El reclamo de las comunidades  de la cuenca del río Dulcepamba, de la provincia andina de Bolívar, en contra de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo ha dado sus frutos. Tras más de una década de enfrentamientos contra la empresa, el 11 de febrero de 2022, la Corte Provincial de Tungurahua aceptó un recurso de apelación con el que revocó la aceptación de una acción de protección a favor de la empresa Hidrotambo. Los pobladores de estas comunidades acusan a Hidrotambo —una compañía ecuatoriana— de desviar el caudal del río Dulcepamba para avanzar con la construcción del proyecto hidroeléctrico San José de Tambo.

La decisión de la Corte Provincial obliga a Hidrotambo a rediseñar parte del proyecto para proteger a la comunidad de San Pablo de Amalí que está cerca de la cuenca del río y que, según estudios, es vulnerables a inundaciones y erosiones. 

Aunque las comunidades aledañas a Dulcepamba han celebrado el fallo y aseguran que es histórico, la empresa aún puede presentar una acción extraordinaria de protección —que es el último recurso que tienen las acciones constitucionales. Por eso, la sentencia aún no está en firme. La Corte Constitucional es quien decide si se acepta o no este recurso.

¿De qué se trata el caso?

En 2002, durante la presidencia de Gustavo Noboa, la Corporación para la Investigación Energética (CIE) presentó el proyecto hidroeléctrico San José de Tambo. El proyecto contemplaba usar el caudal del río Dulcepamba, del cantón Chillanes, al sur de la provincia andina de Bolívar, para la generación de energía. La empresa a cargo del proyecto fue Hidrotambo S.A. 

En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica. Y un año después, empezó su construcción. Pero San Pablo de Amalí y otras comunidades se opusieron a la construcción y hubo enfrentamientos entre los habitantes y los trabajadores de la empresa. Según la organización de derechos humanos Inredh, el conflicto causó 42 procesos penales contra los comuneros. 

Debido a los conflictos entre los habitantes de la cuenca de Dulcepamba, el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo estuvo suspendido durante casi cuatro años, entre 2008 y los primeros meses de 2012.

A pesar de la resistencia de los comuneros, en 2013 se reanudó la construcción de la hidroeléctrica. Según informes técnicos de la extinta Secretaría del Agua (Senagua), hubo fallas técnicas con la obra. El avance de la construcción causó que el cauce del río se desviara cerca de 100 metros hacia la comunidad San Pablo Amalí. 

Según Inredh, el río se desvió tanto que la comunidad quedó a tan solo 20 metros del afluente. La crecida y desbordamiento del río ha causado catástrofes en la comunidad. Por ejemplo, en marzo de 2015, el río se desbordó, supuestamente, por las intensas lluvias. 

El río destruyó doce casas de la comunidad San Pablo Amalí y causó la muerte de tres personas. Dos años después, la Universidad de California Davis en Estados Unidos, publicó un análisis hidrológico del río Dulcepamba y concluyó que el desbordamiento del río no se dio por las lluvias, sino por las estructuras del proyecto hidroeléctrico. 

En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso e hizo un llamado al Estado para que tomara “acciones inmediatas para precautelar la integridad y la vida de los habitantes de San Pablo de Amalí”. 

En octubre de 2019, la ahora extinta Secretaría del Agua (Senagua) —que se anexó al Ministerio de Ambiente en 2020— emitió una resolución administrativa para proteger el río y las comunidades a su alrededor. La resolución ordenaba a Hidrotambo:

• Rediseñar la obra y reconstruirla en un plazo de dos años. 
• No usar el agua en la cuenca del río Dulcepamba en la época seca y reservarla para uso prioritario de las comunidades y de las especies que habitan en el río.
• Aumentar el caudal ecológico que se tiene que dejar en el río. Esto significa que debe haber una cantidad mínima de metros cúbicos por segundo en el río para que la vida sea posible en un ecosistema acuático. Si no hay suficiente caudal, se pone en riesgo a las especies que habitan en el ecosistema y a la disponibilidad del agua. 

Según la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Hidrotambo no cumplió con lo ordenado en la resolución.

En 2021, Hidrotambo presentó una acción de protección contra la resolución de la Senagua. El recurso  fue aceptado y la resolución quedó sin efecto. Sin embargo, la comunidad junto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica apelaron y el 11 de febrero de 2022, la Corte Provincial de Tungurahua falló a favor de los comuneros. El fallo dejó sin efecto la acción de protección a favor de Hidrotambo y volvió a validar la resolución de la Senagua para la protección del río. 

¿Qué es el proyecto hidroeléctrico San José de Tambo?

El proyecto hidroeléctrico San José de Tambo es una central hidroeléctrica manejada por la empresa Hidrotambo S.A. El objetivo es convertirse en una nueva fuente de energía eléctrica. El proyecto está compuesto por  un sistema de captación de agua, dos infraestructuras con turbinas generadoras de electricidad y un sistema de conducción de 3 kilómetros que conduce agua fuera del río en tuberías y canales.

En su sitio web, la empresa dice que el proyecto conserva un caudal ecológico y no altera la flora y fauna de la zona. La empresa no ha dicho cómo el proyecto afecta a las comunidades aledañas a Dulcepamba.