El mismo día en que vence el estado de excepción en las cárceles del Ecuador, una persona falleció en medio de las alertas de amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral, una de las prisiones más conflictivas del país. Un agente de seguridad del centro carcelario lo confirmó a GK a las once y media de la mañana de este martes 28 de diciembre de 2021. Hasta las doce del día, se conoce que los presos están quemando colchones en el interior de la cárcel. Los hechos fueron corroborados por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pasada la una de la tarde de hoy. 

La ministra Vela informó que el asesinato se produjo en horas de las mañana, sin embargo, no dio mayores detalles. Afirmó que la muerte será investigada, mientras en el interior de la prisión, los presos quemaban colchones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dijo a GK que la Policía Nacional ingresó a las áreas de mínima y mediana seguridad para “precautelar  el orden y la seguridad” de los presos. En esa cárcel se han registrado las cuatro masacres carcelarias documentadas durante este año. 

Las alertas se confirmaron cuando el personal policial y militares evacuaron a las mujeres que estaban ingresando a la cárcel para las visitas conyugales. En esa prisión cumplen sus condenas Adolfo Macías, alias Fito, y Junior Roldán, alias JR, los hombres que intentan centralizar el liderazgo en las 37 cárceles. El SNAI informó que las visitas familiares ya fueron restablecidas, luego de la incursión de los policías. 

Ayer, 27 de diciembre, hubo un incidente entre los presos y personal policial. Unidades tácticas de la Policía Nacional ingresaron al Centro de Detención Provisional (CDP) de la Penitenciaría del Litoral, donde están los miembros de la banda delictiva Los Lagartos, pues se registró un enfrentamiento entre los servidores policiales y los presos. Luego, se realizó un operativo de requisa en el que se decomisaron cerca de 10 armas —entre ellas, varias subametralladoras de largo alcance. 

Además, un agente de seguridad del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria fue detenido durante la diligencia. Él tenía en su poder más de trescientos dólares, cuyo ingreso es prohibido según el Código Orgánico Integral Penal,  y no pudo explicar por qué. Fue llevado a la Fiscalía y ahora podría enfrentar una pena máxima de tres años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. 

Un breve recuento de la crisis carcelaria

Las alertas reportadas esta mañana se suman a la extensa lista de hechos violentos en las cárceles del Ecuador en 2021, el peor año para el sistema penitenciario local. 

Desde febrero de este año han muerto en las cárceles del país más de 320 personas. El 23 de ese mes, hubo al menos 79 personas en cuatro motines coordinados en cuatro distintas cárceles del Ecuador. Desde entonces, la violencia no ha cesado. El más brutal de los enfrentamientos se dio en septiembre pasado, cuando cerca de 120 personas murieron en sangrientos y brutales enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. El más reciente enfrentamiento se dio entre el 12 y 13 de noviembre de 2021.    

El Estado ha sido incapaz de detener la violencia, que tiene como una de sus principales causas la disputa por el control de los centros penitenciarios por parte de peligrosas bandas del crimen organizado. Pero hay otros factores que suman al descontrol y que son estructurales —entre ellos: la falta de presupuesto para sostener un verdadero sistema de rehabilitación, la falta de una política integral, el abuso de la prisión de preventiva (aupada por la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, el COIP, en 2014), y el abandono y marginalización de la sociedad a las personas presas. 

Hoy, 28 de diciembre, se cumplen los 90 días del más reciente estado de excepción dictado por el Presidente de la República para intentar capear la crisis —una medida que se tomó también en el gobierno de Lenín Moreno,  que no ha dado resultados. El gobierno creó una comisión de pacificación como parte de su estrategia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIH) visitó al país para conocer la crisis de las cárceles, pero no pudo ingresar a la Penitenciaría del Litoral por motivos de seguridad.