La reforma tributaria empezó a ser puesta a prueba. Hoy se presentó un proyecto de ley para derogarla. La ley fue aprobada por el ministerio de la ley (es decir, porque la Asamblea no se pronunció en el plazo que tenía para hacerlo: 30 días en el caso de los proyectos calificados como “económico urgentes”). En esos casos, dice la Constitución del Ecuador, es posible presentar una propuesta de ley para que sea derogada. 

La propuesta ya fue presentada en la Asamblea Nacional. Un sello da fe de su recepción. Marca las 15:23 como la hora exacta del 30 de noviembre de 2021 como el momento en que el legislativo ecuatoriano la recibió y le asignó un número de trámite: 412.874. 

El proyecto de ley está firmado por tres asambleístas del movimiento Pachakutik, una de las mayores fuerzas políticas que componen la Asamblea ecuatoriana. Bertha Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita firman, con 15 otros legisladores, la propuesta para derogar la reforma tributaria. “Esta ley es producto de un acuerdo político y no lo que la sociedad necesita”, le dijo Sánchez a GK. “Esta es una ley muy nefasta, que es un duro golpe para la clase media por la carga impositiva que está incluida en ella”, agregó la asambleísta de Pachakutik.

Este es el trámite que deberá seguir:

La Constitución ordena que las leyes derogatorias de proyectos que hayan pasado por el ministerio de la ley, se haga siguiendo el trámite legislativo ordinario. Esto quiere decir que, a diferencia de los proyectos de carácter económico urgente, no tiene un plazo perentorio para ser tratadas. “Calculamos que si se cumple con los procedimientos, estaría entre 45 y 60 días para conocimiento del pleno”, explicó Sánchez a GK. 

El proceso de aprobación de una ley por el trámite ordinario tiene 10 pasos. En él intervienen tanto la Asamblea como el Ejecutivo —en este caso, representado por Guillermo Lasso. El presidente de la República puede vetar los proyectos de ley. Si su veto —técnicamente llamada objeción— es total,  dice la Constitución, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. 

Transcurrido ese año, la Asamblea podrá ratificar la ley vetada en un solo debate. Para  hacerlo necesitará que voten a favor del proyecto las dos terceras partes de sus miembros —es decir, 92 asambleístas. Si se aprueba, el legislativo debe enviar la ley aprobada directamente al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia. 

Otros caminos contemplados por sus detractores para derogar la ley

Es previsible que el presidente Lasso, cuando reciba esta ley, la objete completamente. Consultada sobre esa posibilidad, que haría que la derogatoria no entre en vigencia en por lo menos 14 meses, Sánchez dijo que había otros mecanismos. 

Su bancada prepara ya una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria. Sánchez dijo que esa acción se presentaría en una o dos semanas. La otra forma de derogarla sería con presiones sociales. “Detrás del bloque Pachakutik tenemos movimientos sociales muy fuertes que estamos en la misma línea”, dijo Sánchez a GK. “Unos peleando desde el espacio legislativo, la Asamblea, otros peleando desde el espacio social, las calles”, dijo Sánchez. La mañana de hoy, 30 de noviembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que es la organización social con mayores vínculos con Pachakutik, dijo que desde enero de 2022 tomará medidas de hecho “progresivas”. En el comunicado de la confederación, sus dirigentes dijeron que recurrirían a procesos de revocatoria de mandato contra los asambleístas de Pachakutik que no sigan los lineamientos de sus mandantes. 

Así fue la polémica forma en que se aprobó la reforma tributaria

El viernes 26 de noviembre de 2021, 48 horas antes de que venciera el plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno, la ley pasó por el ministerio de la ley. 

La Asamblea Nacional trató el proyecto esa tarde y noche y negó tres mociones sobre la propuesta: 

1. No aprobó un informe de mayoría hecho por la Comisión de Desarrollo Económico, 
2. Tampoco aprobó un informe de minoría que contenía un texto alternativo para ley, y,
3. Tampoco aprobó la moción para negarla y archivarla. Esto sucedió gracias a la abstención de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), que no votó por el archivo. 

Después de esa votación, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que ya habían sido tratadas todas las mociones presentadas para ese segundo debate y clausuró la sesión pasadas las 7:30 de la noche del 26 de noviembre. Sin un pronunciamiento concreto de la Asamblea, la propuesta entraría en vigencia de forma automática. 

“En un proceso de aprobación  de ley económica urgente hay 3 opciones: aprobarlo (no pasó no hubo votos), archivarlo (tampoco pasó), dejarlo sin pronunciamiento. Al dejarlo sin pronunciamiento entra en vigencia por ministerio de la ley”, dijo a GK el abogado constitucionalista Esteban Ron. “El proyecto de ley de urgencia en materia económica entrará en vigencia por el ministerio de la ley, es decir tal cual lo presentó el presidente Lasso. Ni el informe de mayoría, ni el de minoría ni la moción de archivo fueron aprobados”, dijo el abogado Andrés Ortiz Herbener. De ser así, el texto íntegro —tal y como se presentó en la Asamblea— entraría en vigencia automáticamente, tal como lo establece la legislación para los proyectos económicos de carácter urgente. 

La abstención de UNES fue duramente criticada por sus propios militantes y otros sectores políticos. Fueron acusados de pactar con el gobierno de Guillermo Lasso. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, a cambio de abstenerse, UNES habría conseguido beneficios penitenciarios para varios ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa que cumplen condenas por corrupción. 

Los asambleístas de la coalición correísta negaron vehemente que haya habido algún tipo de acuerdo con el régimen. Sin embargo, sus explicaciones de por qué se abstuvieron no satisficieron a analistas ni a la mayoría de los ciudadanos que las escucharon.