La participación política de las mujeres se construye saltando obstáculos

Yennifer López llegó a ser alcaldesa del cantón Paltas, en la provincia de Loja, de una manera inesperada: ganó su cargo en los tribunales. El camino a la alcaldía lo libró en el Tribunal Contencioso Electoral después de que interpusiera y ganara la primera demanda por violencia política de género en el país. La denuncia fue en contra del entonces alcalde de Paltas, Jorge Luis Feijoó.

Después de que él agotara todos los recursos legales para mantenerse en su cargo, el 31 de agosto de 2022, ocho meses antes de las elecciones seccionales de 2023, Feijoó fue removido. Así, López sentó un precedente que ayudaría a otras mujeres del país.

A pesar de que Yennifer López estuvo solo ocho meses en la alcaldía, su camino en política comenzó desde el colegio, cuando ni siquiera se atrevía a ser candidata para el consejo estudiantil. Ese año fue la jefa de campaña de un grupo de compañeros que sí se postularon. Con el tiempo se fue acercando a la política. Hasta que en 2019  ganó la concejalía del cantón Paltas por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO). 

Tras ser posesionada como concejala, fue elegida como vicealcaldesa. “Era la única mujer en toda la Concejalía y me correspondía ese cargo por ley”, dice. López se refiere al artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece que si el alcalde es hombre, la vicealcaldía la debe ocupar una mujer, y viceversa.

Antes de asumir su cargo, comenzaron los roces con Jorge Luis Feijoó. El día de las elecciones seccionales de 2019, recuerda, fue evidente que ella tenía más apoyo popular. Los conocidos de Yennifer que estaban en las juntas receptoras del voto le decían “ya no nos daban las hojitas para ir poniendo los cuadritos porque era bastante”, dice López.

Feijoó y ella corrían por el mismo partido político. “Mientras esperábamos los resultados, yo le decía ‘Jorge, sí vamos a llegar, confíe’”. El hombre respondió: “claro, eso dice usted porque ya está dentro”. En ese momento, ella sintió que nació cierta animadversión. 

Ya en el cargo, en 2020, López sentía que Feijoó esperaba que ella siguiera sus pasos sin cuestionar. Una de las primeras cosas que le incomodó fue que el entonces alcalde le pedía que fuera a su oficina antes de las reuniones del Concejo para saber cómo iba a votar. Ella cuenta que esta situación le molestaba. Ella decidió no ir a la oficina del ex alcalde  porque el papel de los concejales es fiscalizar las acciones del alcalde y votar acorde a criterios técnicos,  no a las conveniencias del gobierno de turno. 

Yennifer López, ex alcaldesa de Paltas. Fotografía cortesía de Yennifer López.

López cuenta que una de las principales acciones de fiscalización que hizo fue vigilar cómo se gastaba el presupuesto de la alcaldía en las fiestas de cantonización. “Encontré valores que se iban por otro lugar e hice informes de esto”, recuerda. “Había un valor de 4 mil dólares en copas de whisky y en esa ocasión le dije al alcalde que había que justificar bien los gastos para que no se malentieran las cosas”. 

Además, la entonces vicealcaldesa cuenta que le dijo que ese gasto podría generar  preguntas como ¿Quién está tomando la salud del pueblo? ¿Quién está tomando a costillas de la gente?

Estos comentarios molestaron aFeijoó.

A pesar de que intentó tomar sus propias decisiones, cada vez que actuaba de forma independiente, como cuando daba una entrevista para rendir cuentas, el alcalde le reclamaba. “Él quería que le pidiera permiso y eso no iba a pasar”, explica López.

Cuando una mujer es impedida o criticada al ejercer poder político, solo por ser mujer, está  viviendo violencia política. Este concepto es parte del estudio Violencia Política contra las Mujeres en el Ecuador. El documento dice que la violencia en contra de las mujeres en la política tiene como consecuencia los bajos niveles de participación durante las elecciones. En Ecuador, las brechas de género más significativas, detalla el documento, se dan a nivel municipal y de prefectura.

