La audiencia de juicio contra el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras trece personas, fue suspendida la tarde de hoy, jueves 30 de septiembre. La Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter que el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a cargo del caso suspendió la audiencia porque hubo un “incidente” por el orden en el que intervendrán los testigos de la Fiscalía.
¿Qué sucedió?
La Fiscalía General del Estado no dio mayores detalles sobre el “incidente” que provocó que la audiencia se suspendiera. Sin embargo, la abogada María Dolores Miño, defensora de Linda Guamán, una de las acusadas, dijo que en un principio el fiscal a cargo del caso, anunció que eran 187 los testigos que presentaría. Pero hoy en la tarde, según Miño, el fiscal presentó una nueva lista en la que solo constaban 75 personas y pidió que se cambiara el orden en el que comparecerán. Según Miño, la Fiscalía no dijo por qué se quería cambiar el orden ni dio mayores explicaciones de su solicitud.
La abogada Miño dijo a GK que aunque no hay una ley que diga que no se puede alterar el orden de las comparecencias y la lista de los testigos, hacerlo afecta todo el proceso de defensa. Miño dijo que los abogados de todos los procesados han elaborado su defensa en base al orden en el que se iban a presentar los testigos en un inicio, por lo que cambiar el orden implicaría que los abogados tengan que cambiar de nuevo toda su defensa.
Miño, dijo en su cuenta de Twitter que Wilson Lema, presidente del Tribunal que lleva el caso, consideró que la petición de la Fiscalía de cambiar el orden de los testigos afectaría el derecho a la defensa de los 14 procesados y ordenó que el orden se mantuviera. Según Miño, el orden en el que comparecerían los testigos se definió el 13 de agosto de 2021.
Miño dijo también que la audiencia se suspendió con el objetivo de garantizar el derecho de defensa de todas las partes.
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El segundo día de audiencia, resumido
Antes de suspenderse la audiencia, la mañana de hoy, la Fiscalía presentó el testimonio de otro testigo protegido de la Fiscalía.
El testigo que fue identificado como M.A.G.G., un investigador de la Universidad de las Américas (UDLA) y director científico de proyectos relacionados con el covid-19. Según la Fiscalía, el testigo hizo informes sobre la valoración de las pruebas de covid-19 que pretendía usar el Municipio.
En su testimonio, el investigador dijo que se hizo un “estudio de desempeño clínico y análisis de sensibilidad” de las pruebas de covid-19. Este estudio tenía el objetivo de determinar los valores de la carga viral y qué porcentaje de detección del covid-19 tiene la técnica LAMP, que se quería usar.
Para hacer el estudio y los respectivos análisis, la Secretaría de Salud del Municipio Quito le entregó al investigador kits de la prueba con los reactivos necesarios para el diagnóstico del covid-19. La Fiscalía dijo que tras haber hecho los estudios, el testigo, hizo tres informes sobre el desempeño de la técnica. Dos de ellos, dice la Fiscalía, se entregaron a la Secretaría de Salud.
Según la Fiscalía, el testigo dijo que los kits del Municipio tenían “menos del 70% de sensibilidad”, es decir, no eran lo suficientemente efectivas para detectar el covid-19. Además, el testigo habría contado que el kit del Municipio “no tenía registro sanitario, ni autorización para ser usado en Corea (el país donde se hizo), ni autorización de la FDA”.
Sin embargo, la defensa de Linda Guamán dice que Guamán, quien en ese entonces era coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, dice que no es cierto. Miño asegura que el registro sanitario de las pruebas fue otorgado en febrero de 2020 por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y se registró como “Pruebas PCR”. Además, dice que las pruebas sí tienen la aprobación coreana, y que no tiene una aprobación de la FDA porque no la necesitan si no se van a usar en Estados Unidos.
Además, Miño contó que Guamán se enteró, “por medio del fabricante, que el científico de esa universidad no siguió el procedimiento de validación con materiales y proporciones adecuadas”. Por eso, explica la abogada, el informe del investigador dice que el resultado era de menor sensibilidad.
Según Miño, existen chats entre Guamán y el investigador de la UDLA que demuestran que ella pide que se haga una nueva validación de las pruebas usando los parámetros adecuados.
¿De qué se trata el caso?
El 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó el Municipio de Quito, su Secretaría de Salud, el departamento del entonces secretario Lenin Mantilla y otros dos inmuebles. Los allanamientos se hicieron después de que un reportaje de Teleamazonas denunciara presuntas irregularidades en la compra pruebas para detectar covid-19.
Meses después, en noviembre de 2020, un juez le dictó prisión preventiva a Mantilla, por su presunta participación en el delito de peculado. También se vinculó a otras cinco personas a la investigación.
El 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito otra vez. Según la Fiscalía, el allanamiento se hizo porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado” documentos en los que se probaría que hubo irregularidades en la adquisición de las pruebas de covid-19. En febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Ximena Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios. Ahora, son 14 los vinculados al proceso.
Tras la suspensión, la audiencia se reanudará mañana, 1 de octubre, a las 9 de la mañana. Hasta ahora, en la audiencia de juicio, solo se han presentado dos pruebas que son testimonios de dos testigos protegidos. Ayer, compareció una testigo protegida que forma parte del laboratorios de investigaciones de la Universidad de las Américas (UDLA).