A las 10:16 de la mañana de hoy, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, anunció que había firmado 21 convenios con centros de atención y casas de acogida.  

Estos acuerdos son para asegurar los fondos para que los 21 centros no tengan que interrumpir su atención a víctimas de violencia de género entre enero y marzo de 2022.

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Estos acuerdos son para asegurar los fondos para que los 21 centros no tengan que interrumpir su atención a víctimas de violencia de género entre enero y marzo de 2022.

Pero hasta las 4:30 de la tarde de hoy, ninguna de las 5 casas había terminado el trámite. Según Lita Martínez, coordinadora de la Red Nacional de Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres, de los 17 centros hasta el momento han firmado solo 4.

Las reacciones de las casas de acogida

“No hemos firmado todavía el convenio. En cierta forma me molesta la comunicación de que ya firmaron con los 21 centros y casas porque no es cierto”, se queja Mayra Aguilar, coordinadora de la Casa Hogar Nazaret, ubicada en Guayaquil. Esta es una de las cinco casas de acogida que desde 2008 reciben fondos del Estado. 

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En su caso, dice Mayra Aguilar, el banco todavía no les gestiona la póliza. “Estamos trabadas con eso porque no hemos enviado la póliza a la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Espero tener el documento el lunes y poder firmar”, detalla. 

La póliza —que certifica el buen uso de los fondos que la fundación va a recibir— es uno de los documentos habilitantes para firmar el convenio. Los otros dos son el RUC y el nombramiento del representante legal de la organización o fundación. 

“Lo que tienen es un borrador del convenio”, explica Geraldine Guerra, coordinadora de la Red de Casas de Acogida. Y explica que cada una de las administradoras está en diferentes etapas del trámite. 

Para sacar la póliza, dice Guerra, el banco o aseguradora les pide como requisito el convenio con la institución (en este caso la Secretaría de Derechos Humanos), pero recién el martes 4 de enero, por la noche, les dieron una carta oficial que, a algunas, les permitió hacer el trámite.

La Casa María Amor, en Cuenca, tampoco ha firmado el convenio. La coordinadora de esta casa, Blanca Pacheco, dice que está “bastante preocupada”. 

“Desde la oficina zonal de la Secretaría me dijeron que no puedo mandar el documento con firma electrónica, como entiendo que lo han hecho otras”, se queja. Pacheco ya entregó los requisitos para el convenio y estaba convencida que hoy era la firma pero hasta las 4 de la tarde de hoy, no le había llegado a su oficina el papel físico que debía firmar. 

“Me preocupa porque si me envían el documento hoy más tarde, recién estará mañana. Significa que no estaría firmando con fecha 7, e implica menos recursos”, dice Pacheco.

Casa Paula, ubicada en El Coca —en la provincia amazónica de Orellana— tampoco ha firmado el convenio. Nancy Pastuña, administradora de esta casa de acogida, dice que recién ayer a las 5:40 de la tarde le mandaron el borrador del convenio y con ese borrador la aseguradora les debe dar la póliza. “El trámite suele durar uno o dos días en la aseguradora, así que ya firmaremos la próxima semana”, agrega.

Casa Amiga, en Lago Agrio, tampoco ha firmado. Su coordinadora, Amparo Peñaherrera, dice que no va a suscribir ese convenio transitorio para el primer trimestre, ni participará en el concurso que se abrirá para fondos en 2022. “Nuestra propuesta es abrirnos de la Secretaría porque no hay garantía de un trato…no queremos ser socias porque nos parece demasiado injusta esta relación de subordinación”, dice. 

Peñaherrera está molesta porque dice que Ordóñez habla de aumento de presupuesto pero para ella, las condiciones en las que trabajan las casas y los centros son “terribles”. “Los sueldos de las facilitadoras que trabajan ahí son míseros, de 700 dólares, cuando hacen el trabajo más pesado, con horarios extendidos”, detalla. 

Guerra, coordinadora de la Red, confirmó que la quinta casa de acogida, Casa Matilde —ubicada en Quito— tampoco ha firmado el convenio aún. 

Los problemas con las casas y centros

A finales de diciembre del año pasado, Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos, en una videollamada, les dijo a las administradoras de los 21 centros y casas que se abriría un concurso “amplio, participativo, y transparente” para 2022. 

Ordóñez dijo que la Secretaría busca que todas las organizaciones de asistencia a víctimas de violencia interesadas participen, y no solo las 5 casas y 17 centros.

La decisión causó rechazó de las administradoras de estos espacios porque creen que para este año no tienen garantizados los fondos estatales para seguir operando —como lo han hecho desde 2008. La falta de certezas pone en riesgo la atención a las mujeres que acuden a estos espacios.

Los fondos estatales representan entre el 40 y el 60% del presupuesto de estos centros y casas, y atienden todos los días. 

En un diálogo con medios de comunicación, el 5 de febrero, Ordóñez dijo que para este año hay 2,17 millones de dólares, que pronto sacarán la nueva convocatoria con un nuevo reglamento, y que todas las casas y centros estaban invitados a participar. Explicó que en años anteriores, los 21 centros y casas habían recibido una invitación directa para participar, y eso es observable por la Contraloría. 

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. Escribe sobre derechos de las niñas y de las mujeres, minorías y medioambiente. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo en la categoría Cobertura, y también fue finalista de los premios de Online News Association. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora en SembraMedia para medios independientes de América Latina.