Los resultados de las últimas elecciones seccionales, en febrero de 2023, son un ejemplo. De las 186 candidaturas para las prefecturas de 23 provincias solo 46 fueron mujeres (24,7%). De las 1.539 candidaturas a las alcaldías de 221 cantones, solo 470 fueron mujeres (30,5%) frente a 1.079 hombres. 

Aunque las cifras son bajas, el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer dice que en 2023 hubo un incremento del 10,9% de participación de las mujeres en las alcaldías, en comparación a 2019. Y en las prefecturas el incremento fue del 13%. 

La participación política de las mujeres es un tema que preocupa a quienes luchan por la igualdad de género. Por eso, uno de los cinco puntos urgentes del “Balance de la situación de la mujer ecuatoriana”, escrito por organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, menciona este tema. 

El texto,  difundido en abril de 2023, dice que “pese a indudables avances normativos e institucionales para que aumente la participación de las mujeres en el poder político, persisten factores estructurales que impiden y limitan este derecho, la violencia política es uno de ellos”. 

El grupo parlamentario por los derechos de las mujeres que firmaron el compromiso violeta. Fotografía cortesía de la Coalición Violeta.

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Aunque han pasado 26 años desde que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Cuotas para que haya paridad de género en la esfera política, los partidos y quienes están en el poder constantemente tratan de pasar por alto esta normativa. Buscan mecanismos y artimañas para limitar la participación de las mujeres.

Yennifer López fue destituida de la vicealcaldía en 2021 por una de estas artimañas. Tuvo que dejar su cargo cuando Feijoó propuso reformar la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del GAD Municipal de Paltas, en 2020. Concretamente propuso que  el Concejo podía, de forma opcional, designar otro vicealcalde después de 16 meses de que un concejal estuviera en el cargo.

Según López, la reforma buscaba cesarla de sus funciones porque el alcalde se sentía incómodo con su trabajo de fiscalización. La reforma fue aprobada por el pleno del Concejo Municipal de Paltas. Como resultado, en marzo de 2021, Yennifer López fue cesada de sus funciones. Se ordenó elegir a un nuevo vicealcalde. 

Su destitución fue posible porque hasta 2020 en el Cootad no se especificaba que si el alcalde era hombre, la vicealcaldía la debía ocupar una mujer. En esta normativa solo decía que se establecerá la alternancia hombre mujer “hasta donde se pueda”. 

Este tipo de artificios legales, explica Ana Karen Gómez, abogada y miembro de la  Asociación Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía (Mega), fueron usados por alcaldes de diferentes cantones  de forma recurrente para destituir a las vicealcaldesas después de 16 meses en sus funciones. 

Los alcaldes de varias partes del país, cuenta Gómez, hablaban entre sí, y así se enteraron del caso de Feijoó. “Ya sabían cómo actuar en este tipo de casos”, cuenta la abogada. Por ejemplo, Verónica Saritama, en la provincia amazónica de Orellana, fue electa como concejala en las urnas, pero  fue designada como vicealcaldesa. Después, fue destituida, por una reforma similar a la de Paltas, en Francisco de Orellana. 

Gómez recalca que estas destituciones de las vicealcaldesas fueron ilegales porque tras la aprobación de las ordenanzas —que permitieron cambiar de vice luego de 16 meses—, podía aplicarse en el próximo periodo, es decir a partir de 2023. Por eso, para el periodo 2019-2023, se debía cumplir con el principio de que si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa debía ser mujer. Esto porque la ordenanza no es retroactiva. 

A pesar de esto, algunos alcaldes, cuenta Gómez, se valieron de estas “triquiñuelas” para cesar de funciones a sus vicealcaldesas.

Este tipo de situaciones son precisamente las que intenta visibilizar la campaña Violeta Sí, Violencia No, cuyo foco es  llamar la atención sobre la violencia de género en la política. La campaña, lanzada en enero de 2023 y promovida por la Coalición Violeta —que agrupa a 17 organizaciones feministas— redactó un compromiso para que sea firmada por organizaciones políticas. 

Durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, integrantes de la Coalición Violeta llevaban un cartel para exigir el fin de la violencia política. Fotografía cortesía de la Coalición Violeta.

Entre los pactos que asumen los partidos que lo firman está garantizar la paridad real al interior de las organizaciones, y dar una respuesta oportuna a las mujeres víctimas de este tipo de violencia tanto en las campañas como en su rol en la organización.

