La Fiscalía General del Estado anunció que continúa presentando pruebas este 4 de octubre de 2021, durante el cuarto día de audiencia de juzgamiento contra Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y otras 13 personas por el presunto delito de peculado, en la polémica adquisición de 100 mil pruebas para la detección de covid-19. La compra fue realizada por la Secretaría de Salud de Quito en 2020, cuando en el país la ola de contagios del coronavirus mantenía en emergencia sanitaria a la ciudad.
La audiencia de juzgamiento avanza, aunque hasta el mediodía, aún no se conocían mayores detalles. Antes del inicio de la diligencia, la científica Linda Guamán, quien es una de las acusadas en el caso, dijo en GK Entrevistas que este caso está politizado y que preferiría “irme presa a la cárcel, que mentir”.
La científica especializada en microbiología es una de las 14 personas procesadas en este caso. La Fiscalía apunta al exalcalde Yunda, removido del Municipio el 29 de septiembre último luego de que la Corte Constitucional fallara a favor de Santiago Guarderas, a Lenín Mantilla, quien era secretario de Salud, y a Juan Vinelli, gerente y representante de la empresa proveedora de las pruebas Salumed S.A. Las otras 10 personas —de acuerdo con Fiscalía— habrían facilitado y aportado a que aquella adquisición se concrete.
¿Qué pasó en los tres primeros días del juicio?
El primer día de la audiencia de juzgamiento contra el exalcalde Yunda se instaló el 29 de septiembre último. Durante la diligencia, una testigo protegida habló sobre cómo se habría ejecutado la compra de las pruebas de detección de covid-19. La testigo, presentada como integrante del laboratorio de investigaciones de la Universidad de las Américas (UDLA), contó que a finales de marzo de 2020, el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, le llamó para pedirle que le ayudara a escoger pruebas de diagnóstico de covid-19. Además, le habría pedido también que asesorara a Lenin Mantilla. Dijo, además, que un día después de la llamada de Yunda, el exsecretario Mantilla le preguntó, a través de otra llamada, los “aspectos técnicos de la pandemia”.
La testigo relató que el Municipio le habría enviado insertos de diferentes kits de detección de covid-19. Según tu testimonio, ella respondió que no estaba en capacidad de hacer esos exámenes, por lo que Mantilla le pidió que los contactara con un experto genético para que los analizara. La Fiscalía dijo el 29 de septiembre en su cuenta de Twitter que el 31 de marzo, el experto envió sus recomendaciones por correo electrónico y dijo que el protocolo LAMP —una técnica de hisopado para detectar el covid-19— que se pretendía usar en el Municipio no cumplía con el IDD —una certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) que aprueba los ingredientes que tienen los medicamentos o, en este caso, las pruebas para detectar covid-19.
En junio de 2020, según la Fiscalía, la científica Linda Guamán, quien en ese entonces era coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, se habría acercado a la UDLA para pedir que se validara el kit de LAMP. Según la Fiscalía, Guamán habría insistido en la validación y “por cortesía profesional” se aprobó el kit, tal como lo pedía el Municipio. Sin embargo, Guamán niega categóricamente esos “acercamientos” y dijo que no mentirá en contra de los otros 13 procesados, porque “no hay delito”.
El segundo día de audiencia, instalada el 30 de septiembre, en cambio, fue suspendida. La Fiscalía no dio mayores detalles sobre el “incidente” que provocó que se suspendiera. Sin embargo, la abogada María Dolores Miño, defensora de Linda Guamán, dijo que en un principio el fiscal a cargo del caso, anunció que eran 187 los testigos que presentaría. Aquel día, por la tarde, según Miño, el fiscal presentó una nueva lista en la que solo constaban 75 personas y pidió que se cambiara el orden en el que comparecerían.
Durante el tercer día de audiencia, que se instaló el pasado 1 de octubre, el exalcalde Yunda afirmó que “con la verdad y con la ciencia en la mano” se desmontaría las acusaciones de la Fiscalía, que lo acusa de la compra de las pruebas PCR para diagnosticar el virus, aunque finalmente se recibió test de diagnóstico RT LAMP, que tiene una efectividad de detección del 70%.
¿Cuál es la génesis del caso?
El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, liderada por Lenín Mantilla, compró 100 mil pruebas PCR a la empresa Salumed S.A. Pero no fue hasta que Teleamazonas evidenció, a través de un reportaje amplio, sobre presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición que empezó la investigación penal. Según la Fiscalía, la Secretaría habría adjudicado el contrato “a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos en el marco de la emergencia sanitaria”. Un mes después, el 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó el Municipio de Quito, la Secretaría de Salud, el departamento del entonces secretario Lenin Mantilla y otros dos inmuebles. En los allanamientos se incautaron computadores, documentos, memorias portátiles y otros indicios para su investigación.
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En noviembre de 2020, un juez le dictó prisión preventiva a Mantilla por su presunta participación en el proceso penal abierto por peculado. Asimismo, se vinculó a otras cinco personas a la investigación.
El 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito otra vez. Según la Fiscalía, el allanamiento se hizo porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado” documentos en los que se probaría que hubo irregularidades en la adquisición de las pruebas de covid-19. Un mes después, en febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Ximena Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios.
¿Quiénes son los 14 procesados?
- Lenin Mantilla, exsecretario de Salud de Quito, acusado como autor directo.
- Alejandro Vinelli, representante de la empresa Saludmed S.A., acusado como autor directo.
- Jorge Yunda está acusado como autor mediato.
- Ximena Abarca, secretaria de Salud de Quito, acusada como coautora.
- Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la secretaría de Salud, acusada como coautora.
- Daisy Hidalgo, administradora del contrato, acusada como coautora.
- Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, acusada como coautora.
- Erick Andrade, coordinador jurídico de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Marco Rubi, coordinador jurídico, acusado como coautor.
- Simón Valencia, responsable del laboratorio UMS-SS, acusado como coautor.
- Persona identificada como Enrique Bucheli, director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría, acusado como coautor.
- Iván Manzano, responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud, acusado de coautor.
- José Morales, responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud, también acusado como coautor.
