumiendo recursos sin resultados. Segundo, los productos legales no generan violencia en su cadena de suministro. Si queremos ganar, tenemos que cambiar el juego.

Matthew Carpenter 100x100
Matthew Carpenter-Arévalo
(Canadá, 1981) Ecuatoriano-canadiense. Escribe sobre tecnología, política, cultura y urbanismo.
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