Yaku Pérez y Leonidas Iza, denunciados por presuntos daños a bienes patrimoniales

El abogado Andrés Castillo Maldonado presentó una denuncia contra Yaku Pérez, fundador del movimiento político Somos Agua, y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por presunta destrucción de bienes del patrimonio cultural. 

Ese delito se castiga con una pena de uno a tres años de prisión en una cárcel ecuatoriana, contemplada en el Código Orgánico Integral Penal. 

El abogado Castillo presentó la denuncia el 28 de octubre de 2021 para que los procesen, pues, según él, ellos son responsables de la remoción y destrucción de las piedras patrimoniales que fueron removidas de la Plaza Santo Domingo, en el centro histórico quiteño, el 26 de octubre último durante la primera jornada de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso. Pero no es la primera vez que Castillo realiza una denuncia de esta naturaleza.

En octubre de 2020, denunció a Iza por lo que la intervención del monumento de la reina Isabel La Católica, que fue manchado con pintura roja después de una marcha el 12 de octubre de ese año. 

Ese día se conmemora la polémica fecha de la llegada de los españoles a América. Para unos, él así llamado Descubrimiento de América constituye el encuentro de dos mundos, mientras que para otros, es el comienzo de un violento proceso colonizador. 

Lo cierto es que la llegada de los españoles a América constituyó no solo la llegada del cristianismo y el sistema feudal al continente, entonces dominado por la fuerza de las culturas inca y azteca en diferentes latitudes, sino también de las devastadoras enfermedades virales que en pocos año declinaron las poblaciones nativas. 

Desde hace décadas, los pueblos originarios americanos denuncian el día como el comienzo de su subyugación, que ha tenido repercusiones históricas en su acceso a salud, educación y oportunidades económicas y sociales. La acción contra el monumento de la Reina que financió el viaje de Colón a América era una forma de protesta contra ese legado histórico. Para Castillo, era un daño a los bienes de la ciudad. 

Ahora, ha vuelto a señalar a los líderes indígenas por daños a bienes coloniales. “Estoy indignado, estoy molesto, por aquellos que creen que vienen a reivindicar posturas políticas pueden darse la licencia que quieran para hacer con nuestra ciudad lo que quieran”, dijo Castillo en un video publicado en sus redes sociales. Según él, después del paro de octubre de 2019, hay que “activar las instituciones” contra quienes dañen la capital. 

Castillo no ha dicho qué pruebas presentará sobre la participación de los líderes indígenas en los hechos denunciados. 

El 26 de octubre, la “movilización progresiva” convocada por la Conaie y que aglutinó a varias organizaciones sociales, llegó a su clímax a las cuatro de la tarde. A esa hora, la protesta salió desde la Caja del Seguro, a la entrada del centro histórico de Quito. Los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza de la Independencia, donde está el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, pero no lograron porque la zona estaba cercada con vallas. Entonces se dirigieron a la Plaza de Santo Domingo. 

Las manifestaciones fueron, en su gran mayoría, pacíficas. Cientos de personas estuvieron en la plaza, marchando y ondeando banderas. Entre ellas, las azules que identifican al movimiento  Somos Agua, fundado por Yaku Pérez. Profesores, mujeres y trabajadores también recorrieron las calles con carteles y consignas contra el precio de los combustibles. 

Un grupo de manifestantes encapuchados sí recurrió a la violencia. Sacó las piedras del suelo y las rompió para lanzarlas contra la fuerza pública, que repelió en varios momentos a los manifestantes con bombas lacrimógenas para despejar la zona. Varios de las personas que protestaban contaron que hubo policías que los ayudaron a salir de la zona, que, en ese momento, estaba cubierta de humo y gas. 

Horas más tarde, la ministra Alexandra Vela dijo, desde el Palacio de Carondelet, que un grupo de militantes del movimiento guevarista fue el responsable de esos incidentes y que había detenidos de esa organización. Sin embargo, un día después, el 27 de octubre, la Juventud Guevarista descartó la detención de sus miembros, se desmarcó de los incidentes y dijo que han sido perseguidos durante dos años. 

El Municipio de Quito anunció que denunció  a dos personas por el daño a los bienes patrimoniales, aunque no reveló la identidad de los señalados. 

Leonidas Iza, en cambio, no estuvo en la marcha de Quito. Por la noche, ese mismo 26 de octubre, se pronunció desde Cotopaxi. Allí dijo que el movimiento indígena continuará con las protestas, que serán retomadas el 4 de noviembre próximo, y afirmó que el consenso entre las bases fue movilizarse de forma activa, pero pacífica. Ese día, la Conaie resolvió no ceder e hizo una lista de exigencias:

• Liberar de manera inmediata a las personas detenidas por la fuerza pública de “manera arbitraria, injusta y violenta”. 
• Reparación integral para las personas que han sido atacadas y heridas durante la movilización por la “represión policial y militar” iniciada por la fuerza pública.
• Que haya un segundo día de movilización, el 27 de octubre, y resistencia a escala nacional, ejerciendo el derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución. 
• Convocatoria a “toda nuestra estructura” en las tres regiones, además de sectores sociales y organizaciones a escala nacional a sumarse contra “políticas neoliberales y políticas impuestas por el gobierno nacional”. 
• Ratificar la propuesta al gobierno nacional para que se congele el precio de los combustibles en las siguientes cifras: el galón de diésel a 1,50 dólar y el galón de la gasolina a 2,10. 
• Ratificar el estado de excepción en territorios indígenas, rechazo a la presencia de militares y policías que ingresan a sus territorios.
• Rechazar lo que llamó el amedrentamiento, estigmatización e intimidación “direccionado por el gobierno nacional que ha instalado una estrategia perversa de división del movimiento indígena”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció una abusos por parte de la Policía Nacional. Hubo varios manifestantes que fueron golpeados e impactados con perdigones, además de detenciones arbitrarias. También hubo miembros de la fuerza pública heridos. Luis Hernández, ministro de Defensa, dijo que cinco efectivos fueron lastimados durante las manifestaciones. Al menos ocho periodistas fueron agredidos por policías y manifestantes. Uno murió cuando cayó de un auto mientras cubría la protesta.