Hasta el momento, los partidos que se han sumado a esta iniciativa y firmaron el acuerdo durante la campaña por las elecciones seccionales de 2023 son Unidad Popular, Avanza, Izquierda Democrática, Pachakutik, Suma y Reto. Organizaciones políticas tradicionales como el Partido Social Cristiano, CREO y Revolución Ciudadana no se han adherido a este compromiso. 

La activista feminista Rocío Rosero es vocera de la Coalición Violeta, y explica que la violencia es la principal traba con las que se encuentran las mujeres que quieren participar en política o ya la ejercen. “Se manifiesta de diferentes maneras y en distintos momentos dentro de las estructuras de los partidos políticos y es habitual que las mujeres sean secundarizadas” o no tengan oportunidades de participar, dice Rosero. 

Aclara que esta “secundarización” se evidencia en que las mujeres sean la “vice” o no encabecen las papeletas. Mientras los hombres ocupan un papel protagónico. Por eso, dice, es fundamental que estos partidos políticos cambien y se enfoquen en apoyar a mujeres que quieran participar en política ofreciéndoles un espacio, no solo de formación sino de toma de decisiones.

Con este criterio coincide Daniela Chacón —ex vicealcaldesa de Quito y directora ejecutiva de la Fundación Tándem— quien también sufrió violencia política. Recuerda que siempre fue una apasionada de la política y desde muy joven buscó espacios para hablar de estos temas. Cuando tenía cerca de 30 años, tras terminar su maestría en política pública, intentó formar parte de una organización de centro. Pero no tuvo éxito. 

Chacón asegura que en ese entonces las organizaciones no estaban dispuestas a integrar a mujeres y mucho menos jóvenes. Se sintió decepcionada. “No aspiraba a que me den una candidatura, pero sí encontrar espacios para los jóvenes”, cuenta Chacón.

En medio de esa búsqueda encontró al Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), un movimiento que era nuevo y no tenía estructuras establecidas y definidas. Así comenzó a trabajar para la candidatura de Mauricio Rodas a la alcaldía de Quito. Escribió discursos, pasó cafés y tuvo reuniones con organizaciones privadas que querían aportar a la campaña. 

Luego se convirtió en vocera. Con el tiempo y por la capacidad que demostró, SUMA le ofreció la candidatura a la concejalía por el  distrito centro de Quito ya que ella había nacido en esa zona y, como dice Chacón, para “cumplir con la cuota de género”. No encabezó la lista.

En 2014, Mauricio Rodas ganó la alcaldía de Quito y Daniela Chacón una concejalía. 

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La violencia de género en la política y la falta de convicción de que las mujeres deben participar y tener un papel protagónico en la esfera pública no se limita a los partidos. También se extiende a las instituciones que deberían encargarse de garantizar que se cumplan las leyes de paridad, progresividad y alternabilidad. 

El 23 de mayo de 2023, cientos de mujeres escucharon con desconcierto e indignación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, cuando en una rueda de prensa anunció que había tomado una decisión sobre los binomios paritarios. Atamaint dijo que como eran unas elecciones extraordinarias para completar el periodo presidencial 2021-2025, no conllevaba la obligación marcada por la legislación, en referencia al Código de la Democracia. En las listas, dijo la presidenta del CNE, la cuota de género sería del 30% y no del 50%. 

La presidenta del CNE agregó que la decisión del porcentaje quedaba a discreción de los partidos políticos.

Una resolución inaudita que pisoteaba los derechos de las mujeres. Así describe Ana Karen Gómez la decisión del CNE. Para protestar por lo que consideraban una ilegalidad y exigir que se cumpliera la Ley, colectivos feministas interpusieron una acción de protección ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

Gómez dice que cuando el CNE desconoció la paridad de género y progresividad básicamente se desconoció la ley. “Y no se puede desconocer la ley porque te da la gana y argumentar que es una excepcionalidad”, explica la abogada. 

Para explicar por qué la decisión del CNE era alarmante, Gómez hace una comparación: amparándose en el discurso de que era una excepcionalidad también alguien podría haber dicho que no es importante reportar el gasto electoral y “quien quiere lo puede hacer y quien no, podía abstenerce de hacerlo”. 

