Desde 2014, más de 1200 niños, niñas y adolescentes, cuyas madres han sido víctimas de femicidio, han quedado en la orfandad, según un informe de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Esta es una de las razones por las que la asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Dallyana Passailaigue, presentó el 27 de septiembre de 2022 un proyecto de ley que busca reparar a los familiares de las víctimas de femicidio en Ecuador.

Su nombre completo es Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijos, Hijas, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas de Mujeres. Aunque la reparación de los familiares de las víctimas de femicidio está contemplada en otras leyes, según Passailaigue, estas tienen varios vacíos. 

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Uno de los objetivos de este proyecto es complementar lo que ya está establecido en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, y la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. 

El proyecto fue presentado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá revisarlo en un periodo de 30 días, para luego enviar un informe a la comisión de la Asamblea que corresponda. Esta comisión tendrá que calificar el proyecto de ley en un periodo de entre 15 a 45 días para que pase al primer debate en el pleno legislativo.

Para Geraldine Guerra, directora de la Fundación Aldea, una ley de reparación es muy importante en el contexto de crecientes femicidios que se vive en el país. Esta ley “aseguraría que todos los mecanismos necesarios para que se ponga en práctica una medida de reparación, se den”, dijo Guerra. Según ella, actualmente, las sentencias “solo quedan en el papel” y, en realidad, los familiares de las víctimas de femicidios no son protegidos a través de esas sentencias.

Estos son los principales temas que aborda esta propuesta.

Que desapariciones y muertes sean investigadas como presuntos femicidios

Ecuador es uno de los países de América Latina y el Caribe con la tasa más elevada de femicidio, según el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de las Naciones Unidas de 2020.

Entre 2014 y 2022, según el Consejo de la Judicatura, se denunciaron 540 femicidios. De estos, solo 231 tienen sentencias condenatorias: es decir, menos de la mitad de casos han recibido una sentencia. Entre 2014 y 2021, la Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador —una coalición de organizaciones de la sociedad civil que hace un levantamiento independiente de las muertes violentas de mujeres en el país— contó 648 denuncias, de las cuales solamente el 50% obtuvieron una sentencia. La entidad también reveló que en 332 casos, o sea el 25,6 %, no se identificó al femicida.

Mónica Jiménez, madre de un niña víctima de femicidio en 2016, dijo en una entrevista para el canal oficial de la Asamblea Nacional, que esta ley podría cambiar cómo se llevan a cabo las investigaciones de femicidios para evitar que los casos, como el de su hija, queden archivados tan fácilmente.

El presunto femicida de su hija está libre, y su caso está archivado. Una de las razones que, ella dice, le ha dado la justicia para archivarlo es que ella ha cambiado de abogado constantemente. “Yo creo que esa no es causal suficiente para archivar el caso”, reclamó Jiménez.

Las cifras y las situaciones como las de Mónica Jiménez, o como la de Lisbeth Baquerizo —víctima de femicidio— en la que el principal sospechoso de su asesinato está prófugo,  evidencian la impunidad en las investigaciones de femicidio. “Cuando estos delitos no son sancionados y las y los familiares de las víctimas no son protegidos, se alienta a nuevos abusos y se transmite el mensaje de que la violencia de género y el femicidio (…) es aceptable”, dice el proyecto de ley.

En este contexto, una de las principales propuestas de la ley es que toda desaparición o muerte violenta de una mujer sea investigada, desde un inicio, como un presunto femicidio. Actualmente, muchas de las muertes violentas de mujeres se empiezan a investigar como homicidios o asesinatos.

Guía a los familiares

El proyecto de ley promueve que el Estado facilite una guía para los familiares para que los ayude y guíe sobre los procesos que deben seguir. También promueve que se garantice la asignación de un abogado defensor público, quien deberá brindarles asesoría legal gratuita de forma inmediata. 

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Adicionalmente, la propuesta de ley establece directrices de cumplimiento obligatorio para que jueces y juezas garanticen “medidas de reparación, rehabilitación, satisfacción y de no repetición”. 

Los niños, niñas y adolescentes en la orfandad

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones de Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) entre enero de 2014 y febrero de 2019, más de 600 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios. La Alianza independiente que lleva otro registro suma a 1.269 niños, niñas y adolescentes huérfanos entre 2014 y 2021, a consecuencia de un delito de femicidio.

En su informe sobre Ecuador en 2020, la ONU “se mostró preocupada” porque tampoco existen suficientes espacios seguros en el país, que ofrezcan albergues adecuados para las mujeres y niñas que han evidenciado o vivido violencia de género. En su informe destaca que esta es la situación de la gran mayoría de mujeres y niñas que viven en comunidades indígenas o zonas rurales. El documento señala que el apoyo que prestan los albergues es “limitado” y que hay “falta de servicios esenciales” para las supervivientes.

Por eso, según Passailaigue, este proyecto de ley busca reparar a aquellos niños, niñas y adolescentes que han quedado desprotegidos después de que sus madres han sido asesinadas. La asambleísta cuestionó que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) haya utilizado solo 11 mil dólares del presupuesto total en 2019 de un total de 242 mil dólarespara los bonos para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio durante ese año. 

En el Ecuador, por decreto ejecutivo, los hijos e hijas de víctimas de femicidio pueden acceder a un bono. Actualmente, los bonos se distribuyen de la siguiente manera:

  • 125,33 dólares cuando solo es un hijo.
  • 183,30 dólares cuando son dos hijos.
  • 230,48 dólares cuando son tres hijos.

En marzo de 2022 el presidente Lasso decretó que para acceder a él no era necesaria una sentencia condenatoria, como estaba planteado inicialmente. Pese a esto, este bono solo llega al 8.3% de los destinatarios, según la asambleísta Passailaigue.

Por esto, una de las iniciativas más importantes de esta ley es elevar el decreto que establece la entrega de estos bonos a una ley.

Estos son algunas de las propuestas más importantes sobre la protección de niños, niñas y adolescentes que han quedado en la orfandad:

  • Creación de un registro institucional de hijas e hijos de víctimas de femicidios a cargo del MIES para realizar un seguimiento de entrega de bonos por orfandad y otros derechos. 
  • Otorgar información a los familiares de las víctimas de femicidio sobre los bonos de orfandad, así como los pasos a seguir para recibirlo.
  • Generar becas de educación básica, superior, técnica y tecnológica para hijos e hijas de las víctimas.
  • Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a cambio de apellido, en caso de que así lo deseen.

Otras propuestas de reparación de la ley

Otros artículos del proyecto de ley proponen:

  • Entregar a los familiares información sobre el Fondo de Auxilio Inmediato, al que pueden acceder los familiares para servicios funerarios, traslados o movilizaciones de la víctima.
  • Crear el Fondo de Contención y Atención Prioritaria, que se financiará con recursos de la cooperación internacional, el aporte de personas naturales y jurídicas privadas. Este se utilizará para por ejemplo para el cumplimiento de indemnizaciones, incluidas en las sentencias, en caso de que el femicida se declare insolvente.
  • Notificar oficialmente sobre los femicidios a las organizaciones de la sociedad civil que prestan su contingente, para generar vínculo directo entre ellas y las familias de las víctimas.
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Koryna Herrera
Periodista colaboradora de GK. Cubre temas de medioambiente.
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