El proceso penal por delincuencia organizada que enfrentó el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, y otras cinco personas ha sido uno de los más mediáticos durante el 2021. En el más reciente evento del caso, un juez resolvió que la Fiscalía no pudo probar la participación de los Bucaram en el caso.
El 4 de octubre, el juez Giovanny Freire sobreseyó a padre, hijo, Verónica Araujo y Bryan Pérez y llamó solamente a tres personas a juicio: el israelí Oren Sheinman, la ciudadana de origen peruano Orietta Marengo, pareja de Sheinman, y al exagente de tránsito metropolitano de Quito, Leandro Berrones. Un día después, la Fiscalía anunció que apeló a la decisión en un libelo escrito.
Los Bucaram y las otras siete personas eran investigadas por presunta delincuencia organizada, que se habría articulado para la negociación de 21 mil pruebas rápidas de diagnóstico de covid-19, entre marzo y junio de 2020. En aquellos meses, el país vivía una profunda emergencia sanitaria causada por el coronavirus con los picos de contagios.
Durante la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio, que se reinstaló la tarde del 4 de octubre, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la fiscal a cargo del caso presentó lo que consideraba más de 40 elementos de convicción para fundamentar su dictamen acusatorio. El juez Freire debía analizarlos para decidir si llamaba a juicio a los involucrados.
El juez Freire no acogió la teoría fiscal sobre los Bucaram. Además, ordenó una medida alternativa a la prisión preventiva para el exagente Leandron Berrones, quien deberá usar grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
La investigación, sin embargo, ha estado marcada por una retahíla de inconvenientes. En junio de 2021, por ejemplo, la jueza Verónica Medina declaró la nulidad del proceso y ordenó que regrese a la etapa de investigación previa. Sin embargo, poco más de un mes después, el 26 de julio, se instaló la audiencia de apelación de la decisión de la jueza que había presentado la Fiscalía. El resultado: la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la nulidad y el proceso continuó.
Medina fue sancionada por el Consejo de la Judicatura, con la suspensión temporal de su cargo, tras esa decisión. Además, por un recurso interpuesto por Jacobo Bucaram, la Corte Nacional de Justicia falló en contra de Medina y la sentenció a indemnizar y pedir disculpas públicas a Jacobo Bucaram por, supuestamente, haber afectado su trabajo y planes de vida mientras estaba detenido, aunque no fue Medina quien ordenó su detención. En GK entrevistas, la jueza dijo que se sentía “amenazada por todos lados”.
¿Cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía?
De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, las irregularidades investigadas se habrían cometido principalmente entre marzo y junio de 2020, pero se habrían extendido hasta el mes de octubre. Para la institución, lo hicieron para “dar legitimidad a sus acciones”.
Durante esos ochos meses, de acuerdo con la Fiscalía, se consolidó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
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La Fiscalía sostuvo que los agentes metropolitanos Samuel Solís, Cléver Armijos, Leandro Berrones, se habrían encargado de dar seguridad a Oren Sheinman y Shy Dahan para concretar el traslado de las pruebas rápidas de covid-19 hacia Guayaquil. Dahan, quien también respondía al nombre de Sheiman Tomer, fue asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, La red ilícita habría extendido sus actividades a las provincias de Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. La Fiscalía dice que eso generó delitos contra “el régimen económico de desarrollo y la fe pública”.
Los exagentes Solís y Armijos se acogieron a procedimiento abreviado, una forma de enjuiciamiento en que los investigados reciben una pena inferior a cambio de admitir su participación en el delito. La jueza penal de Pichincha, María Elena Lara, los sentenció, el 15 de abril de 2021, a cinco años de prisión, además del pago de 15 salarios básicos unificados, es decir, 6 mil dólares.