Mónica Banegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer,  coincide con ese criterio. Explica que el Código de la Democracia establece que la aplicación de la progresividad —las mujeres debían encabezar las listas en un 50% de forma paulatina durante tres elecciones— se aplicará en las próximas elecciones. “No especificaba si son atípicas, ordinarias y extraordinarias, solamente decía subsiguientes y la subsiguiente a las anteriores son las que vienen ahora en agosto del 2023”.

Mónica Banegas. Fotografía de Liz Briceño para GK.

“Negociaron con nuestros derechos y fue una negociación burda”, opina Gómez. La abogada recalca que el CNE justificó esta medida porque las organizaciones políticas dijeron que no tenían suficiente tiempo para cumplir la paridad por tratarse de unas elecciones anticipadas. Para Gómez estos argumentos no se sostienen ya que en 1997 el Congreso Nacional estableció la Ley de Cuotas. Para ella, esta reciente decisión no es más que falta de voluntad política.

Banegas dice que luego del sorpresivo anuncio del presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada, las “organizaciones políticas se vieron en apuros porque nunca han hecho un trabajo de base, nunca han preparado mujeres de forma consciente para que estén liderando”.

Pero mientras las organizaciones políticas han hecho muy poco en los últimos 20 años para promover la participación de más mujeres, los colectivos de mujeres están cada vez más atentas a esta desigualdad. Gómez asegura que los colectivos ya no permitirán que se sigan jugando con los derechos de las mujeres por intereses partidistas “ya que las mujeres son el 51% de la población y debemos ser incluidas en todas las esferas”.

Con voz firme, Rocío Rosero dice que para que la democracia sea sostenible es fundamental que las mujeres formen parte de la vida política y pública en igual condiciones que los hombres. “Si una democracia sigue excluyendo las demandas y los intereses del 51% de la población, seguimos en riesgo” porque no se toman en cuenta sus necesidades ni se crean políticas públicas enfocadas en sus necesidad.

Rocio Rosero en un taller de violencia política de la Coalición Violeta. Fotografía cortesía de la Coalición Violeta.

Karina Ponce, directora de Mega, explica que la violencia política de género afecta la democracia porque se ataca a todos los principios por los que se reconoce a este sistema. Se entiende que en democracia “los ciudadanos nos vemos como iguales ante la ley y tenemos oportunidades y capacidades iguales”. 

Ponce recalca que bajo esa consideración tanto hombres como mujeres “podemos votar, ambos podemos ser elegidos, tomar decisiones en espacios de poder, podemos generar incidencia en diferentes ámbitos de la vida pública”. En ese sentido, continúa, en “el momento que esas premisas no se cumplen algo está ocurriendo porque se están vulnerando los derechos de ese otro, que en este caso son los de las mujeres”. 

La experta concluye que “si no nos están viendo como iguales entonces no es un sistema democrátic. Si no quieren que participemos, no es un sistema democrático”.

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“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”, dijo Michelle Bachelet, ex directora Global de ONU Mujeres y primera presidenta de Chile, durante una conferencia.

Con estas palabras se identifica Yennifer López, quien vivió violencia política durante tres años mientras intentaba ejercer sus funciones como vicealcaldesa y concejala del cantón Paltas. López cuenta que los mayores atropellos ocurrieron después de que criticara una convocatoria extraordinaria que realizó el alcalde Feijoó con 24 horas de anticipación para tratar y aprobar un tema importante. 

La reunión era para dar a conocer sobre el endeudamiento en el que iba a incurrir la alcaldía para construir un proyecto de agua potable para 14 barrios del cantón, por un monto de 13 millones de dólares. López cuenta que ella alcanzó a revisar los estudios previos del proyecto y encontró varias irregularidades como que se pretendía hacer expropiaciones sin haber informado a los afectados. Por lo que pidió que se amplíe el plazo para analizar la propuesta.

