“Existe riesgo procesal y peligro inminente de fuga”, dijo Luigi García, abogado de la familia de Naomi Arcentales, sobre Juan Carlos Izquierdo. En una rueda de prensa hoy, 29 de diciembre, el abogado García, acompañado de Sara Sabando, la madre de Naomi —la mujer de 23 años que apareció muerta en un hotel en Manta, y cuya muerte no ha sido esclarecida— dijo que él y sus clientes aspiran que mañana “cuando existan mayores elementos el señor (no) abandone el país”. 

La rueda de prensa se dio la mañana de hoy, casi 12 horas después de que la Policía Nacional anunciara que la detención de Izquierdo la tarde de ayer en Manabí, se había producido por una boleta de detención falsa.

Desde hace tres semanas la familia de Arcentales vive el viacrucis de conocer la verdadera causa de la muerte; ellos sospechan que Izquierdo —un fiscal de Manabí, actualmente suspendido, quien era la pareja de Naomi—, la asesinó, ya que existen pruebas de que la maltrataba física y psicológicamente. 

García también dijo que la Fiscalía debe asegurar la comparecencia de Izquierdo, el principal sospechoso del proceso. 

El abogado también explicó que la defensa de Juan Carlos Izquierdo ha obstaculizado el proceso y que  se “rehúsa a que versionen los testigos”, por lo que falta que comparezcan tres testigos que serían clave para el proceso. Ellos son:

• El conserje del Hotel Poseidón, donde encontraron el cuerpo de Naomi Arcentales sin vida
• El hermano de Juan Carlos Izquierdo
• El mejor amigo de Juan Carlos Izquierdo

Según el abogado García, estas personas tendrían información sobre lo que sucedió con Naomi Arcentales porque “estuvieron ese día en el lugar de los hechos”. 

Hasta el momento ya han testificado ante la Fiscalía entre siete y ocho personas que ha presentado la defensa de la familia de Naomi Arcentales. Hoy rindió su versión “una testigo presencial del hecho”, dijo García, pero no dio más detalles. 

Evidencias del caso

Luigi García explicó durante la rueda de prensa que los videos de las cámaras de seguridad del Hotel Poseidón son parte de las pericias que ha solicitado la Fiscalía.  Aclaró que, hasta el momento, el hotel ya entregó toda la información requerida. “Ahora son los peritos los que están haciendo las pericias de audio y video, de cotejamiento de voces y de identidad humana”, dijo García. 

Además, mencionó que también se han solicitado pericias de explotación de teléfonos y equipos electrónicos para extraer información. El abogado explicó que todas estas pruebas sumarían 16 diligencias en la etapa de investigación previa. Estas, dijo, servirán como elementos de convicción para que la Fiscalía pueda sustentar su pedido de formulación de cargos y en “esa audiencia solicitar la medidas  cautelares”, para que el principal sospechoso no se dé a la fuga. 

El abogado dijo que hasta el momento no existe formalmente una solicitud de Fiscalía para que un juez competente ordene la detención de Izquierdo. Pero que la defensa técnica de la familia Arcentales está haciendo notar a la Fiscalía “que existen suficientes elementos de convicción y que debe garantizar con una medida cautelar la comparecencia a juicio”. Además, García dijo  que el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal dice que se dictarán medidas de protección  y medidas cautelares cuando se pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación o se pueda destruir los elementos probatorios. 

¿Qué más ha pedido la defensa de la familia Arcentales?

Luigi García dijo que ha solicitado a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que “nos dé audiencia porque insistimos porque el proceso investigativo tiene que ser trasladado a la capital de la República” —actualmente está en la provincia de Guayas— para mantener la “transparencia y objetividad de esta investigación”. Según el abogado, Izquierdo mantiene relaciones sociales y deportivas en la provincia del Guayas y por ende podría influir en la investigación del caso.

Sobre la detención de Izquierdo

El abogado dijo que la boleta de detención de Juan Carlos Izquierdo haya sido falsa es una falta respeto a la memoria de Naomi Arcentales. Además mencionó que no es posible que el sistema informático de la Policía Nacional tenga un acceso tan frágil y más cuando se trata de una institución que está obligada a “guardar el orden”.

García se quejó: “¿Cuántas personas sentenciadas, delincuentes y prófugos de la justicia hoy pueden acceder  al sistema de la Policía y eliminar un registro o una orden de prisión para los fines legales pertinentes?”.