Quito cómo vamos y GK

El derecho a la ciudad se entiende como poder disfrutar de espacios —como parques—, infraestructuras —como veredas— y equipamientos públicos —como bancas— en igualdad de condiciones. También se entiende como el derecho a poder acceder a la propiedad de espacios privados dignos: adecuados, limpios, seguros.

Más concretamente el derecho a la ciudad incluye vivir en condiciones sanitarias dignas, tener agua segura y servicios de alcantarillado y recolección de basura; tener una vivienda adecuada; poder acceder a espacios para trabajar, estudiar, expresarse y recrearse. También incluye tener tiempo libre, poder caminar segura por cualquier lugar y a cualquier hora. 

Lamentablemente en el Ecuador, aún estamos lejos de lograr estas condiciones en nuestras ciudades. El disfrute de la ciudad es un privilegio de muy pocos en el país.

Quito es un ejemplo de la desigualdad urbana que se expresa en condiciones materiales que hacen que unas personas puedan disfrutar del espacio y de su tiempo, y otras no.

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Para contextualizar esas desigualdades, basta revisar la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 2021. 

En Quito, el 56,1% de la población es vulnerable por su nivel de ingreso. El 19,0% se encuentra en situación de pobreza, es decir tiene menos 2,80 dólares al día; y el 37,1% es vulnerable al tener un ingreso menor a 7 dólares.

Es decir, más de la mitad de las personas que residen en Quito viven con privaciones. Su ingreso no alcanza para cubrir la canasta básica. En el sector rural de Quito, el porcentaje de personas pobres o vulnerables aumenta hasta el 61,5%. 

Gráfico 1: Porcentaje de población por estrato socioeconómico, Quito por área, 2021.

Fuente: ENEMDU 2021, ronda Anual. Elaboración: Andrés Mideros Mora.

La pobreza y vulnerabilidad está relacionada también con otras condiciones específicas, como el acceso a servicios básicos y a una vivienda adecuada.

En el área rural de Quito, el 7,5% de las personas no tienen acceso a agua por red pública en sus hogares, el 4,4% no cuenta con un sistema adecuado de eliminación de excretas (alcantarillado o pozo séptico), y el 4,8% no tiene servicio de recolección de basura.

En las condiciones de vivienda la situación no cambia demasiado: el 17,5% (casi 2 de cada 10) de personas residen en un hogar con malas condiciones inadecuadas de piso, techo y pared. Este porcentaje aumenta al 25,7% de personas en el área rural.

Sumado a estas circunstancias, el 5,5% de personas en Quito residen en condición de hacinamiento.

¿Cómo podemos hablar del derecho a la ciudad si no se garantizan las condiciones más básicas como tener una casa y agua limpia y disponible?

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Tabla 1:

Fuente: ENEMDU 2021, ronda Anual. Elaboración: Andrés Mideros Mora.

Si revisamos las oportunidades de las personas jóvenes, solo el 24,1% de entre 18 y 29 años que residen en Quito, ni trabajan ni estudian —una condición denominada “nini”. Y, la brecha de género en estas cifras es fuerte: el porcentaje en mujeres jóvenes es del 30,7% en comparación con el 17,4% de los hombres.

Hay muchas más desigualdades en Quito y otras ciudades del país. Las cifras mencionadas son solo ejemplos para llamar la atención sobre temas que se deben abordar en el debate sobre las ciudades, y en las propuestas que generen quienes aspiran a convertirse en alcaldes o alcaldesas.

Si no se asumen compromisos por la igualdad, las alcaldías se convierten en espacios de gestión de privilegios y buenos negocios de especulación urbana —del valor del suelo. Los municipios pueden y deben generar instrumentos concretos de gestión del suelo que permitan generar financiamiento para cerrar estas brechas.

Es imperante destinar recursos para universalizar el acceso a agua segura, saneamiento y recolección de basura. Para mejorar los espacios públicos haciéndolos dignos, inclusivos, abiertos y seguros. Para fortalecer el transporte público y los de movilidad alternativa, y garantizar el acceso a vivienda digna.

Estas son responsabilidades municipales. Si un candidato o candidata no aborda estos temas, debemos buscar otros. 

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Andrés Mideros Mora
Doctor en economía, máster en economía del desarrollo y en política pública. Director General Académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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