“Después de esto, el señor se encargó de dañar mi reputación y enviaba oficios a los líderes barriales en donde me señalaba de ‘atrasa pueblos’, de no permitir que las personas tengan una mejor calidad de vida”, recuerda. También se acuerda que Feijó  le acusó de haber falsificado firmas en la notaría que había trabajado antes de ser candidata a concejala. “No tenían ninguna prueba de lo que me acusaban y nunca lo pudieron demostrar”. 

Esta última acción fue la que la impulsó a denunciar a Feijoó ante el TCE por violencia política de género. López recibió asesoría de varias organizaciones, entre ellas Mega.

El maltrato de Feijoó empezó a afectar todos los aspectos de su vida. Las personas la dejaron de saludar en la calle. En diferentes lugares, como en escuelas, le pedían que no fuera porque si el alcalde se enteraba que había ido ponían en riesgo obras que él les había ofrecido. “Sentía que no servía, que no podía hacer las cosas”, cuenta López, con tristeza, cuando se acuerda de esa época de su vida.

La situación escaló tanto, al punto que un día una amiga de López le pidió que borrara un mensaje de cumpleaños que ella le había dejado en su muro de Facebook. “Me dijo que por favor lo quitara porque si el alcalde lo veía ponía en riesgo su trabajo en la municipalidad”, recuerda. López asegura que en muchas ocasiones sentía que ya no podía más y que su salud mental se vio afectada por los constantes ataques que sufría por parte de Feijoó. “Los ataques nunca iban para mis compañeros concejales hombres que me apoyaban, eran únicamente contra mí por ser mujer”.

Daniela Chacón entiende lo que experimentó López, ya que ella recibió ataques similares mientras fue concejala y vicealcaldesa de Quito, entre 2014 y 2016. 

Cuenta que la violencia comenzó apenas se posesionó como concejala. Al inicio hubo “una especie de obsesión por el que fuera soltera”, explica Chacón. Y que más adelante se transformó en una sexualización permanente por parte de sus compañeros de trabajo que la invitaban a salir, sin fines profesionales o laborales. Estas actitudes que parecen sutiles solo reafirman los estereotipos de género, una visión y forma de violencia en las que se considera que las mujeres deben ocupar solo un rol en la sociedad. Y ese rol está lejos de la vida pública. 

Chacón recuerda que la peor parte de la violencia sucedió cuando decidió distanciarse del ex alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Renunció a su cargo de vicealcaldesa y denunció irregularidades por la contratación de un asesor ad honorem.

Tras la denuncia, Chacón recuerda que alguien mandó a hacer una pancarta con una foto en la que salía ella con un vestido, al lado del asesor denunciado por Chacón. La pancatrta decía que Daniela Chacón había denunciado la contratación del asesor ad honorem  porque era su “amante” y como a ella no le habían tocado una “tajada”, se desquitaba haciendo la denuncia contra esa contratación. Cada vez que ella salía de un evento público como concejala, un grupo de personas sostenía esta pancarta. También recuerda que la imagen se viralizó en WhatsApp.

A pesar de que Yennifer López y Daniela Chacón no se conocen, les une una causa. Ambas, desde sus espacios, trabajan porque más mujeres se empoderen y participen en política. Chacón, desde la Fundación Tandem, realiza talleres de empoderamiento para mujeres que ya están en la política. López creó las Venturas, un espacio en el que imparte talleres de liderazgo a mujeres jóvenes que están interesadas en participar en política.

Un grupo de lideresas en un taller de liderazgo. Fotografía: cortesía de Yennifer López.

Yennifer López asegura que se necesita que más mujeres se sientan seguras de sí mismas para participar en política. Y que es hora de que en los pequeños cantones, como al que ella pertenece, las mujeres ya no pidan estar al final de la lista o penúltimas porque sienten temor de participar.  “La única forma que esto pase es que las mujeres que ya hemos recorrido el tumultuoso camino de la vida política les demos una mano”, opina López.

Chacón no está segura si un día volverá a la política ya que los ataques que recibió le han dejado secuelas. Sin embargo, está convencida que las mujeres deben participar en la vida política. Reconoce que en el país han habido cambios gracias a mujeres como Yénnifer López que se han atrevido a denunciar. En la época que ella trabajó como concejala, dice, no se conocía con exactitud lo que era violencia política y todo su círculo le recomendó que no denunciara para evitar más problemas.